Pedro Sánchez ofrece a ERC convocar la mesa de negociación a cambio de que ratifique el acuerdo sobre la reforma laboral

El Gobierno de Pedro Sánchez, con el fin de mantener la estabilidad parlamentaria y, especialmente, poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se ve obligado a realizar constantes concesiones a ERC, que es su principal socio parlamentario, dado que los 13 diputados de Gabriel Rufián son imprescindibles para mantener al Gobierno de coalición.

Estas concesiones son por acción u omisión. Por acción, con el fin de que ERC apoyara los PGE se concedió la obligatoriedad de que las plataformas digitales incluyan en su catálogo un 6 % de películas y series en catalán y, por omisión, ha destacado el silencio monclovita frente al acoso sufrido por la familia de Canet de Mar que pidió la aplicación de la sentencia que obliga a la impartición de un 25 % del horario lectivo en primaria en lengua española.

Las concesiones son constantes y la última ha sido el anuncio de la Generalitat que para este año va a pedir 12.600 millones al Fondo de Liquidez Autonómica. Este dinero, que se dedicará en un 90 % al pago de deuda, se suma a los más de 13.000 que el Estado prestó mediante el FLA a la Generalitat en 2021, un 40 % del total del fondo.

Pero ERC precisa demostrar constantemente frente a sus socios de Junts y la CUP que da pasos concretos hacia la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, y en esta tercera ocasión tras los de 2014 y 2017, pactado con el Estado, y para eso es preciso según la estrategia republicana reunir cuanto antes la llamada mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de Cataluña.

En la instauración de dicha mesa en septiembre de 2021 se acordó que, si bien no había un calendario cerrado, la siguiente reunión sería a inicios de 2022 y así lo recordó la portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortès, cuando anunció que dicha reunión sería entre enero y febrero de 2022.

Fuentes de Moncloa, en el contexto de la euforia por la aprobación de las cuentas, desmintieron dicho acuerdo, pero la necesidad de convalidar en el Congreso de los Diputados el acuerdo entre agentes sociales para ratificar la reforma de la legislación laboral vigente desde 2012 ha cambiado el panorama.

ERC, Bildu y el PNV han mostrado su reticencia a ratificar un acuerdo que creen que no deroga la ley tal como Bildu y ERC exigían y ahora el acuerdo, que ha sido vendido como un éxito del diálogo social tanto por Yolanda Díaz como por el PSOE, puede embarrancar si no supera el trámite parlamentario.

El PP ha realizado contactos discretos tanto con el PNV como con ERC para tantear si es posible tumbar la reforma laboral en el Congreso como ya sucedió con los PGE cuando el PP votó una enmienda de Compromís para dilatar la aprobación de las cuentas para este año.

Ante esta situación, desde Moncloa se ha ofrecido a ERC la celebración de una segunda ronda de la mesa de negociación a cambio de que ERC convalide el acuerdo cuando el mismo pase el trámite parlamentario. 

Pedro Sánchez y su ministro encargado de la relación con los independentistas catalanes, Félix Bolaños, no querían celebrar dicha reunión en el primer tramo de 2022 para no perjudicar las aspiraciones de su candidato en Castilla-León, Luis Tudanca, pero la necesidad de que la reforma laboral supere el trámite parlamentario junto a la constatación de que el PSOE apunta a la baja en las encuestas en Castilla y León han hecho modificar la estrategia de Moncloa.

El President de la Generalitat en su discurso de fin de año insistió en la necesidad de que este año «se avance en la resolución del conflicto y en la convocatoria de un referéndum pactado» con lo cual la celebración de una segunda ronda de la mesa de negociación es un importante obstáculo en el camino para Pedro Sánchez que en la primera reunión pudo vender «el inicio del deshielo en Cataluña» pero en esta segunda serie tendría mayores dificultades para quedarse en una declaración meramente retórica.

Los partidos de la oposición en Cataluña, Vox, Cs, PP y Valents han criticado la convocatoria de la mesa de negociación porque entienden que las vías de diálogo entre el Gobierno y las CC.AA. están establecidas en las cumbres de presidentes, comisiones de traspasos y en el Senado y que dicha mesa supone una bilateralidad que no ampara el principio de igualdad entre españoles a la vez que abre la puerta a acuerdos sin fiscalización de la oposición y realizados fuera de los organismos previstos por la Constitución y el Estatuto.