El comunista Enrique Santiago entra en la «cocina» de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Unidas Podemos ha metido al líder del PCE, Enrique Santiago, en el sanedrín de diputados que estudiará a fondo la proposición de ley orgánica con la que socialistas y morados quieren derogar, de facto, la Ley de Seguridad Ciudadana.

La inclusión de Santiago, bestia negra de policías y guardias civiles, ha provocado las quejas del PP y Vox. Puesto que el también secretario de Estado de la Agenda 2030 no es portavoz en la Comisión de Interior, sino vocal raso. Desde el grupo parlamentario popular hablan de «vergüenza».

Este martes la citada comisión se reunió a puerta cerrada para designar una ponencia, que es un grupo de diputados de todas las formaciones representadas en ella para estudiar a fondo un asunto y emitir un informe.

En este caso el informe será sobre la polémica reforma de lo que el Gobierno llama ley mordaza, a pesar de que la usó con profusión durante los confinamientos y toques de queda. Y también la viene utilizando para las devoluciones en caliente de migrantes (como cuando en mayo miles de marroquíes entraron ilegalmente por la frontera ceutí del Tarajal).

Lo habitual es que formen esa ponencia –que trabaja siempre en privado– los portavoces de los grupos en dicha comisión y los adjuntos, pero Santiago no lo es y aun así Unidas Podemos lo ha metido como parte de su cuota, junto con su portavoz, Ismael Cortés.

En ese reducido grupo estarán, además, Jon Iñarruti, de Bildu, Ana Belén Vázquez y Carlos Rojas, del PP, Macarena Olona, de Vox, David Serrada y Francisco Aranda, del PSOE, Miguel Ángel Gutiérrez, de Cs, Mikel Legarda, del PNV y María Carvalho, de ERC.

El grupo acordó volverse a reunir el 14 de diciembre y en enero empezará la tramitación de la proposición de ley orgánica. La idea del PSOE y Unidas Podemos es que la nueva ley esté aprobada antes de que acabe este curso. Entre otras cosas, y como ha venido contando este periódico, limitarán la presunción de veracidad del testimonio de los agentes, no existirá pega alguna para grabarlos y se reducirá el tiempo de identificación de seis a dos horas.

La presencia de Santiago en esa ponencia no precisamente templa gaitas con los sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles, que el próximo 27 de noviembre se manifestarán contra lo que la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) llama «Ley de rendición y sumisión del Estado de Derecho».