La Asociación de Fiscales insiste con otra demanda para lograr su plan de prevención laboral

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha cumplido su palabra. El Debate ha tenido acceso en exclusiva a la nueva demanda que presentarán los fiscales, incluyendo entre sus partes demandadas no sólo a la cartera ministerial de Pilar Llop y al órgano de Dolores Delgado, sino también a las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia, estas son; Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Canarias y La Rioja. La reclama de los letrados públicos es en consecuencia satisfecha por los fiscales con esta demanda. La vista tendrá lugar el próximo 19 de enero del 2022.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado sortearon el primer trance planteado en la Audiencia Nacional, por la demanda presentada por la APIF, quien reclamaba un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para los miembros de la carrera fiscal. El magistrado rechazó la petición de los fiscales por no incluir como demandadas a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia. Ahora, los fiscales contraatacan con la presentación de una nueva «por prudencia procesal».

Inclusión de las regiones

Como se explica en la demanda facilitada a este medio, «las Comunidades Autónomas» con competencias en Justicia detentan «obligaciones en relación a la seguridad en el trabajo de los fiscales». En concreto, con los «riesgos derivados de las instalaciones de su titularidad en la que se prestan los servicios de la Fiscalía».

Reconocimiento pretendido

La asociación de fiscales desea «un pronunciamiento judicial que declare que los fiscales carecen» en la fecha de interposición de la demanda, «de protección real y efectiva de riesgos laborales por parte de las administraciones demandadas», incluyendo, entre otros, riesgos laborales de carácter psicosocial o a funcionarios enfermos o vulnerables, como mujeres embarazas; o mayores. Una situación de desprotección que según la carrera fiscal se ha venido prolongando «a lo largo de 26 años».

El instrumento de 2014

Como ya les informábamos desde este medio, la Abogacía del Estado concurrió al acto de conciliación del pasado 19 de octubre alegando que si bien no existe un Plan como tal «sí hay un instrumento» en el que se incluyen medidas de protección para tratar de evitar el juicio. 

Pues bien, los fiscales subrayan en esta nueva demanda que el citado 'Manual de Prevención de Riesgos laborales' de 14-XII2014 aplicable tanto al personal de la Administración de Justicia como al Ministerio Fiscal «se ha convertido en un instrumento inidóneo» para prevenirles de los riesgos derivados del trabajo, pero también la «excusa o tapón para que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado abdiquen de sus obligaciones» para con los fiscales en materia de prevención de riesgos laborales. 

El plan de 2014 obvia la responsabilidad del Ministerio Fiscal en la seguridad y la salud de los fiscales"

En el texto de la demandante se explica que dicho Plan solo aborda la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de «obligación ministerial» pero obvia «la responsabilidad del Ministerio Fiscal» en la seguridad y salud de los fiscales. Además, este órgano «actúa con autonomía funcional» por lo que la asociación de fiscales entiende que «el Ministerio de Justicia mal puede prevenir» estos riesgos laborales. 

Los fiscales están totalmente discriminados , en relación, por ejemplo, con sus compañeros de la Carrera Judicial"

Entre otros aspectos, se denuncia que el manual no prevé la representación de los fiscales en los órganos donde se deciden las medidas para su salud laboral o para recibir información sobre la misma. «Totalmente discriminados (los fiscales), en relación, por ejemplo, con sus compañeros de la Carrera Judicial», apuntalan. «Los Delegados de Prevención no son fiscales, los Comités de Seguridad y Salud no cuentan con representación de fiscales», agregan.

Anulación del Manual

Por todo lo anterior, los fiscales solicitan que se anule el Manual de 2014 y sus modificaciones y que se declare que el Ministerio Fiscal, como administración, carece de un Plan de prevención de riesgos laborales propio, al menos, hasta la fecha de la demanda y se condene a las administraciones a adoptar uno en el plazo de 2 meses. Por supuesto también, que se declare el incumplimiento de los demandados con su obligación de proveerles con instrumentos de protección en materia de riesgos laborales.