Los 378 crímenes de ETA que siguen sin resolver y sin culpables condenados

Cuando se cumplen diez años desde que la banda terrorista ETA dejase oficialmente de matar, dos de sus víctimas más visibles Irene Villa y su madre, María Jesús González, han declarado que «no tiene nada que ver el perdón con la Justicia». Y sus palabras cobran un valor especial tras las recientes declaraciones del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, sobre el terrorismo de ETA que «nunca debió haberse producido» y su compromiso para «tratar de mitigar» el dolor de las víctimas «en la medida de lo posible». Lejos de haberse hecho Justicia son muchos los casos que, tras la disolución de ETA, han quedado sin resolver, impunes. Por ello, la Fundación de Víctimas del Terrorismo constituyó, en 2011, una Comisión especializada en las causas pendientes y encargó un informe sobre la situación de los más de 376 crímenes de los que, hasta hoy, no han podido conocerse las identidades de los autores ni intelectuales, ni materiales, ni repararse el daño causado. 

Julián Embid

El policía nacional Julián Embid (Sabiñán, Zaragoza) tenía 53 años cuando fue asesinado por ETA en el municipio navarro de Sangüesa donde trabajaba junto a su compañero Bonifacio Martín en una unidad móvil administrativa de renovación del DNI. No eran altos mandos ni tenían mayor responsabilidad que la de facilitar ciertos trámites administrativos a los vecinos de la zona. Pero, el 30 de mayo de 2003, la banda terrorista les segó la vida con una bomba lapa adosada a los bajos de su coche patrulla, a plena luz del día, y dejando a sus mujeres viudas (la de Martín ya fallecida, nunca llegó a conocer la identidad de los asesinos de su marido) y huérfanos a sus hijos pequeños.

En el mismo atentado, perpetrado con un artefacto que contenía más de tres kilos de Titadine resultaron, también gravemente heridos el agente Ramón Rodríguez Fernández, de 44 años, y el empleado de Telefónica Carlos Gallo Vilches, de 37.

Aunque durante un tiempo, al hilo de los documentos intervenidos por Francia a ETA, desde 1999, las investigaciones de la Guardia Civil centraron las sospechas sobre la autoría del atentado en el comando Navarra, dirigido por el etarra Mikel ‘Ata’ Carrera Sarobe, no ha podido demostrarse. Pasados 18 años, el último atentado de la banda armada en Navarra sigue sin resolverse y sólo quedan dos para que prescriba un delito por el que todavía nadie ha sido juzgado.

Juan Carlos Beiro

La situación es algo mejor para la familia del guardia civil asesinado por ETA en Leiza (Navarra), en septiembre de 2002, que ha visto cómo al límite de la prescripción de la causa, hay cuatro terroristas procesados por este asesinato. 

Juan Carlos Beiro recibió junto con otros compañeros el aviso de un cartel, aparentemente inocuo, situado en la calle en el que se leía en vasco: «Gora ETA. GC jota bertan hil» («Viva ETA. GC muere aquí») sobre el anagrama de la banda terrorista y una diana sobre un tricornio en el centro de la ilustración.

Sin embargo, se trataba de una trampa mortal para atraer a los agentes antes de que los terroristas encargados del atentado accionasen una bomba situada en un contenedor cercano, localizado junto a la calzada de la NA-1320, entre los municipios de Leiza y Berástegui. El artefacto mató al cabo de la Benemérita, de 32 años y padre de dos mellizos de 6, y dejó heridos a varios de sus compañeros que no olvidan lo ocurrido. 

Luis María Uriarte 

Luis María Uriarte salió de su domicilio el 29 de septiembre de 1979, a las 7.45 horas, en su coche. Se dirigía a Lemona (Vizcaya) donde, tras abandonar la alcaldía de Bedia, se había reincorporado a su trabajo como encargado del Garaje Ugarte, taller especializado en la reparación de camiones. 

Ese día llegó temprano, aparcó su coche frente a la puerta y se quedó en el interior leyendo el periódico mientras hacía tiempo antes de iniciar su jornada laboral. Dos terroristas de ETA se acercaron al vehículo por detrás y le descerrajaron dos tiros. Luego, antes de huir, una ráfaga con todo el cargador del subfusil empleado en el atentado. Tenía 56 años, estaba casado y era padre de 3 hijos. 

