Los socios de Sánchez quieren eliminar el título de Rey de España usando la ley de Memoria Democrática

ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PdeCat, la CUP y el BNG pretenden que la Ley de Memoria Democrática, que actualmente se está tramitando en el Congreso, suprima el título de Rey de España y «todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo derivan».

Así lo proponen los socios de Pedro Sánchez en una de las enmiendas parciales que han presentado al proyecto de ley estrella del ministerio que dirige Félix Bolaños, quien heredó la tarea de Carmen Calvo.

La iniciativa, ésta sí, va respaldada por todo el independentismo catalán, que considera a Felipe VI su bestia negra desde su histórico discurso del 3 de octubre de 2017. De momento no lleva la firma de Unidas Podemos.

En la enmienda, los separatistas catalanes, vascos y gallegos argumentan que vuelta de la Monarquía a España, en la figura de Juan Carlos I, «tiene su origen en la dictadura franquista». 

«En la ley de sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 se estableció que el Estado español volvía a ser un reino y que el jefe del Estado, Franco, 'podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o Regente'», añaden.

Además restan importancia al referéndum en el que casi el 92% de los votantes españoles respaldaron la Constitución española porque según ellos la pregunta era por completo una trampa. Daba a elegir -señalan- entre «una dictadura absoluta o una suerte de sistema nuevo denominado 'monarquía parlamentaria'».

La excusa se la ha dado el propio planteamiento del proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de julio y que actualmente se encuentra en la Comisión Constitucional del Congreso, una vez que el pleno rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y ERC (este último por considerarla poco ambiciosa).

Ese proyecto de ley faculta al Gobierno a aplicar un rodillo implacable sobre distinciones, condecoraciones y títulos que tengan que ver con el régimen, como ya contó El Debate. Así, el Ejecutivo elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 y suprimirá los que «representen la exaltación de la Guerra y Dictadura», según el artículo 41. De momento la primera en caer será la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

Las administraciones públicas también estarán mandatadas para «revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones» que «resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista». También las condecoraciones.

De ahí que, abierta la veda, los independentistas hayan querido ir más lejos y colocar en la diana al jefe del Estado.

Es de prever que los socialistas no vayan a aceptar esta enmienda. Pero su presentación da idea de la caja de pandora que el Gobierno de Sánchez ha abierto al remover de nuevo el franquismo y de que sus socios parlamentarios no van a ponérselo fácil a la hora de recabar los apoyos necesarios.

De momento el proyecto de ley está encallado en la Comisión Constitucional, en una espiral de sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas parciales. Por lo pronto hasta el miércoles 17 de noviembre. En principio, porque los tiempos se ha ido alargando de forma continuada desde el pasado 17 de septiembre porque el Ejecutivo no tiene atados los votos.

A mediados de octubre, durante el debate de las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Esquerra, Gabriel Rufián se encaró con el ministro Bolaños. «Nos trae una ley de memoria sin memoria. Es una vergüenza, 14 años después. ¿Por qué ustedes son tan cobardes?», le preguntó.