Vox pide a la Fiscalía que investigue el tercer grado concedido al asesino del niño de Lardero

Que se investigue lo ocurrido. La vicesecretaría Jurídica de Vox, Marta Castro, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía provincial de La Rioja para depurar responsabilidades por la concesión del tercer grado penitenciario a Francisco Javier Almeida quien, el pasado 30 de noviembre, mientras disfrutaba de este beneficio carcelario, asesinó a un niño de nueve años en el pueblo riojano de Lardero. 

Almeida fue condenado en 1993 a siete años de cárcel por agredir sexualmente a una menor. Pese a ello, sólo cuatro años después, en mayo de 1997, fue puesto en libertad condicional y durante el mes de agosto de 1998, también amparado en un tercer grado, violó y asesinó a una agente inmobiliaria.

Almeida fue condenado a 30 años de prisión por ello pero, y aún con sus antecedentes accedió de nuevo, este mismo año, a la libertad condicional que, la semana pasada, le permitió perpetrar el asesinato de un niño vecino del pueblo donde residía desde su salida del centro penitenciario. 

Según la versión oficial de los hechos, la decisión de cambiar la calificación penitenciaria a Almeida se basó en el tiempo de condena trascurrido, el buen comportamiento del reo en prisión y la ausencia de incidentes durante los 39 permisos de los que ha venido disfrutando entre 2013 y hasta 2020.

Sin embargo, Vox ha solicitado a la Fiscalía que analice las circunstancias concretas entorno a las que se resolvió de forma favorable el recurso del asesino y su puesta en libertad, a la vista de que tras la primera condena impuesta al mismo fue reincidente en un delito tan grave como una violación y un posterior asesinato.

Marta Castro, vicesecretaria Jurídica Nacional, ha señalado en su escrito cómo en 2017 «se evacuó informe desfavorable a la solicitud de tercer grado». Frente a aquella negativa, Almeida recurrió ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior que, en febrero de 2020, resolvió, finalmente «en favor del tercer grado».

Precisamente, por este cambio de posición, el partido de Santiago Abascal ha instado al Ministerio Público para que investigue si las decisiones adoptadas por los responsables del centro penitenciario de 'El Dueso', donde cumplía condena Almeida, han podido ser constitutivas de un «delito de prevaricación». 

Que se revisen los informes

Por ello, los denunciantes han pedido que se revisen los informes técnicos de la Junta de Tratamiento encargada de la vigilancia de Almeida durante el último año, así como los relativos a la concesión del tercer grado por el que fue puesto en libertad. Además, ha solicitado los informes elaborados en la prisión y que el director de la misma debía remitir a sus superiores. A éste último se le ha requerido un oficio para que facilite los protocolos generales de comunicación sobre la concesión del beneficio penitenciario de puesta en libertad y los que se siguieron en el caso de Almeida.

Entre las diligencias de investigación también se solicita el control de las medidas de seguridad penitenciaria disponibles una vez estos presos alcanzan la calificación del tercer grado. Es este sentido, será la cárcel de 'El Dueso' la que deba aportar el informe emitido sobre Almeida para el control de medidas de seguridad penitenciaria, una vez pasó a tercer grado, si es que se hizo.

Por último, Vox ha pedido a la Fiscalía que requiera, a su vez, al centro penitenciario para que facilite los informes de la excarcelación enviados desde la prisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.