Movilidad
El Gobierno también planea un impuesto «de alta cuantía» por aparcar en las ciudades
Las directrices del Ministerio de Transición Ecológica también hablan de ampliar las zonas para el estacionamiento regulado y subir su coste
El Gobierno continúa con su cerco al vehículo privado en las grandes ciudades. De hecho, a la medida de un posible peaje urbano para acceder a las urbes más pobladas (y contaminadas) del país, plantea sumar un «impuesto anual» de «alta cuantía» para los que pretendan estacionar en la calle.
Bajo la premisa de cumplir con la ley de Cambio Climático, un total de 149 municipios que superan los 50.000 habitantes en España están obligados a implantar zonas de bajas emisiones.
Para lograrlo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transición Ecológica, ha elaborado una serie directrices de las cuales pueden servirse los Ayuntamientos de estas localidades para mejorar la calidad del aire a través de las mencionadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Un impuesto anual por aparcar
En el documento elaborado por el MITECO, se habla de que el Sistema de Estacionamiento Regulado (SER) «puede constituirse como una herramienta eficaz para reforzar la implementación de una ZBE».
Pero estas áreas no permanecerían tal y como las conocemos ahora, ya que en las directrices se propone extender su ubicación, establecer un coste hora superior al billete sencillo de la red de transporte público y, atención, una tasa o impuesto anual de elevada cuantía para permitir estacionar en la calle.
Es decir, que aunque no se especifique, sería necesaria una inversión para monitorizar que se cumplen los objetivos marcados.
La llegada del peaje urbano
Las medidas que afectan al aparcamiento y estacionamiento de vehículos forman parte de un plan donde quizás la directriz que más polémica ha provocado ha sido la posibilidad de cobrar por entrar en esas ciudades.
«El acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje, cuya cuantía puede además variar en función de las condiciones del vehículo, en base al principio 'quien contamina paga' o de la congestión, en base al principio de 'el usuario paga' (pago por uso del espacio público en condiciones de exceso de tráfico)», reza el documento, tal y como recogió recientemente El Debate.