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Francisco Javier Almeida, junto a la Guardia Civil en el piso de Lardero donde habría cometido el asesinato del niñoEuropa Press

Dos muertes en libertad condicional: la nula reinserción del asesino de Lardero

La primera víctima de Francisco Javier Almeida murió antes de que cumpliese de forma íntegra su condena por agresión sexual. El niño de nueve años de Lardero, también

Francisco Javier Almeida, el hombre detenido y acusado del asesinato de un niño de 9 años en Lardero, no había cumplido íntegramente ninguna de las penas de cárcel a las que ya había sido condenado. Y ha asesinado, presuntamente, en la segunda ocasión, en unas fechas en las que todavía debería haber estado en prisión.

En 1993 se le impuso una pena de siete años por agresión sexual y sólo cumplió cuatro. En 1997 ya estaba en la calle y en agosto de 1998 reincidía en el delito sexual para después asesinar a una agente inmobiliaria asestándola 17 puñaladas.

Detenido y vuelto a poner delante de un tribunal, en esta segunda ocasión la condena fue de veinte años por el asesinato y diez por la segunda agresión sexual. Cuando había cumplido veintitrés, en abril de 2020, estaba en libertad. Su último crimen ha sido todavía más atroz: el asesinato de un niño de nueve años después de raptarle en un parque de Lardero. Aún le quedaba pena por cumplir.

Esta doble reincidencia, cada vez más trágica, pone en evidencia toda una cadena de errores que ha sido denunciada por los vecinos de la localidad riojana, que observaban con recelo los movimientos de Almeida en torno a los niños de su ciudad. «Nos llamabais locos y solo veníais dos (policías) y ahora ha tenido que morir un niño para que vengáis todos a proteger al asesino», gritaba uno de los cientos de personas que se congregaron en el cuartel de la Guardia Civil en el que se encontraba detenido el presunto criminal.

Ante la gravedad de los hechos, se han levantado voces cuestionando el proceso que llevó a este hombre a la calle sin haber cumplido su condena y siendo reincidente. Natalia Rodríguez, trabajadora social y profesora de un posgrado de Violencia de Género en la Universidad de La Rioja reconocía a Europa Press que «el sistema no hace que se reinserten las personas que cometen delitos» y considera que «es necesario que los medios de protección policial y los medios judiciales actúen de forma urgente e inmediata porque, en este caso, ya había un aviso y si se comprueban sus antecedentes penales se debería, al menos, proteger».

Varios vecinos de Lardero han asegurado que Almeida ya había intentado captar a otros menores en la ciudad. Una madre aseguraba a Europa Press que el detenido «vigilaba desde la ventana» y que incluso trato de llevarse a su hija a casa proponiéndola ir a «cuidar unos pajaritos». Otra mujer criticaba la falta de control policial a alguien a quien consideraba un «depredador» al que ni siquiera se le puso una pulsera telemática.

Esta cuestionable decisión se suma a las informaciones que señalan que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior, concedió el tercer grado a Francisco Javier Almeida en contra del criterio del penal de El Dueso, en Cantabria. Según señala El Español, tan solo un mes después de obtener ese tercer grado, en febrero de 2020, el juez de vigilancia penitenciaria le concedió la libertad condicional sin que el Ministerio Fiscal recurriese. 

El detenido tuvo 39 permisos «sin incidencias» antes del tercer grado 

El detenido disfrutó de 39 permisos «sin incidencias» a partir de 2013, cuando ya había cumplido 15 años de la condena .

Además, en 2020 la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso, en Cantabria, resolvió por mayoría que era mejor que continuara en segundo grado o régimen ordinario, pero recurrió ante el centro directivo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior resolvió en febrero del año pasado a favor de la progresión al tercer grado o régimen abierto, teniendo en cuenta su evolución penitenciaria y tratamental favorable y otros aspectos como que había cumplido las tres cuartas partes de la condena.

Previamente, Instituciones Penitenciarias había retrasado durante tres años su progresión al tercer grado aplicando el «principio de cautela», y esto a pesar de que el interno había cumplido las tres cuartas partes de la condena en 2017, según añaden las citadas fuentes penitenciarias.