El Gobierno se niega a responder 20 preguntas del PP y Vox sobre el caso Ghali

El Gobierno mantiene un tupido velo en torno a la entrada –presuntamente irregular– y estancia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que derivó en un conflicto político y migratorio con Marruecos en mayo.

En las últimas semanas, el PP y Vox han recibido la callada por respuesta a una veintena de preguntas escritas que sus diputados habían registrado en el Congreso.

El Ejecutivo se escuda en que es un caso judicializado, concretamente en el juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, para no aportar la más mínima información. Y, en el juzgado, la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya tampoco aclaró nada cuando el 4 de octubre declaró como imputada; escudándose en todo momento en la Ley de Secretos Oficiales. Así que, políticamente, el caso Ghali se ha convertido en un callejón sin salida.

En concreto, la respuesta parlamentaria que ha dado el Gobierno a ambas formaciones tiene dos variantes. Una es: «Los hechos a los que aluden Sus Señorías están siendo sometidos a investigación judicial, por lo que su documentación y tramitación se encuentran bajo control de la Autoridad Judicial». Y la otra: «La pregunta formulada por Sus Señorías se refiere a un procedimiento judicial en curso y sujeto a la obligación de reserva correspondiente». Vienen a ser lo mismo.

¿Es Sánchez la «equis»?

Las preguntas del PP y Vox abarcaban todas las incógnitas del caso, empezando por la principal: si fue el presidente del Gobierno «quien autorizó la entrada clandestina» de Ghali en abril a petición de Argelia y para ser tratado de coronavirus en un hospital de Logroño.

Otra de las preguntas aludía al control de pasaportes que el líder saharaui tenía que haber pasado en la base aérea de Zaragoza y no pasó. A este respecto, en su declaración ante el juez instructor la exministra de Asuntos Exteriores reconoció que a su llegada a España nadie comprobó que portaba un pasaporte diplomático argelino. Como había asegurado el Gobierno de Argelia al de España.

Entre las cuestiones planteadas figuraba una sobre el «conocimiento que tenía el Gobierno de que el pasaporte emitido a nombre de Mohamed Benbatouche que portaba el señor Ghali fue expedido en Argelia el mismo día de su entrada en España y si tal circunstancia fue el resultado de un acuerdo con las autoridades argelinas con las que se concretó la operación».

Otra, sobre los «nombres de todas las personas que conocieron la operación consistente en traer al señor Ghali a España para recibir atención y cuidados, así como del personal médico y de las autoridades sanitarias de La Rioja y Aragón que conocían la verdadera identidad del señor Ghali, y de las autoridades policiales y militares que tuvieron conocimiento de la llegada y el nombre y el cargo de las autoridades diplomáticas que conocían la operación».

¿Quién pagó el tratamiento?

Los diputados del PP y Vox también preguntaron cómo es posible que entrara libremente «a pesar de estar imputado en varias causas penales, entre ellas una por genocidio (en la Audiencia Nacional)». Y quién se hizo cargo «del pago de las cantidades adeudadas por el tratamiento médico que recibió del mismo». Así como «los medios humanos y recursos destinados a garantizar la custodia y seguridad del señor Ghali mientras estuvo en España».

Entre las preguntas sin respuesta había una sobre si iba acompañado, aunque a este respecto sí se sabe que viajó con él su hijo, Luali Brahim Sid El Mustafa. No está claro que lo hiciera alguien más. La oposición también ha intentado saber, sin conseguirlo, «el nombre de las personas y autoridades de terceros Estados que participaron en la operación de la llegada del señor Ghali a España, así como si la operación se ejecutó a petición de la República Argelina Democrática y Popular».

El hijo de Ghali puso una denuncia en Madrid por el extravío de la documentación con la que viajó

Asimismo, si el o los acompañantes pasaron el control de pasaportes una vez aquí o tampoco. Y quién dio la orden de conceder un permiso de residencia al hijo del líder del Frente Polisario, que estando en España puso una denuncia de extravío del documento de viaje en una comisaría de Madrid. Fue el pasado 28 de mayo, 40 días después de su llegada a Zaragoza, según la información facilitada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional al juez instructor.

Y también quién fue el responsable de «la orden para gestionar la protección, custodia y traslado del señor Ghali al hospital de Logroño, posterior custodia y también salida, así como enfermo a cuyo nombre se gestionó el traslado en ambulancia».

Por último, si el Gobierno de Pedro Sánchez informó a los Estados miembro del territorio Schengen de la entrada de Ghali, «así como nacionalidad que ostenta para el Gobierno de España».

A mediados de diciembre, el director general de la Policía, Francisco Pardo, compareció en el Congreso y tampoco él se salió del guion. Únicamente reiteró que el caso está siendo «objeto de investigación judicial» y que «la Policía Nacional está colaborando con la autoridad judicial remitiendo toda la información y documentación que se le solicita». Y zanjó: «Esto es lo que tengo que decirle». Él y todo el Gobierno.