La ley obliga a Marlaska a explicar el montaje que hizo para proteger a Iglesias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deberá desvelar el montaje que impulsó para proteger a Pablo Iglesias de uno de los episodios más polémicos protagonizados por el exlíder de Podemos, en un momento bien delicado: las elecciones autonómicas en Madrid, en las que el Gobierno de España puso toda la carne en el asador para intentar evitar la victoria de Isabel Díaz Ayuso.

En aquel mes de mayo, la tensión en Madrid se elevó como nunca, con denuncias de distintos ministros, incluyendo a Marlaska, en las que relacionaron con la «ultraderecha» la recepción de cartas con balas o navajas para amenazarles de muerte.

De aquello nada más se supo, y lo que se supo dejó en muy mal lugar el intento de adjudicar los hechos a los rivales políticos: o nunca se llegó a identificar a los autores de los envíos, que también llegaron a Ayuso, o se localizó al responsable de uno de ellos –la navaja que recibió la ministra socialista Reyes Maroto–, un esquizofrénico que firmó su carta y puso su dirección en el sobre.

El único episodio real de violencia política, en realidad, lo protagonizó Podemos contra Vox, con la participación de dos «empleados» del partido en los altercados ocurridos en un mitin del partido de Abascal que el Ministerio de Interior intentó tapar, escondiendo durante quince días la identidad de los detenidos para no dañar la imagen del hasta hace poco vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa es la conclusión de una resolución firme del Consejo de Transparencia que, a instancias de El Debate, ha obligado a Marlaska a explicar todos los detalles de la «operación» policial que dio cobertura a Podemos en lugar de a Vox.

El fallo al que ha accedido El Debate, con número 472/2021 y fechado el pasado 12 de noviembre; es contundente al respecto e incluye expresamente, incluso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De manera literal, impone a Marlaska lo siguiente:

«Copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, en virtud de la cual el ministro del Interior tuvo conocimiento de la detención de personas pertenecientes al personal de seguridad del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid e informes existentes o relevantes del Cuerpo Nacional de Policía por el que se recomendara o aprobara la comunicación pública de tales hechos días después de la comisión de los hechos acaecidos».

Y le añade, atendiendo a la reclamación de este periódico para acceder a todo el expediente, una obligación extra con alcance en Moncloa: «Comunicaciones remitidas a Presidencia del Gobierno u otros Ministerios poniendo en conocimiento de dichas autoridades dichas detenciones».

Las órdenes expresas a Marlaska tenían un plazo de diez días para ser atendidas, pero transcurrido ese plazo El Debate no ha obtenido la información que Interior estaba obligado a facilitar, lo que ha motivado una reclamación formal de este periódico ante el Consejo de Transparencia, fechada a 17 de diciembre y ya convenientemente registrada en los cauces oficiales.

Marlaska ha hecho uso de todos los argumentos peregrinos para defender a los detenidos: así, según recoge un documento exclusivo que obra en poder de El Debate, firmado por la entonces directora de gabinete de Marlaska, Susana Crisóstomo, conceder acceso a tal información, vulneraría, supuestamente, el derecho de defensa de los detenidos, para lo cual se invoca el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es decir, el Ministerio del Interior, con la firma de la mano derecha de Marlaska, se niega a a dar información sobre los escoltas de Iglesias, apelando en balde a leyes y reglamentos que rechaza el Consejo de Transparencia en una resolución que enmienda al Gobierno y da la razón a El Debate en un largo escrito de doce páginas, que respalda el derecho de saber que corresponde a la ciudadanía y el derecho a informar de los medios de comunicación.

«El secreto del sumario no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social (sucesos singulares o hechos colectivos cuyo conocimiento no resulte limitado o vedado por otro derecho fundamental según lo expuesto por el artículo 20.4 de la CE) sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar», reza textualmente la respuesta del Consejo de Transparencia a El Debate y al Ministerio del Interior.

La campaña de ocultación

El «timing» de Interior para explicar este grave episodio es fundamental, porque demostraría, por primera vez, de manera documentada la ya larga operación de presiones y campañas del Gobierno contra la Comunidad de Madrid, con un reguero de pruebas al respecto.

Desde la aplicación de un «155 sanitario» solo a Madrid con unos datos de la pandemia inexactos y menores a los de otras regiones gobernadas por el PSOE; hasta la acusación a PP y VOX de incitar al odio o la violencia con casos inventados, como el de la agresión homófoba en Malasaña o las cartas-bala a distintos cargos socialistas y de Podemos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de abril, en Vallecas, en el primer gran acto de Vox para la campaña electoral, cuando una enorme masa de personas se concentró en torno al lugar elegido para intervenir por Santiago Abascal y Rocío Monasterio.

Desde una hora antes, las escenas de violencia se repitieron, con el lanzamiento, incluso, de adoquines contra los intervinientes, varios policías heridos y hasta 35 identificados.

Y ahí comenzó el montaje de Marlaska: primero trató de ocultar que entre los detenidos estaban dos escoltas personales de Iglesias; después demoró quince días la revelación de su identidad concreta y, por último, ahora ha sido «condenado» a dar todos los detalles de la operación con la que se silenció un caso de violencia real, mientras se denunciaban otros ficticios.

El 15 de abril, Interior ya sabía que, entre los detenidos, figuraban Alberto R.R. y Daniel J.J, miembros de la escolta personal de Iglesias, instigadores de la marabunta que, junto a los radicales «bukaneros» recibió a Vox en Vallecas . Pero lo escondió durante 15 días hasta que, el 1 de mayo y por la polémica suscitada en la opinión pública, tuvo que reconocer que, efectivamente, dos de los violentos eran de Podemos.

Pero siguió ocultando qué pasó en esos quince días de silencio; qué instrucciones se dieron para camuflar el incidente y qué participación pudo tener el propio presidente Sánchez en toda la «trama» para no perturbar a Iglesias ni enterrar el relato del «peligro ultraderechista», que empapó la campaña del PSOE y de Podemos en Madrid.

En realidad, la violencia vino del entorno de Iglesias; dejó 21 policías heridos; una lluvia de ladrillos y botellas contra Abascal y un reguero de pruebas de que Marlaska dedicó más tiempo a «proteger» a los detenidos que a atender a las víctimas: todo eso le reclama ahora la ley, con el añadido de implicar a Sánchez para conocer, también, hasta dónde participó él mismo en los hechos.

«Nos han intentado lapidar con piedras con la complicidad de Marlaska y de Pedro Sánchez», clamó Abascal en el lugar de los hechos. Y viendo la secuencia de silencios y decisiones, tal vez, le asistía la razón.