El lendakari, Iñigo Urkullu (i), recibe este viernes al presidente del Senado, Ander Gil (d), de visita institucional en el País Vasco
Urkullu acusa a Ayuso de «dumping fiscal» en Madrid pero defiende el régimen especial vasco
El presidente regional afirma que su Comunidad gestiona sus propios recursos y, por tanto, tiene un «riesgo unilateral»
El lendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado este viernes su «preocupación» por la estrategia de «dumping fiscal» que plantea la Comunidad de Madrid al bajar los impuestos que gestiona. Según el presidente regional, se está tratano de «convertir a determinadas comunidades en paraísos fiscales».
La Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana la rebaja de 0,5 puntos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en todos los tramos autonómicos, así como la supresión de todos los tributos propios: el impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas, el de depósito de residuos y el aplicado sobre actividades económicas.
En un coloquio de Nueva Economía Fórum en Bilbao, Urkullu ha dicho no querer entrar «en ninguna guerra que no me corresponde», ya que el País Vasco tiene su régimen fiscal propio de «riesgo unilateral» por el que si baja la recaudación caen sus recursos propios pero tiene que mantener la misma aportación al Estado.
Según ha señalado, la Comunidad Autónoma Vasca, que recauda sus impuestos de acuerdo a lo establecido en la Comisión mixta de Concierto, gestiona sus propios recursos y decide el destino de esos recursos, bien para políticas sociales, inversiones u otras políticas.
Modelo de financiación
Ha cuestionado si una comunidad puede tener una política fiscal determinada como la de Madrid «y luego exigir al Gobierno de España una compensación por un menor ingreso por recaudación», y se ha preguntado si esta rebaja fiscal no tendrá que ver con el debate sobre el cambio del modelo de financiación autonómica en España.
En su opinión, la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso obedece a un «modelo social e ideológico» porque «a menos impuestos, menor recaudación y, por tanto, menos capacidad de gasto en políticas sociales».