Montero excluye a los provida de su ronda de consultas sobre la nueva Ley del Aborto

En el Ministerio de Igualdad lo llaman «proceso participativo», pero solo participa una parte. El departamento que dirige Irene Montero ha llevado a cabo ya más de una veintena de reuniones en torno a la reforma de la Ley del Aborto; cuyo primer borrador quiere tener listo la ministra el mes que viene, como ya contó El Debate.

El Instituto de las Mujeres que dirige Toni Morillas es el que está coordinando los encuentros, a veces con presencia de la ministra y otras no. Pero ocurre que todas las asociaciones llamadas a consultas son proabortistas. No hay una sola asociación provida, hasta la fecha, cuya opinión sobre la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015 haya sido tenida en cuenta. Por más que Morillas presuma de estar llevando un «proceso de escucha en la diversidad».

Entre las entidades consultadas está la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid. Entre las reivindicaciones que trasladaron sus responsables a la directora del Instituto de la Mujer figura que el Ministerio elimine el periodo de reflexión de tres días que la ley actual exige antes de someterse a un aborto.

El equipo de Montero también se ha reunido con representantes del Parto es Nuestro, una entidad que se declara feminista y defiende el «aborto respetado». También con la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública. Su portavoz, el médico Marciano Sánchez Bayle, escribía la semana pasada un artículo contra Isabel Díaz Ayuso en Infolibre por invertir poco en Sanidad.

También ha sido consultada la Federación Estatal de Planificación Familiar, firme partidaria de que las menores de 16 y 17 años no necesiten un permiso paterno para abortar. Una condición introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015 y que será derogada en la reforma de la ley que prepara el Ministerio de Igualdad. Consideran que evitará abortos clandestinos y riesgos para la salud.

El pasado 30 de agosto la ministra y la directora del Instituto de la Mujer se reunieron con representantes de colegios profesiones y asociaciones de ginecología, obstetricia, psicología y sexología, entre otras.

Montero también participó en un encuentro, dos días después, con expertas y víctimas de lo que llaman «violencia obstétrica».

Asimismo han llamado a la puerta de los comités participantes en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y la directora del Instituto de la Mujer incluso se ha desplazado a Andalucía y Comunidad Valenciana para mantener encuentros con colectivos feministas de ambas. 

La consulta pública exprés

En paralelo, el Ministerio ha limitado a la mínima expresión el trámite preceptivo de consulta pública previa, para que las personas y entidades potencialmente afectadas por la reforma de la ley orgánica que no hubieran sido consultadas por Igualdad presentaran sus alegaciones.

La ley exige un mínimo de 15 días naturales –no hay máximo– y el departamento de Montero no ha concedido ni uno más. Abrió la consulta pública el 28 de septiembre y la cerró el 12 de octubre, día festivo en toda España además. Según el Ministerio, están analizando los resultados.

No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez evita escuchar las opiniones que prefiere no oír antes de legislar en asuntos especialmente sensibles. Ya ocurrió con la Ley de la Eutanasia, que entró en vigor el pasado mes de junio. El Comité de Bioética y otras asociaciones médicas opuestas no fueron consultadas, en este caso por el Ministerio de Sanidad.

Como viene contando El Debate, la reforma de la Ley del Aborto es una de las prioridades de Irene Montero, aunque será complicado que la saque adelante este curso político dado que al tratarse de una ley orgánica los trámites hasta su aprobación por el Consejo de Ministros son más farragosos porque entran en juego diversos órganos consultivos como el propio Consejo de Estado. Y después en el Congreso necesita de una mayoría absoluta de 176 votos para su aprobación.

Entre otras medidas, Montero quiere aprovechar la nueva ley para desarrollar la píldora anticonceptiva masculina, cuando de momento no hay ninguna en el mercado. También la gestación subrogada o vientres de alquiler, que serán considerados una forma de violencia contra las mujeres.

La reforma de Montero quiere abordar, asimismo, la educación sexual «con perspectiva de género» en todas las etapas académicas y lo más controvertido: las listas de médicos objetores de conciencia, que además tendrán que justificar en qué se basan para negarse a interrumpir embarazos.

Según el Ministerio, su posicionamiento siempre es el de «garantizar el enfoque de derechos humanos».