Anticorrupción deriva a la Fiscalía del Supremo una denuncia contra Robles al no tener competencia

Fuentes judiciales han confirmado a El Debate que pese al «escaso recorrido de las acusaciones», el fiscal jefe contra la corrupción ha remitido la documentación recibida al Alto Tribunal como un mero trámite, al no ser competente

el jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha remitido a sus compañeros del Tribunal Supremo la documentación recibida junto con una denuncia presentada contra la ministra Margarita Robles por unos presuntos depósitos bancarios de la socialista en la Isla de Man. Fuentes judiciales han confirmado a El Debate que pese al «escaso recorrido de las acusaciones» vertidas contra Robles el pasado 10 de mayo –y abocadas «al archivo»– «corresponde a la Fiscalía del Alto Tribunal» tomar una futura y eventual decisión de archivo ya que la titular de Defensa es aforada.

Según la denuncia dirigida a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), por Alberto Royuela y Fernando Presencia Crespo -como representante y presidente respectivamente de ACODAP, Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública– la ministra de Defensa, Margarita Robles, sería «poseedora de cuentas opacas en paraísos fiscales» con fondos supuestamente «procedentes de actos ilícitos».

Ahora, el fiscal jefe anticorrupción ha dispuesto, en un escrito al que ha tenido acceso El Debate, «remitir al Tribunal Supremo la documentación aportada en la que se denuncia el pago y depósitos bancarios de cantidades» relativos a la ministra, dado que no es competencia de su área la investigación de los presuntos delitos que pudieran afectar a cargos aforados.

Una denuncia en la que los miembros de ACODAP –cuyo presidente es el exmagistrado Juez Decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia– hacen referencia a la presunta apertura de hasta doce depósitos de 25.000 euros cada uno de ellos y otros doce más, a razón de 30.000 euros, entre los meses de enero y diciembre de 2003, vinculados a una oficina del banco Irish Nationwide, localizada en la Isla de Man.

Sendos denunciantes aseguraron haber «recibido información tributaria comprometedora de Margarita Robles» que «a todas luces proviene de actividades delictivas, aportando justificantes de movimientos bancarios». Fuentes judiciales han apuntado a El Debate la escasa entidad de dicha información y de las acusaciones vertidas.

No en vano, según los apuntes «todos los ingresos en forma de depósito» obedecieron «a las cuotas fijas establecidas por su intervención en 'asuntos tramitados en la Audiencia Nacional' y en 'asuntos tramitados en el Tribunal Supremo'», tribunales, ambos, de los que Robles fue magistrada.