Sánchez manipuló a la UE prometiendo que pactaría su reforma laboral con los empresarios

Tic, tac. El reloj avanza implacable para el Gobierno de coalición, que se ha comprometido con la Comisión Europea a aprobar la reforma laboral por decreto en diciembre para que esté en vigor en enero.

En los despachos gubernamentales no contemplan otro calendario que no sea ese. No obstante, si la negociación entre los dos socios de la coalición y de estos con la patronal y los sindicatos está avanzada, lo disimulan muy bien. Porque de concreción sobre los convenios sectoriales, la ultra-actividad y la reducción de los tipos de contrato, entre otros aspectos, no hay nada público. Solo rumores.

El problema para Pedro Sánchez es que ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. El presidente aseguró a Bruselas por escrito que la nueva legislación laboral sería fruto del acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. 

De ahí que la Comisión Europea aprobara el pasado mes de junio el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Ejecutivo con entusiasmo. «Es ambicioso, previsor y ayudará a construir un mejor futuro para los españoles», llegó a decir de él la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Y ahora ve cómo la CEOE y Cepyme están dispuestos a levantarse de la mesa si Sánchez da rienda suelta a los deseos de su ministra de Trabajo. Según el presidente de la primera, Antonio Garamendi, no les van a hacer firmar cualquier cosa con la amenaza de que si no lo hacen no llegarán los fondos de la UE. No va a colar. Como tampoco va a colar en la UE una ley laboral con los empresarios en contra.  

Alto el fuego temporal

El PSOE y Unidas Podemos escenificaron este martes un alto el fuego temporal tras una reunión presidida por Pedro Sánchez en la que participaron Nadia Calviño, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. «Ha sido un esguince, no una rotura», resumen en La Moncloa quitando hierro a la tensión de los últimos días.

En el comunicado enviado por la Secretaría de Estado de Comunicación, y ratificado después por la portavoz en rueda de prensa, el Ejecutivo recupera el término «derogar». Aunque después la ministra Rodríguez evitó usarlo. «Sería muy pobre referirnos a lo que está planteando el Gobierno simplemente en una cuestión semántica», se quejó esta.

Pero también en ese escrito el Gobierno alude, literalmente, a la importancia de llegar a un «acuerdo con todas las partes justo y equilibrado». Incluidos los empresarios. En el ala socialista del Ejecutivo nadie quiere hablar de la posibilidad de que la patronal quede al margen.

El «Componente 23»

La reforma laboral está contemplada en el famoso Componente 23 del Plan de Recuperación que el Gobierno envió a Bruselas para acceder a los fondos Next Generation, bajo el epígrafe Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. Tiene 88 páginas y ya en su día fue objeto de no pocos tira y afloja entre los ministerios de Calviño y Díaz.

Aunque no baja al detalle, el Gobierno anticipa en múltiples partes del documento que serán reformas pactadas: «Para que las reformas se puedan aplicar y tengan efectos que perduren en el tiempo, el Gobierno apuesta por acordar este conjunto de actuaciones en el marco del diálogo social», argumentan sus autores.

Es más. En el Componente 23, que viene a ser algo así como un precontrato de Sánchez con Bruselas, el Ejecutivo especifica que tanto la modernización de la negociación colectiva (la famosa prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa), como la simplificación de contratos y el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad interna similar a los actuales ERTE serán acordados con patronal y sindicatos. Y no solo con estos últimos, como está dispuesta la ministra de Trabajo.

El Componente 23 habla constantemente de consenso con patronal y sindicatos

En lo que se refiere a estas tres medidas, el documento especifica por triplicado, en cada una de ellas: «El procedimiento de aprobación de la reforma tiene como elemento central la involucración de los grupos con interés en la misma, que en este caso son las empresas y las personas asalariadas. La implicación de las organizaciones que las representan, las organizaciones empresariales y los sindicatos, está en la propia definición de los cambios normativos, porque estos van a ser abordados en la mesa del Diálogo social tripartito».

Y va más lejos cuando proclama, también por partida triple: «No se prevén impedimentos que dificulten la aprobación y la implementación de la reforma». Cuando a estas alturas de la negociación parece haber más disensos que consensos. Por más que este martes la ministra portavoz justificara tanto secretismo no en la falta de acuerdo, sino en la reserva. «Toda negociación, por respeto a los interlocutores, exige discreción. Es mucho más importante el objetivo final», señaló Rodríguez.

«Hoy han ganado los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país», proclamó Yolanda Díaz en los pasillos del Senado, lanzando las campanas al vuelo. Pero queda camino por delante. De momento este miércoles será la primera vez que en la reunión semanal de la mesa del diálogo social se siente, por la parte del Ejecutivo, no solo el Ministerio de Trabajo, sino también los de Economía e Inclusión y Seguridad Social.