Protesta de Jusapol pidiendo la equiparación salarial el pasado mes de septiembre frente al Ministerio del Interior
La equiparación salarial de Policía: 30 años de promesas incumplidas
En 1992 se firmó el primer acuerdo para igualar los sueldos de los cuerpos policiales. En 2022 sigue siendo un espejismo
«Los sindicatos policiales dan por zanjada una de las principales reivindicaciones de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía», la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. Esta afirmación se podía leer en los periódicos de 1992 tras la firma del acuerdo entre el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, con los principales sindicatos.
Este 1 de enero, en 2022, el secretario general de Jupol, Aaron Rivero, afirmaba en redes sociales que «seguiremos luchando por hacer realidad todos nuestros objetivos, con la equiparación salarial a la cabeza». También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mantiene en su cabecera el lema Equiparación Salarial.
Manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, a su paso por el Congreso de los Diputados
Así pues, este 2022 se cumplen tres décadas de la firma del primer acuerdo por la equiparación salarial entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los agentes de las policías autonómicas. Desde entonces, se han firmado otros dos acuerdos más con distintos gobiernos pero la misma finalidad.
Del PSOE y del PP
En 2005, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, firmaba con cinco sindicatos policiales el acuerdo, «histórico» decían, que les subirían los salarios de estos funcionarios entre 2.500 y 4.000 euros anuales, según la escala, en los siguientes tres años.
En 2018, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmaba con cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones de la Guardia Civil un «acuerdo histórico que acabará en tan solo tres años con la brecha salarial existente con respecto a otros cuerpos policiales».
En mayo de 2020, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se comprometía a hacer efectivo el tercer tramo de aquel acuerdo en cuanto fuera posible. Se trata de un derecho «reconocido y merecido» para los agentes en un momento que «no es fácil».
Dos meses antes el PSOE junto con Unidas Podemos habían vetado la Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos policiales para hacer efectiva la equiparación y un mes después harían lo mismo con una Proposición de Ley de Vox. El tercer y definitivo incumplimiento de su palabra llegó el pasado 21 de diciembre con la desestimación de la iniciativa presentada por el Partido Popular.
Para los sindicatos aún falta
En opinión del secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, «Se desperdicia una nueva posibilidad de poner fin a la segregación y a la discriminación que sufren en España una buena parte de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes perciben salarios inferiores al que cobran agentes destinados a policías de carácter autonómico».
Según afirma, «lo visto en el Congreso es una prueba más de la irracionalidad de algunos diputados en la defensa de posiciones puramente políticas, por encima incluso de las necesidades reales y justificadas de los ciudadanos».
Para el SUP y la AUGC, «el único motivo por el que se ha permitido un modelo retributivo injusto para policías y guardias civiles ha sido la falta de interés en regular la Ley, quizá para seguir usando la política de seguridad como una moneda de cambio en política». Por ello, el sindicato de Policía y la asociación de Guardia Civil aseguran que seguirán insistiendo con fuerza en que el Gobierno modifique la Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 para terminar para siempre con la diferencia de sueldo de policías y guardias respecto a otros cuerpos que cobran más por realizar el mismo trabajo.
Más de un 20 % de subida
El Gobierno, por el contrario, alardeó el pasado mes de julio de que el salario de los funcionarios policiales había subido más de un 20 % desde 2017. Pero un estudio presentado por Jucil en octubre desvela que en esa subida se incluye la subida de los salarios de todos los funcionarios, entre los que se encuentran los de las policías autonómicas, por lo que no completa la equiparación. Y, además, existen otros ámbitos salariales en los que la diferencia aumenta como la jubilación, el pago de las horas extra o la asistencia a juicios.
Por ello, los sindicatos SUP y AUGC reclaman «una auditoria externa con la participación de asociaciones y sindicatos» que exponga claramente cuál es la diferencia de salario real de manera que se pueda solucionar definitivamente una polémica que lleva sin cerrarse treinta años.
