Marlaska responde forzado a El Debate con una teoría surrealista sobre el amparo a los matones de Iglesias

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha visto obligado a intentar aclarar la insólita protección que su departamento dio a dos empleados de Podemos cuando, al ser detenidos por participar en incidentes violentos contra Vox en un mitin en Vallecas el pasado mes de abril, fueron detenidos por la Policía Nacional.

Y lo ha hecho solo tras dos resoluciones legales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le ordenaban aclarar por qué tardó quince días en revelar la identidad de los detenidos, adscritos a la escolta personal de Pablo Iglesias, y qué información tenía el propio presidente Sánchez de esa extraña complicidad con los violentos.

Solo después de la publicación de El Debate de este domingo, en la que se revelaba la ocultación de esos datos clave; de una nueva resolución del CTBG de este lunes a instancias de este periódico exigiéndole el cumplimiento de sus instrucciones; y de una llamada de El Debate pidiendo explicaciones de todo ello; el departamento de Marlaska ha emitido una contestación surrealista.

Empezando por la fecha que aparece en la misma, remitida a El Debate, y la fecha de comunicación real: aparece datada a 2 de diciembre, pese a que no se trasladó hasta el 21 de diciembre, después de la noticia del domingo, de las llamadas de este periódico este martes, e incluso 24 horas más tarde de la segunda resolución oficial en la que se le exigía atender «de inmediato» las instrucciones dadas semanas antes y contestadas con silencio.

Y siguiendo por el contenido de la respuesta, cercana a lo increíble, que dice literalmente lo siguiente: «El Ministro del Interior no tuvo conocimiento de la detención de personas pertenecientes al personal de seguridad del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid mediante ningún documento o informe policial y tampoco se remitió a Presidencia del Gobierno u otros Ministerios informe o documento alguno sobre tales hechos, no pudiendo en consecuencia facilitarse desde este Ministerio copia de la documentación que no se posee».

La huidiza aclaración, que además intenta proteger a Sánchez de un episodio que el presidente pudo ver como toda España; es insostenible en varios puntos. El primero, porque de ser ésa la razón, la hubiera hecho constar desde el primer momento en el que El Debate le preguntó por el amparo a los detenidos de Podemos.

Y lejos de apelar a lo que ahora se esgrime, Interior justificó su silencio arguyendo que el caso estaba bajo secreto de sumario y la revelación de datos personales de los detenidos podría perjudicar su defensa, en un escrito firmado de puño y letra por la mismísima Directora del Gabinete de Marlaska, Susana Crisóstomo, replicado con contundencia por el CTBG:

«El secreto del sumario no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social (sucesos singulares o hechos colectivos cuyo conocimiento no resulte limitado o vedado por otro derecho fundamental según lo expuesto por el artículo 20.4 de la CE) sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar», sentenció.

La segunda razón es operativa: Marlaska intenta hacer creer que un caso tan aparatoso, con dirigentes de un partido agredidos y una violencia pública provocada por centenares de personas en un acto preelectoral; no le constó nunca pese a estar concernido uno de los candidatos en la Comunidad de Madrid, a la sazón vicepresidente del Gobierno de España; resultar heridos 21 agentes de la Policía y ocupar las primeras planas en todo el país durante varios días.

El mismo ministro que es informado al momento de casos ficticios como la agresión homófoba de Malasaña o las cartas anónimas con balas para él mismo o la socialista Reyes Maroto; que provocaron además inmediatas comparecencias suyas; asegura ahora que no sabía nada de un caso de violencia mucho más notorio, con víctimas políticas y la participación de un partido como Podemos, del que sin duda tuvo información su mayor delegado en el cuerpo, el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, la persona que le reporta a él en persona.

Aún más, Marlaska solo se ha dignado a responder a los requerimientos legales, fuera de plazo, tras trascender la noticia y recibir un segundo escrito imperativo del Consejo de Transparencia, al que respondió casi a la vez que al primero, ya incumplido; y siempre después de que El Debate pidiera formalmente amparo al organismo.

En su segunda resolución tardía en una mañana trepidante, Interior parece cometer un error de bulto al reconocer que su respuesta a todo está fechada a 21 de diciembre, al hacer coincidir la nueva comunicación con una anterior, firmada a 2 de diciembre, pero difundida curiosamente a la vez.

Vox estudia acciones

Fuentes de Vox han confirmado a El Debate que estudian ya todo tipo de acciones legales e institucionales para denunciar lo que, a juicio de Santiago Abascal, demuestra la complicidad de Moncloa con los hechos:

«Son tantos los atropellos de este Gobierno, que a veces olvidamos que en mitad de un proceso electoral desde la vicepresidencia se organizó un violento ataque contra la oposición … y ahora conocemos cómo el Ministerio de Interior y la Presidencia del gobierno lo encubrieron», denunció Abascal citando a El Debate.

El eurodiputado de la formación, Jorge Buxadé, secundó esa misma denuncia y la amplió nada mas conocerse los hechos: «El Debate demuestra que el Ministerio del Interior trató de ocultar a todos los españoles a los terroristas callejeros», dijo; acusando a «la vicepresidencia del Gobierno» de enviarlos al acto de Vallecas.

En esas mismas fechas, Marlaska y otros ministros como Reyes Maroto, incluida en la lista del PSOE que cosechó su peor resultado histórico frente a Isabel Díaz Ayuso; sí convirtieron amenazas anónimas o firmadas por enfermos mentales en acusaciones a PP y Vox, advirtiendo de un supuesto auge del odio provocado por ambos, ajenos a esas cartas con balas o una navaja que también recibió la presidenta popular de la Comunidad de Madrid.

De los paquetes con proyectiles nunca más se supo cuando pasaron las Elecciones. Y del objeto cortante de Maroto sí trascendió, desde el primer momento, que el autor fue un enfermo mental que puso su nombre y dirección en el paquete.

Mucha violencia en Vallecas

Los hechos que Marlaska ha intentado enfriar por todos los medios tuvieron lugar cuando una masa de unas 500 personas pretendió boicotear un mitin de Vox en un barrio que Podemos consideraba suyo, si bien el recuento electoral lo situó a una enorme distancia en votos de la derecha madrileña.

En los incidentes, jaleados por Podemos y protagonizados por empleados al servicio de Pablo Iglesias, se registraron hasta 35 heridos, 21 de ellos policías, y varios cargos de Vox con distintos daños fruto de la violencia desatada.