Sánchez anula de forma encubierta la Ley de Amnistía y abre la vía a juzgar el franquismo

El PSOE y Unidas Podemos creen haber dado con la fórmula para que ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PDeCAT, el BNG y la CUP apoyen su proyecto de ley de Memoria Democrática sin necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977. Esto último es lo que todo ese bloque independentista pedía en una batería de enmiendas conjuntas presentada el lunes y capitaneada por Gabriel Rufián.

Lo que hará el Ejecutivo es anular parcialmente la Amnistía del 77 de forma encubierta. Dentro de la Ley de Memoria Democrática habrá un apartado en el que se declarará que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gozarán del blindaje de la Ley de Amnistía. Lo que abre la puerta a juzgar y condenar a autoridades, funcionarios y agentes del orden público que queden vivos.

En concreto, la redacción queda así, según ha explicado el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

¿Será suficiente para convencer a la mayoría Frankenstein? Eso esperan socialistas y morados.

Cuatro meses in albis

La precariedad parlamentaria del Gobierno de coalición mantiene in albis el proyecto de ley de Memoria Democrática desde hace cuatro meses, tratándose como se trata de uno de los grandes compromisos legislativos de Pedro Sánchez para esta legislatura.

La tramitación parlamentaria del proyecto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de julio ha chocado, dentro de la Comisión Constitucional, contra un muro de 30 diputados. Los que suman ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PDeCAT, el BNG y la CUP.

Todos ellos se aliaron para presentar juntos el lunes una batería de enmiendas en la que piden al Gobierno más ambición. En el centro del huracán se encuentra la Ley de Amnistía. Si no su derogación íntegra, querían que al menos sean derogados los apartados e) y f) de su artículo segundo.

Estos apartados amnistían a las «autoridades, funcionarios y agentes del orden público» que hubieran cometido delitos y faltas incluidos en dicha ley. Pretenden que sean juzgados y condenados los que no hayan muerto.

Demandan, asimismo, que sean declarados ilegales y no solo ilegítimos los consejos de guerra, los tribunales y los juicios políticos del franquismo.

Amén de suprimir el título de Rey de España, como ya informó El Debate, anulando la decisión de Francisco Franco de designar a Juan Carlos de Borbón su sucesor y también su proclamación como rey por las Cortes franquistas en 1975.

El PSOE no quiere tocar la Ley de Amnistía, puesto que sería ir contra su propia historia dado que fue impulsada por la UCD, el PSOE, el PCE y los nacionalistas del PNV y CiU (Alianza Popular se abstuvo). Pero se encuentra con que le faltan votos y le sobran opositores a su proyecto de ley más allá del PP y Vox.

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad que ambas formaciones, y también ERC presentaron al articulado, la diputada popular Macarena Montesinos recordó las palabras del portavoz del PSOE en el histórico debate de la Ley de Amnistía en 1977: «José María Benegas, portavoz del PSOE, que no del partido sanchista, afirmó: 'La amnistía es fruto de la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España y de construir otro diferente (…), superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años'», rememoró la parlamentaria.

Ciudadanos, el plan B

Los nervios en el Ejecutivo, especialmente del ministro Félix Bolaños -el encargado de llevar a puerto la ley-, le llevaron a buscar un plan B: la vía de Ciudadanos.

El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, desveló este martes una llamada que el lunes le hizo el secretario de Estado de Memoria Democrática para tantear su disposición a apoyar al Ejecutivo.

Bal dijo que su grupo estaba abierto siempre y cuando como contrapartida el Gobierno aprobara una norma para prohibir los homenajes a etarras e impulsara la investigación de los asesinatos de ETA que quedan por resolver.

Ésta era la primera vez que Sánchez acudía a Inés Arrimadas pidiendo auxilio desde que el año pasado la negociación de los Presupuestos de 2021 entre ambos acabó con una voladura de puentes.

Desde entonces el presidente ha buscado sistemáticamente la mayoría Frankenstein. Y en realidad tampoco la ha dejado de buscar en esta ocasión, como demuestra la enmienda pactada con Unidas Podemos como solución imaginativa a las demandas de ERC y el resto.