«Consagrar una memoria proscribiendo las demás viola la libertad de conciencia»

Pese a su juventud, Roberto Villa García está removiendo la Historigrafía española; y además consigue hacerlo combinando los altos estándares académicos —es Profesor Titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos— con la publicación de libros que acaban en bestsellers. Su Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, escrito con Manuel Álvarez Tardío, ha subvertido los enfoques de la Segunda República, un tema donde parecía imposible añadir nada novedoso. Acaba de lograr el mismo efecto con 1917. El Estado catalán y el Soviet Español. En este caso, analiza los diferentes actores que se aliaron para derrocar la monarquía parlamentaria de la Restauración. Como uno de los máximos conocedores de los momentos políticos más convulsos del siglo XX español, en El Debate hemos buscado su opinión sobre la nueva Ley de Memoria que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

–¿Cuál fue el nivel de adhesión, a lo largo del siglo XX, de PSOE, PCE, UGT, CNT y los distintos partidos nacionalistas al modelo al modelo de democracia liberal, constitucional y representativa?

–Hasta la Transición a la democracia de los años setenta del pasado siglo, ni siquiera puede hablarse de adhesión en sentido estricto; en el sentido de haber asimilado los valores e ideales de la democracia Liberal. 

–Vayamos por partes. Primero, socialistas moderados y nacionalistas.

–En el caso de los socialistas y los nacionalistas, y sólo si nos referimos a sus sectores más gradualistas, la democracia era una fase previa, instrumental, a la meta final del monopolio total del poder, que excluía cualquier noción pluralista, de competencia y alternancia en el gobierno. 

La democracia era una fase previa, instrumental, a la meta final del monopolio total del poder

–¿Y el resto: comunistas, anarquistas, el PSOE y los nacionalistas de corte más maximalista, etc.?

–Si hablamos de los comunistas, los anarcosindicalistas o de los sectores históricamente maximalistas del PSOE y los nacionalistas, todos ellos ni siquiera otorgaban a la democracia ese valor instrumental. 

Era, por el contrario, un obstáculo que había que allanar por todos los medios posibles para implantar de inmediato su modelo de sociedad privativo. 

Por tanto, la identificación de estas fuerzas como motores de la democratización de España, tal y como se enuncia en el preámbulo y el articulado de la Ley de Memoria, es contrario a lo que desde hace mucho tiempo conocemos los historiadores.

–Usted, en un reciente artículo suyo escrito para el número de octubre de la revista Cuadernos de Pensamiento Político, cita a Tzvetan Todorov cuando el pensador franco-búlgaro recuerda que lo consustancial a la vida en democracia es el derecho de los ciudadanos «a saber y, por tanto, de conocer y dar a conocer su propia historia». ¿Imponer una Memoria con los mecanismos coercitivos del Estado es compatible con la democracia liberal? 

–Conviene recordar que vivimos en democracia porque su finalidad última es la preservación de la libertad individual y civil de cada uno de nosotros. Esto requiere salvaguardar nuestro microclima pluralista y un supuesto previo de tolerancia, que implica necesariamente respetar el derecho de los demás a formular opiniones distintas de las nuestras. Cualquier uso de las instituciones que vaya contra estos principios es inherentemente antidemocrático.

–Por otra parte, la memoria, por definición, es ante todo individual y subjetiva. 

–Y, por tanto, en una sociedad libre, la memoria es necesariamente plural. No hay dos individuos con memorias iguales. Por eso, el intento de consagrar una memoria proscribiendo las demás viola la libertad de conciencia. 

Tan grave como esto es el intento, además, de imponer una memoria colectivizada contraria a la Historia, que es un saber, una ciencia, que alude a conocimientos contrastables y, por tanto, objetivables, y no ya a imágenes y recuerdos subjetivos. La Memoria sustituye las certezas que tenemos sobre nuestra Historia del siglo XX, todo lo complejas y sujetas a discusión que se quieran, por falsedades de partido, y encima consagradas por ley.

La Memoria sustituye las certezas que tenemos sobre nuestra Historia del siglo XX, todo lo complejas y sujetas a discusión que se quieran, por falsedades de partido, y encima consagradas por ley

–Los partidos de izquierda y nacionalistas han acordado unirse para constreñir la Historiografía en los márgenes de lo que ellos llaman Memoria. ¿La Historia es un área igual de prioritaria entre los políticos del centro y la derecha?

–Si no se hubiera planteado el problema de la Memoria, es decir, de la imposición oficial de un relato de partido, lo normal es que la política no interfiera en el ámbito científico. Pero como el Memorialismo es precisamente la mediatización de la ciencia por la política, la misión fundamental de los partidos de la oposición que se definen liberales o liberal-conservadores, no es huir del debate, sino desenmascarar desde el conocimiento histórico las falsedades del relato que pretende imponerse, impugnar cualquier intento de hacerlo obligatorio y, desde luego, defender todas aquellas condiciones que hacen posible la libre investigación y la libre discusión científicas. 

La Historia no es propiedad del Estado, sino de toda la sociedad, y así debe seguir. En cuanto a la memoria, es de cada uno de nosotros, forma parte de nuestra identidad individual, y tampoco debe sernos hurtada por quienes gobiernan.

La Historia no es propiedad del Estado, sino de toda la sociedad, y así debe seguir

–Desde su perspectiva académica, ¿considera usted que esta Ley de Memoria recoge en su marco histórico hechos como la entente de Stalin con Hitler que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el reparto y ocupación de Polonia entre la URSS y la Alemania Nazi, la anexión soviética de las repúblicas bálticas, su agresión a Finlandia y Rumania o que la URSS implantara su modelo totalitario en toda la Europa oriental que ocupó militarmente tras la guerra?

