Tándem y Gürtel: las macrocausas abiertas contra la corrupción política (I)

De la decena de macrocausas políticas que anidan en los tribunales españoles, todas tienen una característica en común, más allá de la naturaleza de sus causantes, el modus operandi de sus cabecillas: utilizar sus cargos públicos, o de relevancia, para diseñar tramas de financiación o enriquecimiento ilícito a través de mordidas, comisiones, pagos en 'B' o sobresueldos.

La Trama Gürtel

Año de inicio: 2007, previa denuncia de un concejal del Partido Popular.

Delitos: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricación, cohecho y delito fiscal.

Estado: dos juicios celebrados y sentenciados: Epoca I (2018), que provocó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy; y, Caso Bárcenas (2021). Actualmente, en la Audiencia Nacional, en fase definitiva de la vista oral, las actividades de la trama de Boadilla del Monte (Madrid).

29 de los 37 acusados, en la causa central, fueron condenados a penas de prisión que sumaron 351 años en total

La denuncia interpuesta por un exconcejal del Partido Popular de Majadahonda, José Luis Peñas, provocó que la Fiscalía Anticorrupción arrancase una investigación, en el año 2007, sobre la presunta red de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y vinculada a las territoriales del PP en Madrid y Valencia. El fiscal al cargo del caso fue Antonio Salinas quien, al hilo de las pesquisas, formalizó una denuncia ante la Audiencia Nacional (AN), en febrero de 2009. Aunque en un principio el juez asignado a la instrucción fue el magistrado Baltasar Garzón –actualmente inhabilitado– la causa fue continuada por el juez Antonio María Pedreira (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y, finalmente, por el magistrado Pablo Ruz, en comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción Central número 5 de la AN.

La raíz central juicio, la llamada Epoca I de la trama -que se gestó durante el Gobierno de José María Aznar y se amplió bajo el liderazgo de Mariano Rajoy- investigó la red de adjudicación de contratos públicos, con sobreprecios a favor de las empresas de Correa, para organizar los actos institucionales y de campaña del PP. Posteriormente, una parte de los beneficios obtenidos por el cabecilla de sus relaciones con la Administración, se reinvertían en mordidas a los cargos públicos responsables de la adjudicación.

La Audiencia Nacional dictó sentencia en 2018 y condenó a 51 años de cárcel a Francisco Correa y a otros 33 al extesorero del PP Luis Bárcenas por esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales y apropiarse de fondos de la contabilidad paralela del partido, acreditada por el propio tribunal. El escándalo llegó a salpicar a la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, quien dimitió de su cargo, en noviembre de 2014 cuando fue procesada como resultado de las pesquisas judiciales. No en vano, su exmarido, y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, fue condenado por estos mismos hechos a catorce años de prisión.

La trama provocó, además, la apertura de dos derivadas: la del «Caso Tándem», en el que se vio involucrado el propio juez Baltasar Garzón –tras publicarse unas grabaciones de José Manuel Villarejo, en las que se revelaba que el magistrado y el excomisario estaban «preparando la Gürtel»; y, el conocido como «Caso Bárcenas», que recogió una contabilidad paralela del PP, la denominada 'caja B', apoyada en donativos ilegales, esto es, no declarados a Hacienda, de los que presuntamente se entregaban sobresueldos a los dirigentes de la formación. Este último, quedó sentenciado el pasado mes de noviembre y en él, condenado el extesorero Luis Bárcenas, por delito fiscal, y el Partido Popular exonerado pero obligado como responsable civil subsidiario.

Caso Tándem

Año de inicio: 2015, gracias a la labor de los policías de la comisión judicial del Caso Nicolás.

Delitos: cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos, extorsión en grado de conspiración, organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento mercantil...

Estado: el 13 de octubre de 2021, arrancó en la Audiencia Nacional el juicio por las tres primeras piezas separadas de la causa –Pintor', 'Iron' y 'Land'– por las que José Manuel Villarejo se enfrenta a una condena de más de cien años de prisión.

El excomisario Villarejo ingresó por primera vez en prisión provisional, en noviembre de 2017, por sus presuntas labores de espionaje a través de su empresa, Cenyt

La instrucción de la macrocausa Tándem pivota, en líneas generales, sobre los servicios prestados por el que fuera comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, «mucho más allá» de las líneas para las que están autorizados los detectives privados. Los contratos suscritos entre empresarios, abogados, directivos de grandes corporaciones,... con Villarejo se formalizaron «a sabiendas de su condición de comisario en activo» para que, a través de su entramado grupo Cenyt, «prevaliéndose de dicha condición policial» les proporcionase información sensible sobre terceros. Unos trabajos que habrían supuesto el acceso ilícito del mando policial a datos reservados de tipo administrativo y fiscal pero, también, personal y patrimonial de los afectados.

