El Gobierno obligará a las editoriales a incluir la «represión franquista» en los libros de texto

El Gobierno quiere obligar a las editoriales a que modifiquen los libros de texto e incluyan en ellos «la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura». No solo en los libros, sino también en el resto de materiales didácticos que utilizan los escolares españoles a partir de 12 años.

Así lo han pactado los dos socios, el PSOE y Unidas Podemos, en las enmiendas parciales que han presentado conjuntamente a su propio proyecto de Ley de Memoria Democrática, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de julio para después enviarlo al Congreso. Donde se encuentra en la actualidad.

Inicialmente, el texto salido del departamento de Félix Bolaños en verano preveía en su artículo 44 actualizar los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato (deja al margen Infantil y Primaria). De manera que incorporaran «el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas».

Eso y, en un segundo apartado, planes de formación inicial y permanente del profesorado «en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática».

A Unidas Podemos le sabía a poco la redacción inicial del artículo 44

Pero a Unidas Podemos le sabía a poco. Así que ha acordado con el PSOE dar una vuelta de tuerca más y plasmar por escrito que será obligado «desarrollar en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura».

La enmienda con la firma de ambos grupos parlamentarios incorpora un segundo añadido: las administraciones educativas no solo habilitarán planes de formación para el profesorado, sino que además impulsará en la comunidad educativa «el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».

Según justifican socialistas y morados, era necesario «garantizar que las medidas en materia educativa sean eficaces corrigiendo la falta de materiales especializados y la desproporción en el tiempo dedicado a este periodo histórico».

Esperando a Esquerra

Actualmente, el proyecto de Ley de Memoria Democrática se encuentra encallado en el Congreso, a la espera de que el Gobierno consiga el apoyo de sus socios de ERC. Los de Gabriel Rufián la consideran poco ambiciosa y exigen que se derogue, además, la Ley de Amnistía de 1977.

Si finalmente la ley se aprueba este curso parlamentario, la intención del Ministerio de Educación y Formación Profesional es incluir la Memoria Democrática en el curso 2022-2023, aunque el tiempo se le echa cada vez más encima.

Según informó El Debate a mediados de octubre, esta vez no será una asignatura en sí como la polémica Educación para la Ciudadanía de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que impregnará varias. Entre ellas, y según fuentes del departamento, Educación en valores Cívicos y Éticos (de nueva creación tras la aprobación de la nueva Ley de Educación en diciembre de 2020) y Geografía e Historia.

El Ministerio de Educación está trabajando desde hace meses en la actualización de los currículos básicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, que fueron reformados por última vez en 2014. Se trata de una tarea que emprendió la anterior ministra del ramo, Isabel Celaá, y que tiene la misión de culminar su sucesora, Pilar Alegría. Los de Infantil y Primaria quedarán al margen de cualquier modificación que tenga que ver con la Memoria Democrática.

El PP y Vox se malician que esta ley traerá más «adoctrinamiento» a las aulas; como en su día la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que Zapatero impulsó para «formar ciudadanos libres y responsables», según la ley educativa aprobada en 2007, y que luego fue derogada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La «lista negra» y un Centro de Memoria

Entre las nuevas enmiendas pactadas por los dos socios al proyecto de ley también figura una primera lista negra de 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 y que serán suprimidos por «exaltar el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial», como ya ha contado este periódico.

Socialistas y morados han acordado, además, la creación de un Centro de la Memoria Democrática para la «salvaguarda de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

Como también el reconocimiento de que las víctimas de la guerra y la dictadura definidas en la ley tienen derecho a «la reparación integral por parte del Estado». Incluido al «resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura». Aunque esto último dependerá de un desarrollo legislativo posterior.