Sánchez impone su ley a falta de escaños: aprueba un «decretazo» cada 10 días

Pedro Sánchez ha vuelto a superarse a sí mismo. El presidente del Gobierno que más ha usado –y abusado, según sus propios socios parlamentarios– del real decreto ley ha logrado un nuevo récord esta misma semana.

Al socialista le han bastado apenas tres años y medio, los que lleva en La Moncloa, para superar la cifra de decretos ley que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en siete años y medio en la Presidencia y Mariano Rajoy en sus seis años y medio. 108 Sánchez; 106 Rajoy; 107 Zapatero. 

El ritmo es tan frenético que deja una media de un decreto ley cada 10 días en su segunda legislatura. Lo nunca visto.

El Consejo de Ministros aprobó el lunes dos nuevos reales decretos con los que rebasó la barrera de sus dos antecesores en la mitad de tiempo: el de las plusvalías, del que la ministra de Hacienda había presumido dos días antes en un mitin anunciando «el lunes arreglo lo de las plusvalías»; y otro con el que el Gobierno concedía un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros a la Seguridad Social para tapar el agujero provocado en sus cuentas por el coronavirus.

Estos dos hacen los decretazos número 25 y 26 de este año, que se suman a 39 en 2020, 18 en 2019 y 25 en 2018, a partir de que ganara la moción de censura. 

El real decreto ley está limitado a casos de extraordinaria y urgente necesidad

Sánchez ha convertido así en norma lo que debería ser una excepción. Puesto que el real decreto ley es una modalidad legislativa que la Constitución limita a casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Con una segunda condición: que no afecten «al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general».

El decretazo es, además, la viva muestra de la debilidad parlamentaria de Sánchez y su Gobierno de 155 escaños en una Cámara de 350. Es el recurso fácil, el atajo, para aplicar medidas de calado sin necesidad de enfangarse en farragosas negociaciones con el resto de partidos. Como ocurre con los proyectos de ley.

Por el contrario, el real decreto ley entra en vigor en cuanto lo aprueba el Consejo de Ministros y se publica en el BOE. Aunque luego requiere su convalidación en el Congreso dentro de los 30 días siguientes, a riesgo de decaer si el Pleno no da su visto bueno. Una vez convalidado, después puede tramitarse como proyecto de ley, para que los grupos introduzcan enmiendas. O quedar intacto.

Sánchez ha usado la pandemia como justificación para recurrir al decreto ley más que ningún otro presidente. «Teníamos que decidir rápido, proteger rápido, hacer compras rápidas, muchas de carácter sanitario y con ustedes en contra todo el tiempo. Si no estuviésemos en pandemia, este Gobierno tendría menos reales decretos leyes que el último del PP», alegó la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una de sus últimas sesiones de control en el Congreso antes de ser destituida. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le había recriminado que utilizara una figura legislatura tasada en la Carta Magna de forma «torticera» y «excesiva».

Pero los dos estados de alarma duraron entre ambos algo más de nueve meses, y el socialista lleva casi 42 en La Moncloa. Y la cadencia de decretazos aprobados por el Consejo de Ministros no ha disminuido. Es más: el Tribunal Constitucional tumbó ambos estados de alarma por los excesos cometidos por el Gobierno.

Cómo será que hasta la Fundación Alternativas, think tank del PSOE, denuncia en su Informe sobre la democracia en España en 2020, publicado hace meses: «El uso y abuso del decreto y una acumulación de poderes excepcionales –que se explica en parte por el contexto, pero también por su debilidad parlamentaria y por la actitud de confrontación constante de la oposición– es, sin duda, uno de los problemas del Gobierno de Sánchez». Aunque culpe en parte al PP, ni el laboratorio de ideas socialista puede disimular la evidencia.

Los primeros indignados con los decretazos de un Gobierno que se precia de ser dialogante son sus socios parlamentarios. Sánchez tiene el dudoso honor de ser el único presidente al que el Congreso ha tumbado dos decretos ley, provocando su inmediata derogación.

El primero ocurrió en enero de 2019, sobre la regulación de los alquileres. Unidas Podemos, que entonces estaba en la oposición, asestó el golpe definitivo a aquel decretazo. El segundo fue en septiembre de 2020, el que obligaba a los ayuntamientos a prestar sus ahorros al Gobierno y que provocó una rebelión de alcaldes de casi todo signo político. Salvo los del PSOE, que tuvieron que hacer malabares argumentativos.

A esas dos derrotas históricas se suma una situación rocambolesca: la que provocó el mes pasado el real decreto ley sobre el recorte de los beneficios de las eléctricas. A la vez que la vicepresidenta Teresa Ribera defendía su convalidación en el pleno del Congreso, anunciaba cambios –aclaraciones, lo llamó– para destensar la cuerda con el sector.