El PP frena la reforma de la Constitución que abriría la puerta a un referéndum

El PP ha colocado un dique de contención en el Congreso para impedir que el Gobierno de coalición abra el melón de la reforma de la Constitución. Una operación que los populares consideran «peligrosísima» –en palabras de su portavoz, Cuca Gamarra– teniendo Pedro Sánchez como socios a Unidas Podemos y los independentistas vascos y catalanes.

Los de Pablo Casado mantienen bloqueada en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja el anteproyecto de la reforma del artículo 49 de la Carta Magna. Éste fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo y, entre otras cuestiones, suprime el término «disminuido» y lo cambia por «personas con discapacidad».

Los populares creen que el artículo 49 es el caballo de Troya para entrar en el edificio constitucional

Sin embargo, los populares sospechan que el artículo 49 es solo un caballo de Troya con el que la mayoría Frankenstein pretende entrar en el edificio constitucional, que ahora cumple 43 años. Y a partir de ahí dinamitar sus pilares. Empezando por la Monarquía Parlamentaria.

Ante el plante del PP, el pasado miércoles el grupo parlamentario socialista se vio obligado a solicitar una nueva prórroga del plazo de presentación de enmiendas parciales en la Comisión Constitucional por una semana más. Y ya van 18 prórrogas.

La reforma requiere obligatoriamente el voto favorable del PP, porque Sánchez necesita una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras para su aprobación. Igual que sucede con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Nada que hablar

Gamarra adelanta a El Debate que no van a moverse ni un ápice, y menos después de que el Gobierno se haya retratado nuevamente junto a los «gánsteres» de Bildu y Esquerra con motivo de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2022.

La portavoz del PP denuncia que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ni siquiera les ha llamado para negociar. Reconoce que negarse a cambiar la Constitución para algo tan a priori loable como es suprimir el término «disminuidos» puede provocarles un «desgaste». Pero añade que están dispuestos a asumirlo.

Gamarra esgrime a su favor el dictamen que el Consejo de Estado emitió en febrero de 2019, en el que ponía de manifiesto lo «relevante» que para el órgano consultivo era el hecho de que la reforma contara con «un apoyo generalizado de los grupos parlamentarios». El Consejo de Estado recordaba un asunto clave: «Aprobada la reforma por las Cortes Generales, deberá ser sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras».

Es decir, que si el PP votara a favor de la reforma en las Cortes, 35 diputados bastarían para pedir un referéndum… y a saber cuál sería el alcance de esa consulta. En el PP se malician que ninguno bueno. Solo el grupo de Unidas Podemos tiene 34 escaños (en realidad son 35, pero la formación ha renunciado a cubrir la vacante de Alberto Rodríguez).

El dictamen del Consejo de Estado

El debate sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución llegó al pleno del Congreso el pasado 30 de septiembre, porque el PP y Vox presentaron sendas enmiendas a la totalidad del anteproyecto aprobado del Gobierno.

No salieron adelante, pero las portavoces del PP y Vox, Isabel Borrego y Macarena Olona, hicieron alusión al dictamen del Consejo de Estado y a lo que había ocurrido el 20 de mayo en la Comisión Constitucional. Aquel día la entonces vicepresidenta Carmen Calvo presentó el anteproyecto que el Consejo de Ministros había aprobado el día antes y sus socios asomaron la patita.

El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello habló de cambios constitucionales profundos

El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello no ocultó las intenciones de su grupo, con el agravante de que es parte del Gobierno de coalición. «Aquí hacen falta cambios constitucionales profundos que permitan blindar esos derechos sociales y ambientales, que permitan blindar la supervivencia de la vida en el planeta y poner límites y colocar bozales a los poderes salvajes del Estado y a los poderes salvajes del mercado».

El diputado del PNV Mikel Legarda avisó de que «inevitablemente» esta reforma abriría otros debates. Y citó los artículos 1 y 2 de la Constitución, que versan sobre la Monarquía parlamentaria y la indisoluble unidad de la nación española. También de la reforma del Título VIII, que articula la organización territorial del Estado. Y habló asimismo de la convocatoria de un referéndum. «Es una cuestión que creemos que quizá requiere una reflexión con vista más panorámica, en gran angular, y no con teleobjetivos», señaló Legarda.

La parlamentaria de ERC Carolina Telechea, por su parte, se quejó de que la Constitución fue aprobada «en medio de un ensordecedor ruido de sables» y puso la mira en la Corona: «¿Por qué se niega el Gobierno a dar explicaciones sobre las actividades de la Casa Real, la familia real y el rey emérito? ¿Considera que es propio de una democracia plena el escudo de opacidad que les protege? ¿Considera que las Cortes Generales deberían poder ejercer su función de control político sobre la Corona?», se preguntó.

La propia Calvo sostuvo: «Creo que somos muchos quienes pensamos que las constituciones no pueden estar sacralizadas de manera inmóvil, de forma intocable, ni tampoco lo contrario, sometidas a los vaivenes constantes de la política cotidiana, por cuanto es el texto normativo que ordena a todas las demás leyes, ordena también todo nuestro sistema político y, en definitiva, toda nuestra fórmula de convivencia». Y añadió: «Digamos de una manera equilibrada que la mejor forma de respetarla, además de cumplirla, es actualizarla en aquellos elementos en los que seguramente estemos en un consenso y en un acuerdo importante». Pero es que consenso no hay.