Delgado da una plaza a la mujer de un fiscal afín saltándose a más de 1.000 candidatos porque habla catalán

La titular del Ministerio Público ha designado a una fiscal barcelonesa, Olalla Vázquez Moraga, para cubrir una vacante en el seno de la Inspección pese a que, según apuntan a El Debate fuentes próximas al Departamento que dirige Delgado, «lo habían pedido compañeros con 1.000 puestos por encima en el escalafón, en una carrera de 2.500 números». No sólo eso, la controvertida justificación oficial dada por la Fiscalía es que la designación «supone enriquecer la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado con fiscales especializados y provenientes de territorios con lengua cooficial». Esto es, en este caso concreto: catalán.

No en vano, Vázquez Moraga es la mujer del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, a quien Delgado se trajo desde Barcelona para incorporarse como número dos de la división técnica. Además, ambos son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que Delgado fue miembro cuando era fiscal. 

La exministra socialista hacía público el nombramiento en el comunicado emitido al término del Pleno del Consejo Fiscal celebrado el pasado 24 de noviembre: «De entre los 16 aspirantes se ha optado por la proposición de Doña Olalla Vázquez Moraga, destinada actualmente en la fiscalía provincial de Barcelona». Accedió a la carrera fiscal en 2004 y ha desarrollado toda su vida profesional en Barcelona donde ha residido con el que es su marido y también fiscal hasta que fue reclamado para ocupar un destacado puesto en la Secretaría Técnica de la Fiscalía. 

La designación de la hasta ahora fiscal decana de El Prat de Llobregat y «especializada en derecho administrativo» a la Inspección de la Fiscalía General del Estado «supone enriquecer con fiscales especializados y provenientes de territorios con lengua cooficial. Su preparación en idiomas y conocimiento actualizado del derecho administrativo ha sido determinante en la elección», reza el texto aprobado por Dolores Delgado. 

Sin embargo, fuentes próximas a la Fiscalía apuntan a cómo en «concurso ordinario, por su juventud, ninguno de ambos habría llegado a los puestos que se les han asignado» y cómo lo escandaloso, también, es que dicha plaza «la habían pedido varios compañeros, un total de 16, con un número mejor, en hasta 1000 posiciones, en la carrera», han añadido. 

Y todo ello se produce en un momento en el que la credibilidad de Dolores Delgado se encuentra en entredicho permanente. Tal es así que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la representación de la carrera con cinco vocales en el Consejo, acaba de pedir su dimisión denunciado a través de su presidenta, Cristina Dexeus, que «la independencia de la Fiscalía está en riesgo motivado por el nombramiento como FGE de una figura que ha ejercido responsabilidades políticas de máximo nivel como el ser diputada de un partido político». «Un hecho», ha añadido Dexeus, «que genera mucha suspicacia en la sociedad ya que la neutralidad de la institución queda muy comprometida». 

En el marco del XXIII Congreso de la entidad profesional, que ha tenido lugar este fin de semana en Zaragoza y en el que no estuvieron presentes ni Dolores Delgado ni la ministra de Justicia Pilar Llop, Dexeus ha vuelto a recriminar «la falta de transparencia de la FGE tras el episodio vivido esta semana en el que nuestros vocales pidieron información sobre las diligencias que le abrieron al compañero Ignacio Stampa y tras esta petición se les ha denegado dicha documentación». 

No creen a Delgado

El llamado caso Stampa irrumpía en el Consejo Fiscal de este miércoles. La propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se encargaba de abrirle la puerta del Pleno a la última polémica en la que se ha visto envuelta tras exigirle los fiscales que explicase las informaciones que la señalaban como la responsable de la salida del fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, de Anticorrupción. 

Sin embargo, la versión de Delgado, lejos de convencer a los miembros de la carrera, ha confirmado «su falta de credibilidad ante la opinión pública». Así lo manifestaban los vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales (AF) en un durísimo comunicado al que tenía acceso El Debate. 

«Somos conscientes de la preocupación generalizada de toda la Carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia Institución. Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema», denunciaron.

Los consejeros electivos de la AF que, hasta la fecha, habían  mantenido un perfil bajo en el asunto «fundamentalmente, con objeto de tener mayor conocimiento de causa sobre lo acontecido partiendo de las explicaciones que pudiéramos recibir y la eventual documentación puesta a nuestra disposición», no han dado veracidad a la intervención de la fiscal general en su última intervención en el Consejo.