Las cartas privadas entre Puigdemont y Von der Leyen revelan el hartazgo de la UE con el expresident

El predicamento del eurodiputado Carles Puigdemont en la Comisión Europea es escaso. Su influencia, nula. El hartazgo en Europa con él, mucho. Así lo demuestran los 33 documentos que acaba de desclasificar la institución que preside la alemana Ursula von der Leyen.

Todos ellos constituyen la correspondencia privada de los dos últimos años entre la jefa del Ejecutivo de la UE y el expresidente de la Generalitat y prófugo de la justicia española. Un intercambio de misivas en el que también participan los otros dos eurodiputados de JxCat huidos, Toni Comín y Clara Ponsatí. 

El Debate ha tenido acceso a toda la documentación a raíz de la respuesta de la Comisión a un ciudadano español llamado Sergio P. S. que la había solicitado a través del portal de transparencia europeo.

Carta tras carta, Von der Leyen insiste reiteradamente en el respeto de la Comisión Europea al «orden constitucional español, incluidas las decisiones del poder judicial español». Y en la confianza en «las instituciones españolas y todas las fuerzas políticas que están trabajando hacia una solución en el marco de la Constitución española».

Son respuestas con las que la presidenta de la Comisión Europea da largas una y otra vez a Puigdemont, para desesperación y enfado de éste: «La Comisión ha decidido, por motivos políticos, ignorar sistemáticamente cualquier violación del Estado de Derecho o de los derechos fundamentales procedente de España», denuncia el expresidente de la Generalitat en una de sus cartas, fechada el pasado 4 de enero.

El inicio de la correspondencia

El carteo comenzó el 20 de enero de 2020 con una misiva firmada por Puigdemont, Comín y Ponsatí en la que se quejaban a Von der Leyen de que Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, se refiriera a ellos como «auténticos delincuentes, en flagrante vulneración de lo previsto en la Directiva Comunitaria 2016/343 de Presunción de Inocencia».

Apenas 10 días después, la alemana les respondió por primera vez que sus quejas no tenían base alguna. «Respetamos plenamente la independencia de los jueces. Además, no hacemos comentarios sobre los procedimientos judiciales en curso. Las observaciones formuladas por el alto representante y vicepresidente de la Comisión se ajustan plenamente a los principios mencionados».

En esa ocasión, la presidenta de la Comisión se dio mucha prisa en contestar. Pero a medida que fueron pasando los meses y se dio cuenta de lo insistentes que podían ser Puigdemont y sus dos exconsejeros, Von der Leyen fue espaciando las respuestas. Incluso delegando alguna de ellas en el comisario de Justicia, Didier Reynders, por quien los independentistas catalanes no tienen –tampoco– ninguna simpatía.

El 31 de julio de 2020, los tres independentistas enviaron una carta a la alemana denunciando el «espionaje a la minoría catalana por parte de los españoles», a propósito de una información publicada por El País (entre otros) sobre el hallazgo de Pegasus, el programa espía de WhatsApp, en los móviles de algunos políticos independentistas. 

«Esperamos que la Comisión Europea esté a la altura de las circunstancias y actúe activamente», le decían. Ella se tomó cuatro meses para responder, hasta que finalmente lo hizo el 30 de noviembre del año pasado. Y nada más que para dar otra larga cambiada: «El seguimiento y cumplimiento de la aplicación de la legislación de la UE en materia de protección de datos […] están principalmente dentro de la competencia de autoridades y tribunales nacionales».

A partir de diciembre de 2020, Puigdemont y sus dos escuderos fueron subiendo el tono de sus quejas por las respuestas de Von der Leyen y Reynders, todas ellas aludiendo al conflicto catalán como un «asunto interno» de España. «El concepto 'asunto interno' es algo absurdo en sí mismo, porque todas las infracciones del Estado de Derecho dentro de la UE obviamente siempre se producirán dentro de un Estado miembro», replicaron ellos el 4 de diciembre del año pasado.

Durante 2021, la presidenta de la Comisión Europea ha enviado tres misivas a Puigdemont a cual más tajante. El 1 de febrero le recordó: «La Comisión no tiene poderes generales para intervenir en casos penales individuales, ni está en condiciones de examinar cómo las autoridades judiciales de los Estados miembro resuelven casos individuales». Y le insistió en que el gobierno de la UE no tiene competencias para inmiscuirse en «cuestiones relacionadas con el reconocimiento de la condición de las minorías, su autodeterminación y la autonomía».

El 22 de marzo se lo dijo de otra manera: «Tenga la seguridad de que la Comisión Europea sigue comprometida con la defensa del Estado de Derecho y continuará trabajando con las autoridades de los Estados miembro, incluida España».

Y el 31 de marzo ya empezó a dar muestras de su hartazgo: «La Comisión no tiene ningún motivo para creer que los valores mencionados en el artículo 2 del Tratado de la UE no son respetados plenamente en España. Como ya indiqué en mi respuesta anterior, la Comisión respeta el orden constitucional español, incluidas las decisiones del poder judicial español, y confía en que las instituciones españolas y todas las fuerzas políticas estén trabajando por una solución en el marco de la Constitución».

La comunicación entre Von der Leyen y los tres eurodiputados independentistas se interrumpió el pasado 24 de agosto. De esa fecha data la última misiva enviada por la germana, a propósito de una queja de ellos sobre el hecho de que los productos europeos no se etiqueten también en catalán. «La Directiva sobre derechos del consumidor (2011/83 / UE) deja en manos de los Estados miembros definir las lenguas que se utilizarán en la etiqueta», zanjó ella.

Un mes después, Puigdemont fue detenido en Cerdeña en función de la euroorden del juez Pablo Llarena. A día de hoy, el Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado devolverle la inmunidad total, como también a Comín y Ponsatí. El vodevil judicial continúa.