Gibraltar desprecia a España y sigue ganando terreno al mar para proyectos urbanísticos

Quien, a pesar de la época y el mal tiempo, pasee por la playa en La Línea de la Concepción (Cádiz) puede observar la construcción de varias torres de viviendas en la zona de Levante. Se aprovechan los rellenos que desde hace años se acumulan; práctica que el Gobierno de España ha censurado, ya que Gibraltar ha ganado, así, terreno al mar, a la contra de lo que establece el Tratado de Utrecht, que circunscribe las aguas del Peñón a su puerto.

De hecho, el Gobierno de España apela al cumplimiento del artículo X del Tratado de Utrecht, por el cual, en 1713, Felipe V entregaba Gibraltar, tomada ya en 1704 por una escuadra angloholandesa en nombre del archiduque Carlos de Austria, a cambio de ser reconocido como rey legítimo por el resto de las casas reales europeas.

El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno.

Pero, además, el Gobierno de España ha afirmado que los rellenos son contrarios al Derecho Internacional y tienen un impacto medioambiental negativo, con la importancia que se le da a ello hoy en día. Así pues, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado al Reino Unido «la remisión lo antes posible del informe de impacto medioambiental» del proyecto «en aplicación de los instrumentos internacionales aplicables». Del mismo modo, se ha hecho ver a Londres «la necesidad de abordar esta cuestión en el seno de la Comisión Técnica y de Coordinación del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Medioambiental, suscrito por España y Reino Unido el 29 de noviembre de 2018».

Cape Vantage

El proyecto al que el Gobierno de España hace referencia es el Cape Vantage (Cabo Privilegiado, en español), una comunidad residencial de superlujo que surgiría al abrigo de un espigón construido sobre 2013 que, según un informe de la Guardia Civil, «se adentra en el mar unos 50 metros de longitud y paralelo a otro que cierra la delimitación de la playa de Sandy Bay». España se viene oponiendo al desarrollo de este plan desde 2012, que contempla la edificación de 2.500 apartamentos, centros comerciales, casinos, restaurantes y hoteles, además de quince muelles de atraque para embarcaciones de recreo, todo ello en terrenos ganados al mar, un área de más 350.000 metros cuadrados.

España se viene oponiendo al desarrollo del Cape Vantage desde 2012

Los responsables del Cape Vantage alegan que Gibraltar es uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta, por lo que el Peñón se ha visto «obligado» a ganar un 10 % de su superficie total al mar, aun en detrimento de España. El objetivo es «crear una nueva costa».

Los ecologistas, del lado de España

Verdemar, asociación ecologista del Campo de Gibraltar, lleva años de denuncias contra Cape Vantage. Los rellenos son la causa principal de la disputa, ya que éstos incluirían material «contaminante» como plástico o restos de hidrocarburos y similares, sin obviar la procedencia de la arena para llevar a cabo esta práctica.

En 2013, por ejemplo, el Gobierno del Peñón reconocía la compra de 2.950 toneladas de arena de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), con la colaboración del Consistorio de la localidad, entonces en manos del Partido Popular. «El Ayuntamiento de Tarifa se encargó de quitar la arena y eliminarla, por lo que cualquier sugerencia de ilegalidad debe dirigirse a los organismos pertinentes en España, en concreto, Tarifa», se justificaba.

Los rellenos, según la organización ecologista, podrían acabar con «hábitats naturales de interés comunitario» donde residen muchas especies marinas de gran interés para el sector pesquero

Los rellenos, según la organización ecologista, podrían acabar con «hábitats naturales de interés comunitario» donde residen muchas especies marinas de gran interés para el sector pesquero, el gran perjudicado por esta práctica. Cabe recordar cuando un remolcador de Gibraltar arrojó, en 2013, entre 30 y 40 bloques de hormigón con pinchos de hierro donde lanzan sus redes los pequeños barcos de las cofradías de Algeciras y La Línea de la Concepción.

Asimismo, Verdemar denunciaba recientemente las «auténticas bombas flotantes» que suponen los trabajos nucleares que se efectúan en el puerto militar del Peñón. «Gibraltar sigue participando en el acoso nuclear que el Reino Unido somete a la Bahía de Algeciras y el Estrecho», señalaban desde la asociación ecologista en declaraciones a Europa Press. Sostienen que «el Reino Unido lleva sus submarinos a reparar, y este tipo de trabajos en submarinos nucleares en Gibraltar está poniendo en peligro y en riesgo a la población».

El último gran proyecto

Pero el Peñón no sólo hace caso omiso a las advertencias y denuncias, sino que impulsa la política de rellenos y, ahora, otro megaproyecto urbanístico, cómo no, ganando terreno al mar a costa de España y sus aguas. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, anunció hace un par de meses su ejecución, adjudicada a TNG Global Foundation, entidad recién establecida en el Peñón por el empresario vietnamita Tuan Tran, propietario de Trusted Novus Bank, también asentado en Gibraltar. Se prevé, así, una inversión de 330 millones de libras (algo más de 390 millones de euros) y un impacto económico, en diez años, de unos 2.500 millones de libras (casi 2.960 millones de euros), el equivalente al producto interior bruto anual del Peñón.

Este gran proyecto contempla la construcción de dos muros de contención, cien viviendas a precios asequibles, 400 puestos de amarres para pequeños botes y un aparcamiento para 500 vehículos, entre otras actuaciones en la zona, y todo ello rematado con un puerto deportivo con espacio para megayates y una promoción inmobiliaria de alta gama.

De esta forma, Gibraltar continúa con su política expansionista, construyendo sobre aguas españolas. Mediante los rellenos, «modus operandi» ya denunciado por el Gobierno de España y otras instituciones, sigue ganando terreno al mar, por mucho que disponga el Tratado de Utrecht o el Derecho Internacional. Y esto, además, afecta sobremanera a la pesca de la comarca.