Lo más sangrante es que, en el caso de Uriarte, el juzgado de Mondragón encargado del caso expurgó el expediente y ya no existe ni rastro de la instrucción de la causa que quedará para siempre sin esclarecer. No es el único ejemplo. Desde el año 2013 varios historiadores han venido denunciando, sistemáticamente, como siete causas relativas a nueve víctimas mortales de ETA han sido destruidas. En la misma situación, la documentación del crimen del periodista José María Portell, asesinado por la banda terrorista en el año 1978, y cuyo dossier se eliminó en octubre de 2008.

Tres gallegos desaparecidos en 1973

El 24 de marzo del año 1973, tres amigos gallegos y residentes en Irún, José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, viajaron a Francia, a través de la frontera, para ir a Biarritz a ver la película 'El último tango en París', que entonces estaba prohibida en España por el régimen franquista.

Tras la proyección, los tres jóvenes acudieron a una discoteca en la que un grupo de etarras los confundió con policías españoles, los secuestró, los torturó y los asesinó. Nunca se detuvo a los autores del macabro crimen y jamás han aparecido los cuerpos de los jóvenes cuyo paradero la banda terrorista esconde desde 1973. 

José María Ryan Estrada

ETA se cruzó en el camino de José María Ryan Estrada un 29 de enero de 1981 en plena campaña política contra la construcción de la central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya. A la salida de su trabajo, un comando raptó al ingeniero jefe de la planta que se convirtió, sin saberlo, en el desgraciado predecesor de lo que le ocurriría a Miguel Ángel Blanco años después. Ryan fue el primer secuestro para el que la banda terrorista fijó una fecha de «ejecución». La banda terrorista forzó un ultimátum al Gobierno para que derribara la instalación en una semana o asesinaría al ingeniero. ETA cumplió su amenaza y acabó con su vida el 6 de febrero. 

Los terroristas le dispararon a bocajarro y dejaron el cadáver, descuartizado, abandonado en un camino forestal próximo a la localidad vizcaína de Zaratamo. El caso prescribió sin que se haya juzgado a sus verdugos. 

Junto a Ryan fueron asesinados por la misma causa su sucesor en el cargo, el también ingeniero Ángel Pascual, a quien acribillaron a balazos en presencia de su hijo pequeño, cuando la construcción se encontraba en suspenso, y otros tres trabajadores de la central: en 1978 colocaron una bomba en el reactor y asesinaron a los operarios Andrés Guerra y Alberto Negro. Sólo un año después un artefacto escondido en la zona de las turbinas de uno de los reactores mató a Ángel Baños.

Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada

Ambos fueron los últimos asesinados de ETA en España, el verano de 2009. Dos guardias civiles de 27 y 28 años, vestidos de paisano, que se subieron a su coche patrulla, un Nissan Patrol de dotación, sobre las 14:00 de aquel caluroso y fatídico 30 de julio, en el que una bomba lapa adosada a los bajos del chasis detonó sin ni siquiera arrancar el vehículo,  les costó la vida frente a la comandancia de Palmanova, en Calviá, Mallorca. El turismo quedó destruido y los cuerpos de los agentes destrozados.

Diego Salvá era agente en prácticas de la Guardia Civil. Se reincorporó a su puesto de trabajo un día antes de lo que debía, tras una larga baja laboral por un accidente de tráfico. Le acompañaba, aquella mañana, su tutor Carlos Sáenz de Tejada. 

El asesinato sigue sin esclarecerse. Sus familias luchan porque se identifique a los terroristas y se les procese antes de que el crimen prescriba, dentro de ocho años.

Hoy en día son varios los etarras fugados de la Justicia española, en paradero desconocido, que tienen cuentas pendientes por crímenes perpetrados en nombre de ETA: José Ignacio de Juana Chaos, Arnatz Arambarri Echániz, José Luis Eciolaza Galán alias 'Dientepunto', Eneko Aguirresarobe Olagoy, Oier Eguidazu Bernas y David Urdin Pérez.