El TC desarma al Gobierno al anular en cascada las ilegalidades que cometió en pandemia

El Tribunal Constitucional ha terminado de demoler la endeble arquitectura jurídica que levantó el Gobierno durante la pandemia al declarar inconstitucional también el segundo estado de alarma.

Esta vez el Ejecutivo no ha estado tan beligerante en su respuesta como cuando el TC tumbó el primer estado de alarma. Entonces una recién nombrada ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció de urgencia en La Moncloa para replicar el fallo y poner de manifiesto la división dentro de la Sala.

Llop fue de nuevo la encargada de responder a los magistrados, con parecidos argumentos a los que empleó en julio pero distinto tono y sin la solemnidad de la sala de prensa del palacio presidencial.

«El Gobierno respeta, el Gobierno acata, pero el Gobierno no comparte la resolución del Tribunal Constitucional», sostuvo Llop en declaraciones a los periodistas. La ministra defendió el derecho del Ejecutivo a «discrepar respetuosamente», cuando en julio lo que hizo fue poner de manifiesto la división de los magistrados.

La respuesta del Gobierno ha sido más comedida que en julio

«El Gobierno actuó en todo momento para salvar la vida y para salvar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas», destacó la ministra este miércoles.

En los últimos meses el Tribunal Constitucional ha sido un martillo percutor contra las decisiones adoptadas por el presidente y su Consejo de Ministros en pandemia, hasta dejarlo desarmado. Aunque el presidente haya hecho caso omiso a todos y cada uno de los pronunciamientos. Este miércoles Vox, que fue el que presentó el recurso contra el segundo estado de alarma, instó nuevamente al presidente a dimitir.

En mayo el Constitucional anuló y declaró inconstitucional el decreto ley que permitió a Pablo Iglesias y a Iván Redondo, entonces vicepresidente segundo y jefe de Gabinete de Sánchez, la entrada en Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. La del CNI.

Los magistrados afearon al Ejecutivo que empleara una fórmula, la del real decreto ley, que la Constitución limita a los casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Y éste no lo era.

En julio el Pleno del Constitucional le dio a Sánchez el gran disgusto al tirar abajo el primer estado de alarma con el argumento de que el Gobierno debió recurrir a un estado de excepción para suspender un derecho fundamental como lo es la libertad de circulación. Porque el confinamiento fue eso, una suspensión y no una limitación, según el criterio de la mayoría de magistrados del TC.

A principios de octubre el máximo intérprete de la Carta Magna declaró inconstitucional el cerrojazo que sufrió el Congreso durante el primer estado de alarma. Anuló, por tanto, el acuerdo de la Mesa del Congreso del 19 de marzo de 2020 que suspendió plazos de iniciativas en tramitación. Consideró que fueron vulnerados los derechos de los diputados.

El TC consideró también ilegal el cerrojazo al Congreso durante el primer estado de alarma

«En la declaración del estado de alarma, el ejercicio del derecho de participación política de los diputados debe estar, en todo caso, garantizado y, de modo especial, la función de controlar y, en su caso, exigir al Gobierno la responsabilidad política a que hubiere lugar», subrayaba la sentencia.

El martes, en otro orden de cosas, el TC declaró nulo el impuesto de plusvalía municipal, que cada año proporciona a las arcas de los ayuntamientos españoles 2.500 millones de euros. Los magistrados consideraron que el método para calcular la base imponible es injusto, puesto que presupone que ha habido un aumento del valor de los terrenos aunque realmente no lo haya habido. O incluso haya disminuido.

Al Ministerio de Hacienda le pilló a contrapié, y no será porque no estuviera avisado antes por el Tribunal Supremo. El departamento que dirige María Jesús Montero salió al paso afirmando que ya trabaja en una reforma legal que garantice «la constitucionalidad del tributo». Es decir, Hacienda está cosiendo un traje a medida del impuesto para que los ayuntamientos puedan seguir cobrándolo.

Y este miércoles la puntilla vino del segundo estado de alarma, que según un Constitucional dividido (la votación fue seis a cuatro) cercenó el control parlamentario al Gobierno y delegó en las comunidades autónomas unas competencias que no podía (la famosa cogobernanza).

Pero es que para el Gobierno esto no ha terminado. La Ley de Educación que Sánchez aprobó en pleno estado de alarma –la Ley Celaá– está recurrida en el Constitucional por el PP y Vox, entre otras cosas por vulnerar la libre elección de centro educativo de los padres. 

También fue aprobada en mitad de la pandemia la Ley de Eutanasia, que se encuentra asimismo recurrida en el TC.