El Supremo al borde del «colapso»: la Sala Civil suplica el nombramiento de cinco magistrados

La Sala de lo Civil del Supremo se ha sumado a las dificultades ya denunciadas por las Salas Cuarta de lo Penal y la Tercera de lo Contencioso-Administrativo, encargada de revisar los indultos del procés y los recursos contra las medidas autonómicas durante el segundo estado de alarma anulado por inconstitucional, y se lamenta de que, o se resuelven las carencias y se aborda el «indispensable» nombramiento de cinco magistrados «con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales» o se enfrentan a un riesgo real de «colapso» ante la «avalancha de asuntos» con los que se prevé cerrar el año. 

Así consta en un informe emitido por el presidente de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, respaldado por la Sala de Gobierno del Supremo en el Acuerdo del pasado 15 de noviembre. Según confirman fuentes judiciales a El Debate, Marín Castán ha dado traslado al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, de esta situación crítica para que valore designar algunos refuerzos en comisión de servicio. Lesmes también es el presidente del Consejo General del Poder Judicial cuya parálisis, impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, les impide hacer nombramientos discrecionales para las vacantes que se van produciendo (por fallecimiento, jubilación, renuncia o excedencia de sus titulares) en el Alto Tribunal. 

Marín Castán ha advertido de que sin incorporar estos cinco jueces, su Sala no será capaz de responder de manera «adecuada», sin retrasos innecesarios, a la «avalancha» de recursos que se están planteando durante los últimos meses y ha asegurado que no podrá asumir el incremento «si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación». Según ha precisado, estos cinco magistrados llegarían con la misión de completar a la Sala en la «preparación de proyectos de sentencias sobre cuestiones en las que haya doctrina jurisprudencial reiterada».

Retrasos y falta de jurisprudencia

El Consejo General del Poder Judicial ya se vio obligado a asumir, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar del Supremo, tras la retirada de su presidente, Carlos Melón Muñoz, que el pasado mes de octubre entró en situación de reserva y ante la imposibilidad del CGPJ de nombrar un nuevo titular para la vacante. La parálisis impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez al Consejo, como resultado de la reforma exprés de la LOPJ que recortó competencias al órgano prorrogado, está obligando a buscar fórmulas provisionales a su presidente, Carlos Lesmes, para evitar el colapso en el Alto Tribunal. 

Ahora, es el presidente de la Sala Civil el que suplica una respuesta ágil a la asfixia de recursos a la que se asoman con el «doble» perjuicio que ello supondrá para la Administración de Justicia. «No solo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que será ya inasumibles, sino que la dedicación de la Sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aporta a la formación de jurisprudencia», ha señalado Marín Castán en su informe. 

En el marco de su dictamen, el magistrado también ha recordado que la medida solicitada por su Sala tiene como precedentes las decisiones provisionales y de urgencia adoptadas para la Sala Tercera y Sala Cuarta del Supremo ante un escenario de consecuencias extraordinarias como las que actualmente atraviesa el Supremo. «Se acude a la misma fórmula en la confianza de obtener el mismo éxito que se alcanzó entonces», ha solicitado. 

Más causas, menos jueces

Según los datos oficiales, desde 2014, la Sala de lo Civil ha ido soportando «un claro y progresivo incremento» en el número de recursos de casación y extraordinarios de infracción procesal registrados, lo que ha supuesto un «aumento del número de asuntos pendientes de resolver».

«Si en 2020 hubo un registro general de entrada de 7.680 asuntos, en 30 de septiembre de este año hay registrados ya 8.163 y las previsiones a 31 de diciembre de 2021 alcanzarán los 11.224», ha señalado Marín Castán para llamar la atención a quienes pueden tomar decisiones. «Si el año 2019 se finalizó con una pendencia de 12.659 asuntos, al cierre de 2021 se elevará a 19.591, un incremento del 54,7%», ha denunciado. 

Además, Marín Castán ha asegurado que desde la Sala de lo Civil se han adoptado medidas de reorganización para hacer frente a la carga de trabajo, pero han resultado «insuficientes», teniendo en cuenta cómo a finales del año pasado cesaron por jubilación los magistrados Antonio Salas Carceller y Eduardo Baena Ruiz, y sólo se dio  cobertura a una de las plazas.

De ahí su insistencia en la imperante necesidad de aprobar la incorporación de los cinco magistrados de refuerzo al gabinete técnico de la Sala Primera.