Las víctimas de ETA piden a Europa juzgar a 35 terroristas por 65 asesinatos no prescritos

Justicia. Así de alto y claro lo han pedido las víctimas de ETA ante la misión de Derechos Humanos enviada esta semana a España por el Parlamento Europeo para investigar los más de trescientos setenta y seis crímenes de la banda terrorista sin resolver en nuestro país que los miembros de la asociación Dignidad y Justicia han calificado, a través de su portavoz Daniel Portero, como un fallo del Estado español. En especial, al referirse a los 65 asesinatos perpetrados por los etarras en sus últimas dos décadas de actividad que todavía siguen impunes. Las víctimas han exigido a los representantes europeos que abarquen el total de los crímenes porque «no es ni jurídica ni moralmente posible renunciar al Derecho a la verdad y a la Justicia de ni una sola de sus familias».

Además, durante la visita a Madrid de los miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, las víctimas les han hecho entrega de un listado con los 35 nombres de los terroristas implicados en los atentados por esclarecer para que sean «perseguidos ya desde el ámbito del propio Derecho penal internacional», como «crímenes contra la humanidad y actos de genocidio».

José Javier Zabaleta 'Baldo' Elosegui, Iñaki de Rentería, Josu de Mondragón, Francisco 'Pakito' Múgica Garmendia, José María 'Fiti' Arregui Erostarbe, José Luis 'Txelis' Álvarez Santacristina, Josu Ternera, Mikel Antza, Félix Alberto 'Mobutu' López de la Calle, Julián 'Pototo' Achurra Egurrola, María Soledad 'Anboto' Iparaguirre Guenechea, José Javier 'Kantauri' Arizcuren Ruiz, Asier 'Baltza' Oyarzabal Chapartegui, Juan Carlos Iglesias Chouzas alias 'Gadafi' o Javier 'Txapote' García Gaztelu, son algunos de los señalados por las víctimas como «autores detrás de los autores» de los asesinatos pendientes de enjuiciar. 

No en vano, las víctimas han descrito los crímenes de ETA como «masacres selectivas» fruto de una «política de persecución y expulsiones forzadas de población a gran escala» del País Vasco que, según la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) –sentencia en el caso Jorgic contra Alemania–, deben ser considerados delitos imprescriptibles. «Hasta el último de ellos», han denunciado ante los comisarios europeos.

«Ese nivel extremo de violencia, de persecución y de expulsión es lo que coloca inequívocamente a los crímenes de ETA, a diferencia de los cometidos por otros grupos, como cualificados con la capacidad de alterar la composición poblacional a gran escala», ha asegurado Daniel Portero. Una particularidad que hace que sus atentados «no puedan ser abarcados por el mero Derecho penal nacional, que no basta», han sentenciado para justificar la necesidad de que Europa impulse la aplicación del Derecho penal internacional a delitos que no son ordinarios sino diferentes.

ETA continúa torturando a las víctimas

ETA «continúa torturando hoy a las casi 400 familias de las víctimas» con las que no ha podido hacerse Justicia, «con muy graves consecuencias morales, y psicológicas consolidadas en el tiempo. Es una violación de Derechos Humanos que se continúa produciendo hoy, mañana...». Un escenario que para Dignidad y Justicia, es imputable al Estado español por «no poner remedio mientras regala, literalmente, beneficios penitenciarios» a los presos terroristas «en vez de poner todos los medios para esclarecer esos asesinatos», han lamentado ante la expedición europea que tiene la misión de contribuir en el esclarecimiento de todos ellos.

Desde la asociación explican que sólo ya el atentado de Palmanova hace doce años –con el que se cometieron los dos últimos asesinatos de ETA impunes– «duplica y hasta triplica el umbral de los "4 años" o "5 años" en situaciones prolongadas de impunidad en asesinatos y graves violaciones de derechos humanos», reconocido por el TEDH como forma específica de tortura o trato inhumano a los familiares de los asesinados. La media de esas casi 400 familias que siguen esperando justicia hoy multiplica por cuatro ese umbral máximo de 5 años de impunidad, y un gran número de casos de los años 70 que lo multiplican por diez. 

«El Derecho a saber la verdad de lo ocurrido es, igualmente, un derecho reconocido internacionalmente a toda víctima de atrocidades y graves violaciones de derechos humanos, sin distinción alguna de fecha o lugar», señalan desde la asociación peticionaria de esta investigación. 

Nula colaboración con la Justicia

Ante los integrantes de la misión del Parlamento Europeo, Daniel Portero ha afirmado que los distintos dirigentes de ETA saben quién apretó el gatillo o quién colocó el explosivo en todos esos asesinatos sin resolver, pero «no lo dicen». Por esto, Dignidad y Justicia considera que eso es lo que tendrían que decir públicamente Arnaldo Otegui y otros ex miembros de la banda terrorista «si de verdad tuvieran el más mínimo arrepentimiento y les importara lo más mínimo la situación de las victimas».

En lugar de eso, siguen dejando a asesinos libres y a familias en impunidad permanente, denuncia la asociación. «Nunca ni un sólo reo de ETA que haya pedido acogerse a beneficios penitenciarios ha revelado ni un sólo nombre detrás de esos casi 400 asesinatos pendientes. El Estado español también falla en esto». 

Añade que tampoco han colaborado en relación a la «cifra negra de víctimas de ETA» que no murieron pero quedaron con secuelas y lesiones. Además del dolor de las familias por los crímenes impunes, se ven obligadas a ver cómo esos mismos terroristas que van salen de las cárceles sin haber prestado ninguna colaboración para esclarecer todos esos asesinatos, son habitualmente enaltecidos en las calles del País Vasco y Navarra. 

Beneficios y acercamientos

Los 35 ex jefes de ETA vivos de la lista que Dignidad y Justicia ha entregado a la comisión de investigación «son más autores que los propios ejecutores finales de los asesinatos». De todos ellos, once están libres. En esto, la asociación considera que el Estado español también falla. Por otra parte, nueve han sido acercados al País Vasco, y al menos dos siguen huidos, Sagarzazu Gaztelumendi e Iriondo Yarza. Como subraya la asociación, de los 22 restantes en prisión, a diez se les están dando beneficios y acercamientos en el último año y medio. Y los otros 12 en prisión están en su gran mayoría en Francia. 

Entre 60.000 y 200.000 desplazados

«El alcance de violencia, persecución y expulsados forzados llevado a cabo por ETA en el País Vasco y Navarra, no tiene parangón con ningún otro grupo terrorista en Europa», remarcan desde DyJ, «con la excepción de los primeros años del Partido Nazi Alemán en los años previos a conseguir alcanzar el poder». Y es que, como señalan, ningún otro grupo armado español o europeo a lo largo del siglo XX ha conseguido la expulsión de entre 60.000 y 200.000 personas del territorio –según datos del «Informe Retorno» del Instituto Vasco de Criminología.

Se trata de «un intento de auténtica "limpieza étnica o nacional" del territorio totalmente impune que convierte a España hoy en el país de toda la UE con mayor número de "desplazados internos"», que huyen para no perder la vida a otras partes del país. Es un término de derecho internacional de derechos humanos que ni siquiera es reconocido en España. 

Desde la asociación presidida por Daniel Portero, señalan que no se ha instado por ello ningún procedimiento por la Fiscalía española, así como tampoco se ha articulado una ley o política nacional al respecto, aunque ellos mismos lo pidieran al Congreso de los Diputados hace más de tres años. «En esa ausencia de medidas también falla el Estado». 

La lucha contra la impunidad debe abarcar al total de esos 376 asesinatos de ETA que no están resueltos, y no se puede renunciar al derecho a la verdad ni al derecho a la justicia que tienen todas y cada una de esas familias.