–La Ley de Memoria pretende hacernos comulgar con el absurdo antihistórico de que la Guerra Civil española fue un anticipo de la Segunda Guerra Mundial, de que existe una línea de continuidad entre ambos conflictos y una correspondencia total entre los bandos que se enfrentaron en cada una de esas guerras, de modo que el llamado bando republicano de nuestra Guerra Civil equivaldría al de los aliados que derrotaron en 1945 a Hitler, y que la Unión Soviética liberó, como sí lo hicieron realmente norteamericanos y británicos, a la Europa del Este. 

La Ley de Memoria pretende hacernos comulgar con el absurdo antihistórico de que la Guerra Civil española fue un anticipo de la Segunda Guerra Mundial, de que existe una línea de continuidad entre ambos conflictos y una correspondencia total entre los bandos que se enfrentaron en cada una de esas guerras

–¿Es esta la primera vez que se intenta una mitificación así?

–Este es un nuevo intento, viejísimo ya por cierto, de disimular el pasado antidemocrático de gran parte de nuestra izquierda en general, y el totalitarismo comunista en particular, tras el señuelo de la «lucha antifascista». 

Eso explica que esta Ley de Memoria no sólo se vuelva amnésica con los acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1941, sino también con los de la Guerra Fría, de 1945 en adelante.

Este es un nuevo intento, viejísimo ya por cierto, de disimular el pasado antidemocrático de gran parte de nuestra izquierda en general, y el totalitarismo comunista en particular, tras el señuelo de la «lucha antifascista»

–La reciente resolución del Parlamento Europeo del 23 de marzo de 2021, que condena el totalitarismo comunista en las mismas condiciones que el nazi, no parece haber tenido la debida repercusión en las Cortes españolas, que se han negado a adherirse a dicha resolución. ¿Cómo valora usted este hecho?

–Confirma que tras el constructo de la Memoria no hay más que un relato partidista que pretende legitimar determinadas causas políticas del presente, falseando el pasado. En este caso, no hay más que la aspiración de instituir una narración oficial que identifique la democracia con la izquierda y el nacionalismo y, más grave aún, imponerlo usando no sólo los recursos públicos, sino hasta los resortes coercitivos del Estado contra los discrepantes. 

Tras el constructo de la Memoria no hay más que un relato partidista que pretende legitimar determinadas causas políticas del presente, falseando el pasado

Y como la Memoria no tiene nada que ver con la Historia, puede inventarse que en España el comunismo fue un impulsor histórico de los principios y valores de la Constitución de 1978. 

En todo caso, lo sucedido en las Cortes también muestra que cuando determinadas resoluciones de las instituciones internacionales no se amoldan a las tesis del memorialismo, los partidarios de la Memoria las desprecian sin mayor problema.

–En el caso de España, podríamos recordar ejemplos unitivos como los comuneros, la Girona de Galdós en sus Episodios Nacionales o el Fuero Juzgo. ¿Resulta imprescindible poner siempre el foco en asuntos cainitas?

–Los únicos que tienen la cualidad de recordar son los individuos. El recuerdo está ligado a nuestra memoria personal y, por tanto, carecemos de la facultad de recordar aquellos acontecimientos que no hemos vivido. Otra cosa es que el poder público decida homenajear determinados acontecimientos del pasado que sirvan para fortalecer la comunidad política o los principios y valores constitucionales y democráticos. 

Como historiador, a mí no me parece mal, siempre que el homenaje no falsee el pasado y que lo que se pretenda homenajear continúe sujeto a una discusión libre. 

En cuanto al cainismo de la Memoria, es inevitable en tanto que es instrumento al servicio de unas causas políticas de tendencias monopolistas, que pretende deslegitimar al adversario político para expulsarlo del campo de juego democrático. No hay que sorprenderse.

–La Transición trató de encarnar ese «proyecto sugestivo de vida en común» del que hablan José Ortega y Julián Marías. Las actuales Leyes de Memoria, ¿impulsan la Transición con un nuevo proyecto de vida en común o nos retrotraen a los enfrentamientos de hace 90 años?

–Por de pronto, es muy significativo que el pacto fundacional de la Transición no aparezca en la ley, siendo su modelo originario transaccional lo que explica la relativa estabilidad y duración de nuestra democracia actual; esa a la que supuestamente la Memoria pretende servir. Tampoco aparece la Corona, impulsora de la reforma política que nos convirtió en un pueblo libre. 

Muy por el contrario, la ley de Memoria establece que la Transición es equiparable a la Dictadura de Franco, que no terminaría hasta el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978. Por contraste, la ley reivindica exclusivamente a las fuerzas políticas vinculadas al llamado «bando republicano» de la Guerra Civil o a las organizaciones antifranquistas como adalides de la recuperación de la democracia, con independencia de los proyectos ideológicos que defendieran y de los métodos que emplearan. 

Resucita una vieja interpretación de la Historia de España, basada en una lucha intemporal de las fuerzas de la luz y las tinieblas, de una izquierda democrática siempre preocupada por liberarnos contra una derecha antidemocrática, siempre al quite de oprimirnos

En realidad, resucita una vieja y bastante simplona interpretación de la Historia de España, basada en una especie de lucha intemporal de las fuerzas de la luz y las tinieblas, de una izquierda democrática siempre preocupada por liberarnos contra una derecha antidemocrática, siempre al quite de oprimirnos. Este tipo de interpretaciones antihistóricas resucitan disputas sectarias propias, ciertamente, de los años treinta del pasado siglo.