El equipo de Sánchez usó a la Abogacía del Estado para esconder los abusos con el Falcon

La Abogacía del Estado, purgada con la llegada de Pedro Sánchez para adaptarla en su política de acercamiento a los condenados del «procés» en el Tribunal Supremo con salidas tan ostentosas como la del hoy diputado de Cs Edmundo Bal; presentó un informe ante la Audiencia Nacional para intentar que el presidente no tuviera que explicar qué vuelos con fines privados (personales o de partido) había hecho a lo largo del primer semestre de 2019.

Ese informe, en propiedad de El Debate, fue elaborado por la propia Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, a través de su número 2, la vicesecretaria general María Hilda Jiménez Núñez, con fecha de 4 de junio de 2020; y se trasladó literalmente a la Audiencia Nacional para intentar, por todos los medios, no tener que dar explicaciones públicas de las excursiones de Sánchez a cargo del contribuyente, ya exigidas por el Consejo de Transparencia y finalmente impuestas por la propia Audiencia Nacional.

En el mismo, se arguyó literalmente que no constaban en Moncloa tales desplazamientos, pese a ser públicos y notorios por la presencia de Sánchez en actos del PSOE por toda España o en eventos familiares o lúdicos, con las siguientes palabras exactas:

«Al respecto de la información pública sobre los desplazamientos del Presidente del Gobierno, la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno no dispone de un archivo, base de datos o sistema de información sobre los medios de transporte utilizados en cada uno de los desplazamientos efectuados ya que, entre las competencias atribuidas a la Presidencia del Gobierno, a la que se circunscribe la actividad del órgano, no se encuentra ni la gestión sobre el parque automovilístico del Estado, ni la gestión del Grupo 45 del Ejército del Aire al que pertenecen las aeronaves destinadas al trasporte de altas personalidades del Estado, entre ellas el Presidente del Gobierno», cuenta el informe en propiedad exclusiva de El Debate.

Y añade: «En este sentido, el órgano carece de sistemas de información sobre vehículos y/o aeronaves, aunque se disponga de información sobre los actos, eventos o reuniones del Presidente del Gobierno en el ejercicio de su cargo que motivan los desplazamientos oficiales».

La negativa fue tan sorprendente como para que la mismísima Audiencia Nacional fallara en contra de Moncloa, le obligara a dar cuentas de sus desplazamientos y además pusiera en solfa el argumentario de Sánchez para tratar de esquivar la rendición de explicaciones, con una frase demoledora que pocas veces se ha escuchado dirigida a todo un presidente:

«Cuesta entender que Presidencia del Gobierno carezca de información sobre los desplazamientos privados del Presidente del Gobierno», resolvió la Audiencia, sorprendida por las excusas y dispuesta a derribarlas con un fallo cuya contundencia fue tal que la propia Moncloa renunció a recurrir, asumiendo una decisión que le obligaba a desvelar lo que desde 2018 había intentado esconder por todos los medios.

Lo sorprendente es que, en la ejecución del fallo judicial, el Gobierno dejó de insistir en los argumentos elaborados desde Moncloa y defendidos como propios por la Abogacía del Estado, que llegó a asumir el discurso presidencial para intentar convertir la supuesta inexistencia de datos sobre esos viajes en una razón para «archivar» el caso:

«Dada la total y absoluta ausencia de otros medios probatorios, debe tenerse como hecho cierto, a todos los efectos, que el Ministerio de la Presidencia no dispone de un archivo, base de datos o sistema de información sobre los medios de transporte utilizados en cada uno de los desplazamientos efectuados por el Presidente del Gobierno», llegó a decir el Abogado del Estado para proteger a Sánchez.

Apenas unos días después, y visto el fracaso, la línea de defensa de Moncloa cambió y, pese a haber afirmado en documento oficial y ante una instancia judicial que carecían de información, procedió a hacer público el listado de viajes de Sánchez que poco antes negaba tener, aunque de la manera más favorable a los intereses del líder socialista.

Y es que lo hizo con «truco», tal y como desveló El Debate: solo reconocía 51 viajes de Sánchez en coche oficial para fines privados y, sobre los al menos 30 excursiones en Falcon o Puma que hizo en esos meses sin tener ningún acto en la agenda oficial de Moncloa, paso a considerarlos todos oficiales y revestidos de secreto por ser asuntos de especial sensibilidad o secreto de Estado:

«La condición de presidente del Gobierno se ejerce de forma continua e íntegra durante todo el lapso de tiempo que discurre entre su nombramiento y cese, sin contemplar ningún período determinado o determinable, en el que el jefe del Ejecutivo no ostente esa condición», reza textualmente el documento oficial firmado por el Departamento Jurídico de Moncloa al que ha accedido este periódico.

