Podemos traiciona su ideario por un sillón gubernamental y lo paga con un grave desgarro

En el momento en que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció que el pleno había respaldado el nombramiento de Enrique Arnaldo y los otros tres candidatos propuestos como magistrados del Tribunal Constitucional, en el hemiciclo empezó a escucharse entre palmas: «¡Sí se puede, sí se puede!».

Sin embargo, el cántico no venía de la bancada de Unidas Podemos, como en otras ocasiones, sino de la de Vox. Y en tono burlón. Sus 52 diputados no participaron en la votación, pero muchos de ellos, con Iván Espinosa de los Monteros a la cabeza, se quedaron a contemplar el espectáculo; la conversión de Unidas Podemos en aquello de lo que siempre abjuró y que combatió. Hasta que entró en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El grave desgarro en las filas de Unidas Podemos es el precio que los de Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero han tenido que pagar por entrar en el reparto de cargos de los órganos jurisdiccionales, una práctica que siempre le han afeado al bipartidismo.

La incongruencia de los morados es un punto de inflexión en su historial

El malestar se respiraba este jueves en todos los corrillos informales que formaban los diputados morados durante las largas horas de un pleno que duró más de siete. La incongruencia supone un punto de inflexión en el historial de Podemos. Como cuando Pablo Iglesias e Irene Montero se mudaron al chalet de Galapagar.

Porque los morados se presentaron a las últimas elecciones generales con esta promesa en el punto 156 de su programa electoral: «Despolitizar el Tribunal Constitucional con un sistema de nombramientos en el que prime el consenso y no las cuotas partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su cargo».

Para sapo -parafraseando al propio portavoz de Podemos, Pablo Fernández-, el que tuvo que tragarse el diputado morado Antón Gómez-Reino. Fue él, un hombre de la máxima confianza de Yolanda Díaz, el encargado de defender el «sí» de su grupo parlamentario a Arnaldo, Espejel y a los dos candidatos propuestos por el PSOE/Podemos: Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez.

Su discurso, pronunciado con rostro circunspecto para que quedara bien claro su desagrado, no iba dirigido al resto de diputados. Tampoco a sus socios del PSOE, ni al PP, ni a Arnaldo. Iba dirigido a los cargos, militantes y simpatizantes de Unidas Podemos.

«Solo había dos opciones. Un acuerdo mejor o peor de tres quintas partes o continuar con el bloqueo. Mientras el PP sea imprescindible solo queda pactar con ellos o dejar que secuestren las instituciones», defendió y se defendió Gómez-Reino.

«No podíamos permitir que continúe el secuestro. Nuestro voto no es a favor de los dos candidatos del PP, sino para acabar con el secuestro del PP a los órganos constitucionales y defender nuestra democracia», añadió.

El portavoz de Unidas Podemos sonó como el del PSOE en la investidura de Rajoy

Por momentos su intervención recordó a la ya histórica de Antonio Hernando (hoy director adjunto del Gabinete de Sánchez) defendiendo la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016. También el entonces portavoz socialista habló de responsabilidad y de un bien mayor, como este jueves el diputado de Unidas Podemos. También aquello se saldó con varias disidencias en la bancada socialista.

Sigue la negociación

Mientras los morados luchan contra sus propios demonios, el PSOE y el PP siguen negociando para llegar a un punto de encuentro respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Pero pensar que la polémica y el acto de desobediencia de varios diputados no va a cambiar nada es sacar una conclusión precipitada. El PP ha tomado nota: «Ellos sabrán. Nosotros sí reivindicamos y respetamos los acuerdos alcanzados con el PSOE», señalaron desde la dirección popular a El Debate.

Al CGPJ se une una vuelta de tuerca más. En junio del próximo año vence el mandato de otros cuatro magistrados del Constitucional, y además su renovación sí alterará el equilibrio de fuerzas en favor del bloque progresista (en esta ocasión el bloque conservador ha mantenido su mayoría tras el acuerdo). 

Lo mucho que se ha envenenado el pacto de ahora complicará un poco más el de 2022. «Pues habrá que volver a negociar», zanjaron desde el PP.