El Gobierno elude valorar los aplausos de sus socios de Sortu a Mikel Antza

El Gobierno evitó este martes pronunciarse sobre los aplausos con los que fue recibido el que fuera máximo dirigente de la organización terrorista ETA, Mikel Antza a su llegada a los juzgados de San Sebastián para declarar por su presunta responsabilidad en el asesinato del concejal del Partido Popular en San Sebastián, Gregorio Ordoñez.

Preguntada tras el Consejo de Ministros por las imágenes del recibimiento del terrorista, la portavoz del Gobierno no quiso pronunciarse al respecto. «No he seguido esa información», «no he visto ese incidente», fueron las excusas de Isabel Rodríguez para no pronunciarse al respecto.

Eso sí, durante su respuesta quiso dejar claro que «el Gobierno siempre ha estado del lado de las víctimas» y que «reprueba» cualquier enaltecimiento del terrorismo. Pero a la hora de pronunciarse sobre el acto concreto ocurrido ayer en el que dirigentes de Sortu, partido mayoritario en Bildu, socio del Gobierno para aprobar los Presupuestos, aplaudían la presencia de Mikel Antza y le mostraban todo el apoyo y solidaridad, la portavoz del Gobierno evitó pronunciarse.

Mikel Antza, jefe del aparato político de ETA entre 1992 y 2004, compareció ayer por vía telemática ante el juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, en el marco de la investigación de la autoría intelectual del asesinato de Gregorio Ordóñez.

También por el asesinato de Querol

El terrorista negó cualquier responsabilidad, pero el juez le impuso la retirada del pasaporte para que no pueda salir de España. Y es que Mikel Antza también tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional para explicar su implicación en el atentado que el 31 de octubre de 2000 acabó con la vida del magistrado del Supremo, José Francisco Querol y otras tres personas.

Estas comparecencias son el comienzo de una iniciativa de la asociación Dignidad y Justicia que busca perseguir a los dirigentes que ordenaban los asesinatos etarras, aunque no fueran los autores materiales. En este aspecto, la asociación que preside Daniel Portero calcula que hasta 35 dirigentes etarras pueden rendir cuentas ante la Justicia por los 65 asesinatos que todavía no han prescrito.