El Supremo reclama una ley que regule el pasaporte COVID con «certeza y seguridad»

La historia se repite. De nuevo, como ya sucedió con las medidas derivadas de la 'cogobernanza' decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el segundo estado de alarma, declarado inconstitucional, se suceden las discrepancias entre los tribunales regionales. Tras la sentencia con la que el Supremo avaló la implantación del pasaporte COVID como una medida objetiva y razonable para el control del repunte en los contagios, una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha denegado el uso del mismo en esta comunidad autónoma mientras Aragón, La Rioja y Navarra esperan una autorización judicial para arrancar con su aplicación. Ante este escenario múltiple, desde el Alto Tribunal reclaman una «legislación específica» que regule, de una vez por todas, esta situación dando a los ciudadanos y a las diferentes Administraciones «la certeza y seguridad que hacen falta». 

Fuentes próximas al Supremo se suman, así, una  reclamación generalizada en la que expertos de distintos ámbitos piden al Ejecutivo la aprobación de una norma idéntica en toda España tanto para la gestión de la crisis sanitaria, con todas sus aristas, como para la adopción de medidas concretas orientadas al control de la misma. Hasta la fecha, el pasaporte sanitario ha entrado en vigor en Baleares, Galicia y Cataluña como requisito sine qua nom para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno -y en la región que dirige Alberto Núñez Feijoo, también, para visitas a hospitales- con el respaldo de la jurisprudencia fijada por el Alto Tribunal para el caso gallego.

En aquella ocasión, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estimaron que el pasaporte Covid era una fórmula «adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales» vinculados a la restauración, la hostelería y el ocio nocturno. Y apelaron al «beneficio superior» del mismo «en de la reducción significativa de los contagios» frente al «sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local».  

Un precedente delicado 

Sin embargo, el varapalo de la Justicia vasca a las autoridades sanitarias de su comunidad autónoma que, en este momento, se sitúa como la segunda región de España con mayor incidencia por coronavirus, tras alcanzar los 300 casos con casi 200 hospitalizados, ha devuelto al debate jurídico y social la necesidad de que exista una normativa nacional común para todas las regiones.

No en vano, el Tribunal Superior de justicia de Aragón ya ha advertido al Gobierno de Javier Lambán que si aspira a implementar el pasaporte en su comunidad, por encima de los 179 casos, para el ocio nocturno y en los espectáculos de masas, tendrá que revisar el texto regulatorio a riesgo de incurrir en un «vicio de inconstitucionalidad» del mismo, en caso contrario. 

Por su parte, Navarra, que presenta la mayor incidencia de contagios de España, solicitará esta semana que se exija el certificado para entrar en pubs y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 50 comensales, locales de ocio nocturno y eventos multitudinarios en interiores en los que se autorice el consumo de comida y bebida.  El crecimiento de los ingresos hospitalarios, pese a que se mantiene controlado, se sitúa en un riesgo extremo que ha llevado al Gobierno de María Chivite a querer anticiparse. 

El Ejecutivo riojano consultará esta misma semana a su Tribunal Superior antes de tomar una decisión sobre el polémico documento sanitario para saber si es posible  exigirlo o no. 

En cuanto a la Comunidad Valenciana, también se ha unido a las regiones que apoyan el uso del pasaporte COVID y ya ha anunciado que está desarrollando la normativa necesaria para regular la necesidad de exhibirlo antes de  entrar en determinados espacios.