Sánchez ha hecho mantener dos versiones distintas en procedimientos legales, lo que según fuentes jurídicas debería motivar una actuación de oficio de la Fiscalía General del Estado por posible fraude

Es decir, se fuera a una cumbre internacional o a la boda de su cuñado o a un mitin del PSOE andaluz; todo ello sin nombrarlo, esas actividades privadas o de partido se convertían de repente en actividades oficiales del presidente de las que, cinco minutos antes, negaban tener constancia.

¿Fraude legal desde Moncloa?

El volantazo, acuciado por la Audiencia Nacional y el Consejo de Transparencia a instancias de El Debate y de su firma de investigación ITCD, podría ser constitutivo de un fraude y motivar una reacción de oficio de la Fiscalía General del Estado, algo difícil teniendo en cuenta que su titular es la exministra de Justicia del propio Sánchez, Dolores Delgado.

Fuentes jurídicas consultadas por El Debate confirman esa posibilidad y consideran «sorprendente» que la mismísima Moncloa mantuviera dos versiones distintas en un procedimiento legal dirigido a la línea de flotación del presidente Sánchez.

«En defensa de la transparencia, debería actuarse penalmente contra los responsables. Sería incontestable que, dada la aplicación que hace el Gobierno de la Ley y que está acreditada en el sumario, en aras al cumplimiento del principio de legalidad esta actuación fuera objeto de investigación de oficio por la Fiscalía General de Estado, sin esperar a que desde la Audiencia Nacional, en su caso, se inicie un procedimiento de responsabilidad penal al tener conocimiento de un fraude de esta dimensión», explican.

El derroche del Falcon

La huella que han dejado los «trucos» para camuflar los incesantes desplazamientos de Sánchez en un avión oficial es enorme. Tanto como la factura que se niega a hacer pública. Fuentes políticas, conocedoras de los operativos que acompañan un movimiento así de un presidente, cifran en un mínimo de 20.000 euros la factura de cada desplazamiento y en un máximo, según las horas de expedición, de hasta 60.000 euros.

«El coste del combustible alcanza los 5.000 euros aproximadamente. Pero a eso hay que sumarle la tripulación desde el mismo momento en que es movilizada aunque no esté en el aire, al seguridad y el F-18 que reglamentariamente acompaña al Falcon en cada vuelo por territorio nacional», explican a El Debate.

El coste del Falcon podría llegar a los 60.000 euros, según los especialistas: otros presidentes del PP o del PSOE optaban por vuelos regulares o el AVE

Y ponen como ejemplo antagónico lo que hicieron otros presidentes como Aznar, Rajoy o incluso Felipe González: «Se anteponía siempre que era posible el uso de un vuelo regular o del AVE, con un coste hasta 60 veces inferior, y sin afectar a las tareas y necesidades del Presidente y de quienes le acompañaban».

Porque en esos vuelos regulares, el jefe del Ejecutivo entra el último, sale el primero y pasa por la sala de autoridades sin necesidad de hacer colas ni seguir ningún procedimiento administrativo de identificación o control. Es decir, se puede ir de Madrid a Barcelona en puente aéreo con la misma rapidez y seguridad que en el Falcon, pero sin pasarle la factura al contribuyente.

Se estrecha el cerco

Si la investigación de El Debate respaldada por la Audiencia Nacional se remonta a 2019, al ser el año en el que Sánchez «bajó la guardia» y no se puso actividades oficiales en buena parte de sus vuelos privados a actos del PSOE fundamentalmente; la resaca de ese comportamiento alcanza a 2021.

Y es que el PP, con su propia portavoz, Cuca Gamarra, al frente, ha preparado una batería de siete preguntas formales en el Parlamento: una, firmada por los diputados Pedro Navarro López, Mario Cortés Carballo y Javier Merino Martínez, en la que se le exige a Sánchez que detalle cuántos viajes exactos ha hecho en transportes públicos en el trienio 2019-2021.

Y otras seis, rubricadas por los mismos parlamentarios y referidas a la presencia de Sánchez en mítines y congresos del PSOE en Andalucía, Canarias, Valencia, Extremadura, Valencia y Castilla y León, en las que el PP detallará los vuelos regulares y trayectos del AVE mucho más baratos que coincidieron con los horarios de salida y llegada del presidente, en su caso en el costoso Falcon.

«¿Cuál ha sido el motivo por el que para el traslado del Sr. Presidente del Gobierno se optó por usar medios aéreos de transporte del Ministerio de Defensa en vez de tren AVE o avión regular?», reza cada una de las preguntas.

Por primera vez, en fin, el Falcon está en el radar de instancias legales y del propio Parlamento: los «vuelos secretos» de Sánchez se antojan, cada día que pasa, más cerca de ser esclarecidos.