Llop abandera la digitalización judicial de la España Vaciada con 10 sistemas informáticos diferentes e incompatibles

Digitalización judicial de la España Vaciada a cualquier precio aunque ese precio sea que dependiendo del órgano al que afecte, o de su ubicación territorial, el sistema de gestión procesal elegido sea diferente. Hasta diez distintos acumula, actualmente, el Ministerio de Justicia, en las distintas demarcaciones e instituciones mientras la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunciaba en Teruel –en el marco de una de las seis mesas redondas organizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para hablar de despoblación– la transformación de los juzgados de paz en ventanillas únicas del Estado. 

Llop quiere que los tradicionales juzgados del rural se conviertan en puntos unificados donde los habitantes de las zonas más rurales y despobladas podrán realizar trámites, recibir notificaciones o acudir a juicios de forma telemática, sin tener que desplazarse. Pero la realidad en el día a día de la Justicia en España es que su Ministerio no ha abordado el problema que supone, en la práctica, la coexistencia de tantos sistemas incompatibles entre sí. 

La propia página web del Poder Judicial recoge, en un gráfico muy revelador el estado actual de la gestión procesal en nuestro país: Adriano en Andalucía, Atlante en Canarias, Avantius en Navarra, Cicerone en Valencia, Fortuny para el Ministerio Fiscal, Justicia.eus en el País Vasco, Libra (un nuevo desarrollo) para el partido judicial de Madrid, Minerva (compartido por el propio Ministerio de Justicia, Galicia y el resto de comunidades autónomas que no tienen uno propio), Themis II Justicia.cat en Cataluña y Verede en Cantabria. 

La función de dichas aplicaciones es la de permitir a los operadores jurídicos el acceso al histórico completo de los procedimientos judiciales de los que forman parte, incorporar los escritos de los abogados personados o la documentación aportada por instituciones públicas o entidades privadas, notificar a los procuradores a través de la plataforma Lexnet o enviar solicitudes de cooperación a otros órganos judiciales, entre otras. 

Sin embargo, son precisamente quienes tienen que utilizar a diario las herramientas quienes se lamentan por la falta de previsión del Ministerio que, históricamente, ha permitido que «cada comunidad autónoma con competencias delegadas en medios materiales y personales de la Administración de Justicia tenga su propio programa de gestión procesal, que no es compatible con los demás».

Es decir, «cuando cada CCAA comenzó a desarrollar su propio sistema, parece que ninguna pensó o promovió, ni tampoco lo hizo el Ministerio de Justicia, el desarrollo de un sistema común o al menos compatible para compartir la información, y ahora nos encontramos con el problema de programas plenamente desarrollados y en funcionamiento que no pueden compartir datos» lamenta la magistrada Amparo Salom. 

No en vano, en la Comunidad Valenciana, donde Salom es magistrada de Adscripción Territorial, se utiliza el programa Cicerone, mientras en Andalucía el Adriano, en Cataluña Temis y e-justicia.cat, en la zona del Ministerio (Madrid, Castilla, Asturias…) se usa Minerva, «y los médicos forenses el Melva o las Fiscalías el Fortuny y ninguno de ellos está conectado con los demás», apunta. 

Y añade cómo «en Valencia, además, contamos con un sistema de grabación de los juicios que permite compartir los vídeos con el juzgado o con las partes que intervienen en el proceso. Se llama Arconte y lleva incluido un sistema de videoconferencias para declaraciones o comparecencias, que funcionaba bastante mal. Eran muchos los problemas y dificultades prácticas cuando una declaración debía hacerse a través de este sistema, o bien no se veía la imagen, o el sonido se entrecortaba, o era muy difícil realizar la conexión». 

Con estos medios materiales, con una sobrecarga de trabajo generalizada, agravada tras el parón de la Justicia durante el confinamiento por Covid-19, a muchos de los actores jurídicos consultados por El Debate le parece un «imposible» que se pueda hablar de digitalizar la denominada España Vaciada. 

Además, la eliminación de los Juzgados de paz por una ventanilla única «por muy digitalizada que esté» y la creación, «en su defecto, de los denominados tribunales de instancia» que obligarán a los interesados a desplazarse hasta las capitales de provincia donde se prestarán los servicios de Justicia, a partir de entonces, provocará un vaciamiento todavía mayor del que se dice estar queriendo combatir», advierte la magistrada Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI).