Malestar en el Supremo con la inacción de Delgado tras los ataques de Podemos

La crisis desatada por Podemos después de que Alberto Rodríguez perdiese su escaño, tras ser condenado en el Supremo por patear a un policía en 2014, ha dejado importantes secuelas institucionales. Lo que comenzó como una afrenta de la Mesa del Congreso hacia el Alto Tribunal, al negarse a cumplir la ejecución de una sentencia que provocaba la pérdida del escaño para Rodríguez, ha culminado con un aciago ataque de Podemos con la ministra Ione Belarra en cabeza que «debería ser investigada de oficio» por el Ministerio Público. Así lo han apuntado a El Debate fuentes próximas al Supremo tras conocerse que el Departamento que dirige Dolores Delgado no iniciará acciones legales contra Belarra, por sus polémicas declaraciones, aunque admite su predisposición a impulsar cualquier querella presentada contra ella por este motivo. 

Las mismas fuentes confirman, además, la capacidad legal de la Fiscalía para actuar en un caso en el que las declaraciones de Belarra podrían ser consideradas «delito de calumnia con publicidad» dirigida contra autoridades. Pues, aunque las calumnias se enmarcan en el grupo de delitos contra el Honor, en los que corresponde a la persona ofendida su denuncia, la ley habilita a la Fiscalía a actuar de oficio cuando el comportamiento presuntamente delictivo se dirige contra alguna de las Instituciones del Estado.  

Pese a la tradicional discreción de los magistrados del Alto Tribunal que, por costumbre, tratan de no tachar de «criminal cualquier polémica» y de no interferir en las funciones de otras instituciones como es, en este caso, la Fiscalía General del Estado, en el seno del Supremo no han ocultado su malestar con la inacción de su titular en este asunto. En especial cuando este lunes, tras debatirlo en Junta, los fiscales de Sala de la Sección Penal del Supremo han coincidido mayoritariamente en que el tuit de la ministra de Derechos Sociales contiene elementos con indicios claros de delito. 

«Al menos», han lamentado, «un toque de atención, unas declaraciones, un lo estamos estudiando» o algún gesto de la institución que tiene entre sus funciones la de velar por la independencia de los Tribunales y procurar, ante ellos, la satisfacción del interés social. 

No en vano, el artículo 124 de la Constitución Española establece que «el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social». 

Entre tanto, la fundación Foro Libertad y Alternativa anunciaba el pasado fin de semana la presentación de una querella contra Ione Belarra, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma agraviada por la ministra de Podemos, por un delito de calumnias que, en caso de prosperar, enfrentaría a la secretaria general de la formación morada a una pena de hasta dos años de prisión. 

Falta de unanimidad en el CGPJ

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostró su «absoluto y rotundo rechazo» al mensaje publicado en redes sociales por la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atacando al Alto Tribunal que, según sus declaraciones condenó al ya exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, «a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño».

«El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», añadía Belarra, atribuyendo la comisión de un delito a sus magistrados. 

La afirmación que, según el comunicado emitido desde la Comisión Permanente del Consejo excedió «absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión», suscitó, al mismo tiempo, «una sospecha inaceptable respecto del proceder del más Alto Tribunal de la Nación». 

Sin embargo, fuentes próximas a la Comisión del CGPJ han calificado de «inédito» el hecho de que dicho comunicado «no fuese unánime». En una «cuestión nuclear», como es la defensa de la independencia del Poder Judicial, no hubo  consenso absoluto entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Mientras el presidente del órgano y del propio Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya votaron a favor del contenido del texto. Los también vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda lo hicieron en contra.