El Supremo se queda sin magistrados para juzgar a Belarra por las injurias a ocho de ellos

La Sala Segunda de lo Penal del Supremo buscará magistrados de refuerzo de la Sala Civil para conformar el tribunal encargado de resolver la querella presentada contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que acusó a sus jueces de «prevaricación». La secretaria general de Podemos criticó públicamente, en su perfil oficial de Twitter, la condena impuesta por el Alto Tribunal a su entonces compañero Alberto Rodríguez por patear a un policía en 2014. Como resultado de dicha decisión, el exdiputado de Podemos perdió su acta y se vio obligado a abandonar el Congreso envuelto en una agria polémica. Tal es así que, en un primer momento, la mismísima presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet, llegó a cuestionar la decisión del órgano que preside Manuel Marchena. 

Ahora, el propio Marchena y siete de sus compañeros se han apartado del enjuiciamiento de la causa abierta contra Belarra por su interés directo en la misma y buscan la fórmula para designar a quienes tendrán que juzgar a Belarra por sus gravísimas afirmaciones. 

Los jueces Susana Polo, Leopoldo Puente, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro, Carmen Lamela, el presidente Marchena y quien fuera instructor de la causa contra Alberto Rodríguez, Antonio del Moral, han quedado descartados para la conformación del tribunal en el marco de un Supremo mermado por las bajas, un total de catorce repartidas entre las distintas Salas, que seguirán sin cubrirse tras la parálisis impuesta por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en funciones prorrogadas, no puede hacer nuevos nombramientos. 

Al quedar «afectados por las palabras» de la ministra, ninguno de ellos puede «pronunciarse sobre su hipotético significado penal», han apuntado a El Debate fuentes próximas al Alto Tribunal. Las mismas fuentes han recordado que la querella interpuesta por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, atribuyó a Belarra hasta 5 delitos de calumnias, con publicidad, a autoridad en el ejercicio de su cargo –una por cada uno de los magistrados que acordaron la condena a Rodríguez– y otro contra las instituciones del Estado. 

No es la primera ocasión en la que el Supremo se ve obligado a pedir refuerzos en este procedimiento. El pasado mes de noviembre, el Alto Tribunal solicitó al secretario de Gobierno que efectuase «el llamamiento que por turno corresponda de un Magistrado, a los efectos procedentes» de sustitución de otro de sus compañeros de la Sala de Admisión, «hasta que concluya la tramitación de la causa especial de referencia» y «atendiendo a la imposibilidad de gran parte de los Excelentísimos Señores Magistrados de esta Sala Penal para formar parte de la Sala de Admisión», ya que la mayoría de ellos eran afectados directos por las acusaciones de Belarra.

Fuentes judiciales han explicado a El Debate que el objetivo último no es otro que el de «alejar cualquier tipo de duda sobre la imparcialidad» de los magistrados que tendrán que resolver una querella que se ha presentado en defensa del órgano judicial, en general, y de ocho de sus magistrados, en particular. Además de evitar futuros y eventuales recursos y recusaciones por este mismo motivo.

El silencio de la Fiscalía

Por otra parte, y aunque ya ha pasado más de un mes y diez días desde que el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta por la entidad civil Foro Libertad y Alternativa contra Ione Belarra, la Fiscalía guarda un estrepitoso silencio sobre la misma. Pese a que, según confirman fuentes del Supremo a El Debate, el Ministerio Público «no tiene un plazo» concreto para pronunciarse en este tipo de cuestiones, la posición de la institución que dirige Dolores Delgado «debe estar al caer».

Tal es así que, esta misma semana, el abogado que representa a la fundación querellante ha interpuesto un «escrito de impulso procesal» ante la Sala del Alto Tribunal para que se reclame «al Ministerio Fiscal» su «informe sobre competencia y contenido de la querella formulada» que «con fecha 1 de diciembre de 2021 se tuvo por ratificada». 

Y que se haga «a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de cinco días o el que prudencialmente estime oportuno la Sala», recoge el documento al que ha tenido acceso El Debate.