El Gobierno no logra cerrar el caso Gali: el juez interroga a los número dos de Calvo y Marlaska

El Gobierno no logra dar esquinazo a la investigación penal que el juez instructor Rafael Lasala mantiene abierta sobre la presunta entrada ilegal de Brahim Gali en España. Pese a los denostados esfuerzos de la Abogacía del Estado, el magistrado que rastrea dos presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación tras la llegada del jefe del Frente Polisario a nuestro país, para ser tratado por un cuadro de coronavirus severo en un hospital riojano, no está dispuesto a cerrar el caso en falso.  El juez ya rechazó que la entrada del activista saharaui fuese el resultado de una interpretación errónea del Tratado Schengen, que garantiza el control de las fronteras de los países miembros de la Unión Europea, sino que se produjo una «vulneración total» del mismo. Hoy, declaran en Zaragoza las jefas de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo y la del actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

Tras un primer aplazamiento por un error de forma, esta mañana comparecen, en el marco de las averiguaciones que está llevando a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza con el respaldo de la Fiscalía, la número dos de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres, a las 12:30 horas; y, la del todavía ministro Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo, a las 13:00. 

El objetivo será el de ahondar en la búsqueda de los nombres de los miembros del Ejecutivo que estaban al corriente del viaje de Gali.

Mientras tanto, en un nuevo auto, el juez ha rechazado el recurso de reforma presentado por la abogada del Estado contra una providencia de solicitud de pruebas, notificada el pasado 20 de septiembre, y dirigidas a profundizar en la responsabilidad de las presuntas irregularidades cometidas para permitir la presencia del líder del Frente Polisario en nuestro país. 

Que hablen los médicos que lo trataron

Además, el juez Lasala ha decidido tomar declaración como testigos a varios de los responsables del hospital de Logroño al que Gali fue trasladado: el médico al frente de la Unidad de Cuidados Intensivos, el gerente del centro sanitario y la funcionaria que gestionó el alta médica. También al jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Eliseo Sastre.

En las primeras pesquisas policiales realizadas a finales del pasado mes de julio, el médico de la UCI riojana confirmó que dos días antes de la llegada de Gali, que se materializó el 18 de abril, el gerente del centro le pidió que reservara una cama para un «paciente extranjero».

El mismo sanitario confesó que le había llamado la atención el hecho de que la identidad con la que se presentó el paciente, Mohamed Benbatouche, no coincidía con la de los informes médicos que le entregaron los sanitarios de la ambulancia que lo trasladó desde la Base Aérea de Zaragoza hasta el hospital de la capital de La Rioja. 

Por su parte, el gerente del hospital apuntó a los agentes que fue el jefe de la Oficina de Presidencia del Gobierno de La Rioja quien le consultó si era posible «ingresar un paciente dentro del ámbito de la ayuda humanitaria». De manera que el magistrado Lasala escuchará a ambos testigos referidos en dichas manifestaciones. 

Control de pasaportes

El magistrado ha ordenado el envío de un oficio al comisario jefe de la Policía Nacional de Zaragoza para que informe, en un plazo máximo de tres días, sobre la identidad de los agentes de la Brigada de Extranjería que estuvieron al frente del control de pasaportes en el aeropuerto civil de la capital aragonesa el día de la llegada del líder polisario, así como un informe de estos con un detalle de lo ocurrido.

Asimismo, ha solicitado al mismo comisario para que remita una copia del expediente íntegro de la comisaría que emitió el permiso de residencia a nombre del hijo de Gali el pasado día 23 de abril de este año.

En cuanto al exjefe de gabinete de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, Camilo Villarino, investigado en la causa, el juez le ha instado a que facilite una identificación completa del dispositivo electrónico desde el que recibió los mails relativos a la llegada y estancia de Gali en España. Villarino confesó ante el juez que había destruido todos los correos electrónicos recibidos en este sentido. Ahora tendrá que decidir si se pone a disposición de la Justicia de forma voluntaria o no.