Tribunales
La Audiencia Nacional avala la recusación de Fernández Díaz al exministro de Justicia como magistrado en el caso 'Kitchen'
Juan Carlos Campo decidió apartarse de la causa en la que el principal imputado es el exministro del Interior popular, en el marco de la pieza separada de 'Tándem' que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del ex ministro de Justicia y magistrado del órgano judicial Juan Carlos Campo de abstenerse en la pieza 'Kitchen', la separata de la causa 'Tándem' donde se investiga a la cúpula del Ministerio del Interior, en la era Rajoy, por una presunta red parapolicial diseñada para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a su entorno familiar más cercano. Campo decidió apartarse del caso, una vez reincorporado a la actividad judicial tras dejar la cartera ministerial, una vez se supo que el también ex ministro 'popular' Jorge Fernández Díaz, principal imputado en el procedimiento, le había recusado.
No en vano, el pasado 7 de octubre, Campo fue previamente designado como ponente, conforme a las normas ordinarias de reparto, para resolver un recurso presentado por el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri. Tras dicho trámite, la defensa del exministro presentó un incidente de recusación contra Campo al entender que su mera presencia en el tribunal ponía en riesgo la exigencia de imparcialidad judicial.
El propio Juan Carlos Campo remitió a la Sala un escrito, el pasado 8 de octubre, solicitando su abstención en el fondo de la causa, toda vez que su responsabilidad al frente del Departamento de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, podía interferir en la toma de decisiones procesales «que afectan a un ministro del Gobierno del PP, lo que pudiera servir de argumento externo a una duda sobre mi imparcialidad».
En línea con esta tesis, la Sala resolvió en un acuerdo adoptado el pasado día 3 de noviembre, admitir la abstención de Campo. Es «un hecho notorio» que fue ministro de Justicia «inmediatamente antes de reincorporarse a la carrera judicial», reflejaron los magistrados de la Sala en su resolución.
Y añadieron que más allá de que «la parte recurrente» sea «un ministro del Gobierno de PP», el hecho de que Podemos «que junto al partido político Socialista conforma el actual Gobierno de España» del que fue miembro Campo, esté personado en la causa tampoco aconsejaba la presencia del exministro de Justicia en la misma.
Por todo ello, la Sala ha ordenando la sustitución de Campo como ponente para este recurso concreto por otro magistrado disponible, de acuerdo a la estricta aplicaciónn de las normas de reparto.
La cúpula de Interior, a juicio
Jorge Fernández Díaz tendrá que ir a juicio por su presunta responsabilidad en el espionaje al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el marco de la denominada Operación Kitchen.
Como avanzó El Debate en primicia
El juez desestima los recursos del exministro Jorge Fernández Díaz y su cúpula de Interior y los envía a juicio
Como El Debate avanzó en primicia, el juez instructor de la causa abierta en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, rechazó el último recurso de reposición planteado por la defensa de Fernández Díaz contra el cierre de la investigación decretado por el mismo magistrado, el pasado mes de julio y eliminando cualquier vía para evitar el inminente procesamiento del exministro de Interior. Lo que significó que, tanto él, como su número dos en el Departamento, el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional.
Además de ellos, varios miembros de la cúpula de Interior entre los que están el Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, los responsables policiales José Angel Fuentes Gago, José Luis Olivera, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, el excomisario y principal investigado en la macrocausa Tándem, José Manuel Villarejo, y el propio exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, deberán responder ante la Justicia como presuntos autores de hasta media docena de delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, descubrimiento y revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.