Un Gobierno de cuotas, cuotos, cuotes y baja productividad

La imagen se convirtió en un símbolo del Gobierno mastodóntico que acaba de crear Pedro Sánchez. Al comienzo de la legislatura, durante el habitual traspaso de carteras, María Luisa Carcedo no sabía en qué manos poner la suya.

Había sido ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el primer gabinete de Sánchez, un Ministerio que quedó partido en tres por exigencias del guion. El guion del presidente y su recién estrenado socio, Pablo Iglesias.

Este último se quedó con Derechos Sociales y Agenda 2030, un nombre tan rimbombante que la serigrafía ocupó tres líneas en la cartera de piel negra que se les entrega a los ministros. El líder de IU, Alberto Garzón, con Consumo. Y a Salvador Illa le dijo el presidente que para él Sanidad porque ahí iba a tener poco trabajo y así podría compatibilizarlo con la Secretaría de Organización del PSC (lo de la pandemia fue después).

En la última legislatura de Mariano Rajoy eran él y once ministros. Con Sánchez, él, más 22 ministros. Total: 23 miembros, una cifra solo comparable en democracia a la del primer Gobierno constitucional, que contaba con Adolfo Suárez y 23 integrantes más. Entonces era 1979 y todos los miembros del Gabinete eran hombres.

A punto de llegar al ecuador de la legislatura, el presidente podría haber aprovechado la salida de Manuel Castells para devolver Universidades al Ministerio de Ciencia e Innovación (donde estuvo entre 2018 y 2020). O a Educación y Formación Profesional. No en vano, nunca hasta la llegada de Unidas Podemos al Ejecutivo hubo un Ministerio de Universidades.

Nunca antes del Gobierno de coalición hubo un Ministerio de Universidades

Pero ello habría supuesto menos cuota de poder para los de Yolanda Díaz, porque obviamente una secretaría de Estado, o una dirección general, no es lo mismo que un Ministerio. Ni tiene el mismo presupuesto. Así que todo lo que hizo Sánchez fue dejar que los Comunes –Ada Colau– eligieran sustituto y él hacer una breve declaración en La Moncloa para agradecer a Castells su «dedicación».

Bien avanzada la segunda legislatura, en octubre de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero eliminó los Ministerios de Vivienda e Igualdad para predicar con el ejemplo cuando la crisis daba ya feroces dentelladas. El Ejecutivo pasó de 17 a 15 miembros. Y Beatriz Corredor y Bibiana Aído cambiaron el estatus de ministras por el de secretarias de Estado.

Todo lo que ha hecho Sánchez hasta ahora es eliminar una vicepresidencia, la que ocupaba Carmen Calvo, de forma que ahora hay tres y no cuatro. Pero ello no ha afectado al número de Ministerios. El truco está en que su sucesor, Félix Bolaños, es solo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, no también vicepresidente.

Tras la gran remodelación del pasado verano en el ala socialista y los relevos de Iglesias y Castells en el ala morada, queda claro que Sánchez no tiene intención de reducir equipaje en lo que queda de legislatura. No solo para que Unidas Podemos mantenga su cuota, sino, sobre todo, para que esa cuota siga estando diluida en la cuota mayor (cuatro veces mayor) del PSOE.

«Hoy no tenía que haber habido un relevo, sino que se tendría que haber reducido un Gobierno que tiene 22 Ministerios y que está al servicio de una coalición, como es Podemos, compuesta por tantos partidos...», señaló el viernes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Ministerios de mínimos

Hace unas semanas, Vox llamó a Garzón el «ministro florero» por gastarse el dinero en una campaña de juguetes, en lugar de buscar soluciones a la subida de la luz. El problema de fondo, más allá de la burla, es la escasa productividad de unos Ministerios casi vacíos de contenido, como lo son los de Unidas Podemos. Al menos en términos legislativos.

Castells se ha marchado con el proyecto de ley orgánica del Sistema Universitario empantanada y el contador a cero, pero es que Irene Montero tampoco puede presumir. Se suponía que iba a ser un Ministerio hiperactivo, pero hasta la fecha las Cortes han aprobado una única ley de Igualdad, la de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Y porque en realidad es fruto de la convalidación de un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2020, en los primeros azotes de la pandemia (por tanto no siguió la tramitación habitual).

El pasado jueves, durante el Pleno, Montero charlaba de manera informal con un grupo de periodistas en el patio del Congreso. A punto de concluir su segundo año como ministra, en la conversación salieron las leyes del Aborto, la Libertad Sexual y la del colectivo LGTBI y Trans. Y en todos casos la respuesta fue parecida: estamos en ello.

Se suponía que Igualdad iba a ser un Ministerio hiperactivo, pero es todo lo contrario

La más avanzada es la Ley sobre la Libertad Sexual, que las feministas de Montero llaman «ley del solo sí es sí». La ministra fantasea con tenerla aprobada definitivamente para el próximo Día de la Mujer (el 8 de marzo). Para entonces llevará 26 meses como titular de Igualdad.

Cuando Iglesias salió del Gobierno en marzo, en la cartera solo llevaba, aprobada, la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, también llamada Ley Rhodes (como el pianista). Pero en octubre el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad de Vox contra ella por vulnerar la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Su sucesora en el Ministerio de Derechos Sociales, Ione Belarra, se apresuró el jueves a felicitarse por la aprobación definitiva de la ley del ingreso mínimo, un subsidio que fue aprobado al comienzo de la pandemia. También ésta es fruto de la convalidación de un real decreto ley.

Ahora Belarra ha suscitado un incendio, no menor, en el Gobierno con el anteproyecto de la ley de Protección Animal y su criminalización de la caza.

En el caso de Garzón, su contador legislativo también está a cero dos años después. A principios de esta semana, el grupo parlamentario popular en el Congreso registró una proposición no de ley pidiendo la supresión del Ministerio de Consumo porque es un cascarón vacío mantenido por «razones estrictamente políticas», según el grupo de Cuca Gamarra.

Tiene pendiente la Ley de Servicio de Atención al Cliente y la de Regulación del Juego, a las que les queda por delante un largo trámite parlamentario. Y mientras, Garzón se entretiene llamando a los juguetes a una huelga general.