Un nuevo año de prórroga para el CGPJ: del acuerdo sin anuncio a la vía muerta

Hace algo más de un año, en noviembre de 2020, todo apuntaba a una renovación inminente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PSOE y PP, y cuyo acuerdo, del que nunca existió confirmación pública, contaba con el visto bueno del PNV. Por aquel entonces y casi selladas las negociaciones entre el partido del Gobierno, representado por el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, y la oposición, a través del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Enrique López, la lista de nombres de los nuevos miembros consensuados entre socialistas y populares reservaba un vocal a los nacionalistas vascos y dejaba fuera de las quinielas a Podemos que no lograba situar a ninguno de sus juristas afines en el seno del máximo órgano de gobierno de los jueces. 

No en vano, la ausencia de la formación morada en el Consejo era una de las líneas rojas fijadas desde las filas del Partido Popular y, desde entonces, el CGPJ se ha mantenido como el único órgano constitucional sin cambios desde la anterior legislatura, la de Mariano Rajoy, pese al reciente pacto para sacar de la prórroga tanto al Tribunal Constitucional, como al Tribunal de Cuentas o al Defensor del Pueblo. 

Tampoco las sucesivas citas electorales autonómicas han contribuido en impulsar la renovación de un Consejo que continúa en funciones. El escollo actual, por el momento insalvable entre populares y socialistas, se centra en el sistema de elección de los vocales. Una discrepancia que ha congelado las conversaciones hasta situarlas en vía muerta. Mientras el PP exige que sean los jueces quienes voten a sus propios representantes, el PSOE admite la necesidad de revisar el modelo pero no en esta ocasión en la que prefiere que sean el Congreso y en el Senado quienes se encarguen de las designaciones. 

Desde 1985, y con el aval condicionado, no absoluto, del Tribunal Constitucional, son las Cámaras de representación las que con una mayoría cualificada de tres quintos eligen a los 20 miembros de la cúpula del Poder Judicial. El cambio de cromos para el reparto de los vocales y el consenso en el nombramiento del presidente del órgano ha sido una constante histórica que, ahora, sin embargo se encuentra bajo la lupa de Europa. 

Tal es así que las cada vez más contundentes críticas de las asociaciones judiciales españolas han llegado tanto a la Comisión Europea como el Consejo de Europa y ambas instituciones han presionado a España para renovar el CGPJ de forma urgente el método de elección del nuevo órgano, según los estándares europeos. 

La modificación legal exprés aprobada por el Gobierno, y los socios al frente del mismo PSOE y Podemos, con el respaldo parlamentario de los separatistas y Bildu, para prohibir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice nombramientos en la cúpula judicial cuando su mandato está prorrogado, como viene sucediendo desde diciembre de 2018, y ante la parálisis sigue forzando situaciones de interinidad y provisionales en los más altos órganos judiciales de nuestro país. Entre ellos, y de manera especial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.