La Fiscalía lamenta la ocasión perdida en Dinamarca para la entrega de Puigdemont

En pleno debate jurídico sobre la entrega de Carles Puigdemont a España, donde continúa reclamado por el Tribunal Supremo para ser enjuiciado como máximo responsable político del procés, fuentes próximas a la Fiscalía apuntan a la ocasión perdida de reclamarlo en Dinamarca. «Había muchas posibilidades» de que su vuelta a nuestro país se hubiese materializado por las «similitudes jurídicas de un Código Penal que recoge los delitos contra el Estado y el orden público en un sentido equivalente» y por el hecho de que «los daneses están muy sensibilizados con el independentismo». No en vano, Dinamarca hace tiempo que enfrenta un doble desafío separatista liderado por Groenlandia y por las Islas Feroe con representación política en sus Parlamentos locales y que promueven, también, la celebración de un referéndum secesionista.

El ex presidente de la Generalitat, y prófugo de la Justicia, llegaba a Dinamarca el 22 de enero de 2018, alrededor de las 8:30 a.m., para dar una conferencia en una de las universidades de la capital, Copenhage. Desde ese mismo momento, la Fiscalía General del Estado podía pedir al juez instructor del Supremo Pablo Llarena que activase la Euroorden de detención y entrega a España del político catalán. Sin embargo y pese a las advertencias iniciales, dicha solicitud nunca llegó a producirse. Una «ocasión perdida» que todavía está pendiente de un desenlace en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Apenas un mes antes, el 5 de diciembre de 2017, Llarena decidía retirar las órdenes europeas de detención dictadas por la Audiencia Nacional contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros huidos con él a Bruselas –Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí– todos ellos investigados por el proceso independentista de Cataluña, para evitar la acción de la Justicia, al considerar que podrían enturbiar la evolución de su imputación  y de los delitos por los podrían resultar finalmente procesados. 

El magistrado Pablo Llarena explicó en un auto que la investigación de  un «delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable», hacía necesario una «única contestación para evitar respuestas contradictorias». 

Es decir, el juez con la retirada de las Euroordenes trató de evitar que los tribunales belgas, país de residencia habitual de los prófugos, pudiesen reducir, en el momento de la entrega, los cinco delitos por los que estaban imputados los cinco huidos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Algo que, a juicio de los miembros del Ministerio Público consultados por El Debate, «no se hubiese producido de intentar la entrega vía Dinamarca». 

Así las cosas, hasta en tres ocasiones diferentes, salvo el «error» danés –Alemania, Bélgica e Italia– han dicho 'no' al fin del periplo europeo y la entrega de Puigdemont. El último capítulo el protagonizado por el expresidente catalán, hoy diputado de la Eurocámara desprovisto de inmunidad, ante la Justicia italiana en Cerdeña, donde fue detenido el pasado mes de septiembre en el aeropuerto, por dos agentes de paisano, en virtud de las órdenes de entrega, ahora sí, vigentes contra él. 

La cuestión prejudicial del TJUE

El Tribunal sardo de Apelación de Sassari, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía italiana, dejó en suspenso el proceso abierto tras el arresto de Puigdemont en la isla, hasta que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial planteada por el propio magistrado Pablo Llarena, así como el estado real y el alcance de la inmunidad del expresidente. 

Los jueces de Cerdeña optaron, al igual que los belgas antes,  por esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tras la negativa de Bélgica a entregar al exconsejero Lluís Puig.

La Justicia italiana entendió que en todos los estados miembros de la UE ha de mantenerse la inmunidad que protege a los europarlamentarios, en el ejercicio de su cargo, al menos mientras se resuelve la consulta cursada a Europa por Llarena. Una postura que va en la misma línea de no detener a los también reclamados Toni Comín y Clara Ponsatí cuyo arresto, instado por Llarena, fue en vano. 

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, recurrió ante el TJUE el levantamiento de su inmunidad por el Parlamento Europeo, a consecuencia del suplicatorio remitido por Llarena para enjuiciarle, como al resto de políticos catalanes ahora indultados por el Gobierno, por sendos delitos sedición y malversación. 

Tras el incidente en Cerdeña, Boye volvió a solicitar al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que  mantenga cautelarmente la protección a Puigdemont, en su condición de eurodiputado, mientras se resuelve el fondo del asunto. Fue este mismo tribunal europeo el que en julio de este año rechazó de plano dicha prevención al entender que no había peligro de arresto, ya que las euroórdenes estaban suspendidas, según había asegurado ante él la propia Abogacía del Estado español.