El PP desata una ofensiva en el Congreso para frenar los abusos de Sánchez con el Falcon

«Pedro Sánchez considera que los medios públicos son suyos, pero son de los españoles, y no se los dan para que abuse de ellos, sino para que les dé la utilización razonable en el desempeño de sus funciones. Es un déspota».

Asi se refiere al presidente del Gobierno la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, indignada tras las revelaciones de El Debate sobre las tretas de Moncloa para ocultar y maquillar el abusivo uso de aviones Falcon y helicópteros Puma por parte de Sánchez para asuntos privados o de partido a los que, tras varios fallos legales adversos de la Audiencia Nacional y del Consejo de Transparencia, intenta ahora presentar como actos institucionales.

Hace solo una semana, y conociendo ya la resolución y renunciando a recurrirla, el Gobierno se negó a responder a las preguntas del PP sobre este asunto en el Congreso, apelando a que era materia secreta pese a que a la vez, en contestación a El Debate impuesta por la Audiencia Nacional, desechaba ese argumento para convertir esos desplazamientos, incluidos 51 en coche oficial, en viajes del presidente.

«Vamos a lanzar una batería de preguntas parlamentarias y de iniciativas legales para acabar con el uso y abuso de medios públicos en beneficio propio», señala a este periódico Gamarra, especialmente sensible con un asunto que tiene un «enorme coste» para las arcas públicas en tiempos de crisis «y pese a haber alternativas que otros presidentes han utilizado para reducir la factura».

El precio de cada desplazamiento

En concreto, el PP intentará recabar el precio de cada desplazamiento de Sánchez en el que, aparte de mitines o actos privados del PSOE o personales, no había en la agenda oficial de Moncloa ninguna actividad institucional y, pese a ello, se hicieron los desplazamientos en aeronaves del Estado.

Solo en 2019, según la información adelantada por El Debate, pudo haber hasta 33 viajes de esas características, la mayor parte de ellos a congresos y eventos socialistas en distintas regiones de España. Pero la sombra del uso del Falcon para ir a conciertos en la playa de Castellón o a del Puma para acudir a la boda de su cuñado en La Rioja, pesa como una losa sobre la imagen de Sánchez.

Los populares ampliarán a 2021 la petición de explicaciones formales al Gobierno, al estar registrados otros vuelos a Galicia, Cataluña o Andalucía en los que Sánchez no tuvo ninguna actividad como presidente o la improvisó en el último segundo, probablemente para justificar el desembolso de dinero público en su transporte.

Además, el PP intentará recabar información en el Ministerio de Defensa, responsable teórico de las facturas cursadas, para conocer los importes totales de los viajes de Sánchez y de otros ministros que también, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, se han servido del trasnporte aéreo estatal.

Sin precedentes

La respuesta no quedará ahí y a Sánchez le esperan semanas de sufrimiento parlamentario si, como parece, tiene que acabar dando explicaciones por los tirones de oreja legales, sin precedentes, que un presidente español ha recibido de dos instituciones oficiales por su opacidad y sus argumentos de defensa, finalmente derribados y ya sin recurso.

«Es inaceptable, hay vuelos regulares y AVES suficientes, a un coste infinitamente inferior para las arcas públicas y para la conservación ambiental», termina Gamarra.

Sánchez renuncia a defenderse

Según la exclusiva de El Debate, el presidente mantiene dos posturas: en público, se niega a dar información y se agarra a una ley promulgada inicialmente por Franco en 1968 por la que esconde sus desplazamientos bajo el epígrafe de secreto de Estado.

Pero en «privado», antes instancias legales que le han obligado a dar cuentas de sus actividades, ha renunciado a recurrir sus resoluciones para variar de estrategia: los viajes de los que no informaba, privados o de partido pero envueltos en ocasiones por una capa institucional, se han transformado en el último segundo, ante la Audiencia Nacional y el Consejo de Transparencia, en viajes oficiales.

La opacidad de Sánchez y el disfrute de recursos del Estado contradice el código ético del que él mismo presumió en 2016, presentándolo en sociedad solemnemente para anunciar que todos los cargos socialistas tendrían la «obligación» hacer pública su agenda y sus viajes.

También contradice la tendencia de otros presidentes europeos el disfrute de sus vacaciones a cargo del Estado: desde el Reino Unido hasta Italia o Francia, es costumbre que el propio presidente se pague de su bolsillo al menos una parte de los gastos derivados de su ocio, con casos tan paradigmáticos como el de Alemania, donde el consorte del canciller abona de su bolsillo hasta 1.300 euros por utilizar el avión oficial o, en su defecto, se costea un vuelo regular al destino familiar de descanso.