«La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana promueve el odio a la Policía»

A gentes de todos los cuerpos policiales de España se concentrarán mañana frente a las delegaciones del Gobierno para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada por socialistas, comunistas sobre las bases de la Proposición de Ley del PNV. Será el preámbulo de la previsiblemente manifestación masiva que tendrá lugar este sábado en las calles de Madrid.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, considera que «esta reforma promueve el odio a la Policía. Es como si extendiera la kale borroka que se vivió en el País Vasco y Navarra en los 90 a gran escala».

Así, el representante de la asociación de la Guardia Civil, denuncia la indefensión en que la reforma dejará a los agentes de los diferentes cuerpos policiales. «Las pelotas de goma siempre se han utilizado como último recurso para mantener alejados a los violentos», recuerda. «Si no permiten su utilización, nos lanzan al cuerpo a cuerpo».

En la misma línea, la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía, SUP, Mónica Gracia, considera que «deja vendidos a los policías. Se trata de una retahíla de propuestas irracionales, algunas de imposible cumplimiento, que coartan la operatividad de la policía y ponen en riesgo a los agentes».

Entre ellas, destaca, al igual que los demás sindicatos y asociaciones policiales, que «permitir que se celebren manifestaciones espontáneas, sin comunicarlas previamente ni advertir sus recorridos, atenta contra las libertades del resto de ciudadanos y pone en peligro a los policías obligados a intervenir. Para colmo, la limitación del uso de material antidisturbios anula su función disuasoria frente a los violentos y deja indefensos a los policías y de paso a los ciudadanos», apunta Mónica Gracia. 

España vaciada

Estos problemas pueden verse incrementados en la llamada España vaciada. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC, recuerdan que vienen reclamando una mayor atención a su situación en estas regiones. «La no comunicación de las manifestaciones puede ser aprovechada por grupos radicales en áreas donde no contamos con medios personales ni materiales», afirma el portavoz nacional de la AUGC, Pedro Carmona. 

También piden mayor concreción a la hora de limitar la utilización de material antidisturbios. «¿A qué llaman medios menos lesivos? ¿A ponerte delante de los violentos y que te agredan o lancen botellas?», se pregunta Pedro Carmona. El portavoz de la AUGC recuerda que llevan tiempo denunciando que «aumentan las agresiones a agentes y no tenemos medios jurídicos para defendernos».

Tampoco ven con buenos ojos la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana desde el sindicato Jupol, que reúne a agentes de la Policía Nacional. El portavoz, Pablo Pérez, recuerda que «con la nueva normativa, nos podrán grabar mientras impiden a los agentes que llevemos una cámara en el pecho para evitar precisamente la manipulación de las imágenes por parte de los antisistema».

Además, la secretaria general del SUP, añade que «suprimir la prohibición de grabar y difundir sin autorización imágenes de policías en su trabajo diario, supone un riesgo evidente para los agentes y sus familias, como ya ha quedado demostrado en alguna ocasión».

También los policías locales

Pero la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no afecta únicamente a la Policía Nacional y Guardia Civil. También se verán afectados los policías autonómicos y las policías locales. «Nos afecta menos en cuanto a las manifestaciones, pero en nuestro ámbito de competencias también nos vemos perjudicados por estos cambios», explica el portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal, Jesús Perales. Como ejemplo más clarificador, muestra los incidentes que especialmente en los últimos meses se han dado en botellones celebrados en toda España. «Los chavales nos pueden grabar, pero nosotros no podemos. Ellos graban la acción coercitiva pero nosotros no podemos grabar cómo esa persona nos lanzaba una botella, una piedra o agredía a cualquier persona o agente».

Del mismo modo, no ven bien que la cuantía de la multa se determine en función de los ingresos del denunciado. «Pensamos que la multa debe continuar determinándose en función de la gravedad del delito, no del dinero que gane. Si un chaval comete un delito, como sucede ahora, sus padres deberían acarrear con las consecuencias. No pueden salir impunes si su acción merece una multa», afirma Jesús Perales.