El PSOE endurece aún más la pena de cárcel contra los provida por exigencia de Podemos

La reforma del Código Penal para castigar con penas de cárcel de entre tres meses y un año a los provida que acuden a las inmediaciones de las clínicas abortistas será más dura de lo ya inicialmente previsto.

Durante el trámite de enmiendas parciales en el Congreso, el PSOE ha pactado con Unidas Podemos un cambio sustancial en la redacción de la proposición de ley orgánica inicialmente presentada por los socialistas, por exigencia de sus socios morados.

Con la nueva redacción, ya ni siquiera hará falta que se trate de un grupo de personas que se junta para rezar, repartir folletos o hacer una vigilia. Una persona sola también podrá ser denunciada por este tipo penal nuevo que va a crearse, exprofeso, contra los provida. Y al que el PP y Vox se oponen frontalmente. No así Ciudadanos; tampoco, ni siquiera, el PNV.

El antes y el después

El apartado primero del artículo 172 quater del Código Penal (el que será objeto de reforma) quedará finalmente así tras el acuerdo entre los dos socios de gobierno: «El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».

En la redacción inicial, ese apartado primero se circunscribía a los provida que estuvieran «promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones». En concreto era éste: «El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».

El cambio es cualitativo, aunque los socialistas se limitan a justificarlo en una «mejora técnica». Y, además, la enmienda añade un apartado nuevo para blindar también a los responsables y personal sanitario de esas clínicas. Éste: «Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los facultativos o directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo».

Los siguientes dos apartados se mantienen intactos: «Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años». Y: «Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».

Esta polémica reforma del Código Penal continúa su tramitación parlamentaria a gran velocidad y estará aprobada y en vigor en cuestión de meses. Ello en contraste con otras iniciativas legislativas que llevan muchos meses, años incluso, atascadas en el Congreso.

Ya se ha cerrado el plazo de enmiendas parciales y ahora se tiene que constituir una ponencia de diputados dentro de la Comisión de Justicia que se encargará de redactar un informe. Pasarán por la Comisión los expertos que el PSOE y Unidas Podemos quieran –y solo si quieren, que para eso tienen la mayoría– y después se votará en Pleno. De ahí al Senado.

Como ha venido informando El Debate, los socialistas están utilizando un atajo para acelerar los tiempos, el mismo que en su día con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. La iniciativa se está tramitando como proposición de ley orgánica del grupo parlamentario socialista y no como proyecto de ley orgánica del Gobierno.

La primera opción habría conllevado que el Ministerio de Justicia elevara un proyecto de ley orgánica al Consejo de Ministros, la apertura de un plazo de consulta pública, la petición de informes a los órganos consultivos del Estado (no preceptivos pero sí recomendables)… Todo antes de enviar la reforma al Congreso.

La segunda, por el contrario, evitará que la reforma tenga que pasar por el Consejo de Ministros: su tramitación ha empezado directamente en el Congreso.

Los socialistas niegan que hayan querido atajar, sino simplemente «aprovechar» el trabajo que ha hecho el grupo parlamentario socialista en el Congreso durante los dos últimos años. En este tiempo, sus responsables se han reunido, entre otras, con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero en ningún momento con las asociaciones provida.

Estas últimas convocaron una concentración el pasado domingo en la Puerta de Alcalá secundada por cientos de personas, bajo el lema «Cada vida importa». Allí contaron su experiencia varias madres que pensaron en abortar y finalmente siguieron con sus embarazos tras encontrar apoyo. Eso es precisamente lo que defienden los provida, que siempre hay otro camino.