Foro Libertad y Alternativa se querella contra Belarra por «calumnias» al Supremo

Los intelectuales han dicho basta. Los ataques proferidos por la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, contra el Supremo y sus magistrados, han provocado una contundente reacción desde Foro Libertad y Alternativa (L&A) que se ha querellado contra Belarra tras sus «calumnias» sobre el Alto Tribunal en redes sociales. La Comisión Jurídica de la fundación ha tomado esta iniciativa legal para que la ministra, y actual secretaria general de Podemos, responda por cuestionar la sentencia condenatoria del Supremo contra su compañero, el diputado Alberto Rodríguez, y la consiguiente retirada del escaño por decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Una crisis institucional que se ha saldado con la salida de Rodríguez de la política y que ha dejado tocada a la propia Batet, contra quien Podemos ya ha anunciado que tomará medidas judiciales. 

En un comunicado emitido este sábado por la Fundación Libertad y Alternativa, al que ha tenido acceso El Debate, los integrantes de la misma han sostenido que la «acusación» de Belarra «excede ampliamente el derecho a la libertad de expresión y es presuntamente constitutiva de un delito de calumnias contra las autoridades del Estado y contra el propio Tribunal Supremo». Por ello, están dispuestos «a llegar hasta el final»  y depurar las eventuales responsabilidades penales derivadas de las declaraciones de la ministra. 

A diferencia de los delitos contra el honor de los particulares, que requieren querella del ofendido, «en el caso de autoridades pueden ser perseguidos de oficio y, por tanto, se constituyen en delito público perseguible por querella o denuncia de la acusación popular», han explicado. 

A su juicio, la formación morada viene «atacando» sistemáticamente a los órganos constitucionales –Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y a la Monarquía «entre otros», como parte de una estrategia para «erosionar las instituciones». No en vano, en las últimas horas se ha producido tal nivel de reacciones en apoyo a Alberto Rodríguez de sus compañeros de filas –Jaume Asens o Pablo Echenique, entre ellos– que el Consejo General del Poder Judicial se veía obligado a pronunciarse en defensa de los magistrados y de su trabajo. 

Desde Foro Libertad y Alternativa han denunciado que las declaraciones de la ministra no son un hecho ni inocuo ni aislado sino que forman parte de una «actuación conjunta» por parte de Unidas Podemos con el objetivo de «debilitar los controles previstos al poder político para alterar el sistema democrático liberal y dirigirlo hacia el colectivismo estatalista».

Además, según se desprende del comunicado, la permanencia en el ministerio de Belarra y la de Unidas Podemos como socio del Gobierno de Pedro Sánchez «es insostenible». Y señalan, en último término, a los socialistas que, de «mantenerse esta situación en la que desde el propio Ejecutivo se ataca a los otros poderes e Instituciones del Estado» serían «responsables tanto el Presidente Pedro Sánchez como el Partido Socialista del daño irreparable que se está causando y del galopante deterioro institucional que sufrimos». 

«La situación actual, con un Gobierno desde el que abiertamente se ataca al resto de los poderes e Instituciones del Estado y medios no afectos, sostenido por los herederos de los terroristas y por quienes quieren la liquidación de la Nación española, no se puede prolongar más», concluye el texto. «Los ciudadanos no lo podemos tolerar», añade. 

El Supremo, «impecable»

Foro Libertad y Alternativa ha destacado la actuación judicial del Tribunal Supremo y la ha calificado de «impecable». «Se ha limitado a aplicar la Ley y una consolidada jurisprudencia en la apreciación de la prueba y en la ejecución de las sentencias», han subrayado desde la entidad que preside Alejo Vidal-Quadras y en la que se integran profesionales de todos los ámbitos, incluidos juristas, de toda España. 

«Instamos al Gobierno a adoptar, cuanto antes, medidas para hacer frente a este indisimulado y persistente ataque a la legitimidad del sistema y a frenar el galopante deterioro institucional que sufrimos», concluye el comunicado.