En total se han abierto casi una treintena de piezas separadas de la causa por la complejidad del material incautado al principal acusado en la misma, cuando fue detenido en 2017, y que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tardó casi dos años en desencriptar:

1. King: es la matriz. En esta pieza se investiga la organización criminal diseñada por Villarejo a raíz de una denuncia anónima enviada a la Fiscalía Anticorrupción. Tiempo más tarde se supo que quien estaba tras la acusación era un exagente del CNI que tiró del hilo. Los contactos del excomisario con Francisco Menéndez, el representante de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial Geopetrol, provocaron la detención del primero. Menéndez encargó al comisario un informe para un alto cargo del Gobierno africano con el objetivo de que revelase los trapos sucios de uno de los hijos del líder político de aquel país, Teodoro Obiang.
2. Iron: el despacho de abogados Herrero & Asociados contrató a Villarejo, y a su socio Rafael Redondo, para que rastreasen a varios de sus socios que habían fundado un nuevo bufete –Balder Ip– y de los que sospechaban que se habían llevado bases de datos de clientes para robarles negocio, en competencia desleal. Esta pieza, junto con Land, es el germen de la trama y reveló a los investigadores no sólo las fuentes a las que recurría el excomisario para confeccionar sus informes, sino también el modo en el que vendía sus servicios y facturaba sus honorarios.
3. Land: Villarejo intervino para recabar información sobre un recurso de apelación que presentó Procisa, la promotora detrás de la lujosa urbanización de 'La Finca', ante la Audiencia Provincial de Madrid. La empresa trataba de revocar el fallo previo del Juzgado número 1 de Pozuelo que la situaba al borde del concurso de acreedores. El excomisario habría instado, también, a petición de los herederos del creador de la mercantil, Luis García Cereceda, algunas averiguaciones sobre la magistrada titular del órgano judicial detrás de la primera decisión.

4. Carol: es una pieza, doblemente archivada por falta de pruebas, en la que se rastreaban los audios de las grabaciones de los contactos mantenidos entre Villarejo y la alemana Corinna Larsen para espiar a la asistente personal de ésta, accediendo a sus mails y registros de llamadas. Podemos estaba personado en la misma como acusación.

5. Pintor: en este caso, el juez instructor imputó a Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y a 10 personas más, entre las que se encuentra el hermano del empresario sevillano, Fernando. Ambos han reconocido haber contratado a Villarejo, entre los años 2016 y 2017, para obtener «información patrimonial» de Mateo Martín Navarro (exsocio de los Muñoz) y de su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, para instar una modificación de su estrategia procesal en una causa en la que estaba acusado de delito fiscal junto con Fernando. Martín Navarro se declaró insolvente y los trabajos del excomisario debían orientarse a demostrar que dicha situación económica era ficticia.

6. Kitchen: investiga el presunto «operativo parapolicial» de espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, instado desde la cúpula de Interior, dirigida por su propio partido. El PP «aparentemente» trató de conocer el paradero del «material documental» en manos de Bárcenas que podría ser «comprometedor para altos dirigentes» de la formación, durante la era Rajoy. Por esta causa, el entonces ministro popular Jorge Fernández Díaz se sentará en el banquillo junto a su número dos en el Departamento, el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Además, varios altos cargos del Departamento entre los que están el Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, los responsables policiales José Angel Fuentes Gago, José Luis Olivera, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo y el propio exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, deberán responder ante la Justicia como presuntos autores de hasta media docena de delitos.

7. Marbella: en 2017, el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano acusó al comisario de «extorsionarle» para «sustentar una querella» que dos años antes (el 28 de julio de 2015) había interpuesto contra él Marzena Katarzina Rikiel, su vecina e inquilina, por «apropiación indebida» de 700.000 euros que ella le había entregado en 2008; es decir, siete años antes de la fecha de inicio de la acción judicial.

8. BBVA: la dimensión de esta separata de la causa es una causa en sí misma por la cantidad de ramificaciones que han ido surgiendo según ha avanzado la instrucción. La investigación interna, abordada por la propia entidad bancaria, determinó que 11 de sus directivos -incluido el representante legal del banco, el imputado Adolfo Fraguas- participaron en la contratación del excomisario. Además de este último, están implicadas una veintena de personas entre las que se encuentran el expresidente de la entidad Francisco González y el propio BBVA, como persona jurídica. Los espionajes ilegales de Villarejo en esta derivada de la trama afectaron a periodistas, empresarios y políticos.

9. Dina: Pablo Iglesias se vio directamente implicado en esta causa en la que de la condición de perjudicado pasó a la de investigado. Sin embargo, ninguna de las pesquisas ordenadas por el instructor dieron resultado, por lo que el ex secretario general de Podemos no pudo ser imputado ante el Supremo. Para entender lo ocurrido hay que remontarse al año 2016, fecha en la que La revista Interviú recibió la tarjeta del teléfono móvil de la que fuera asistente de Iglesias en el Parlamento europeo, Dina Bousselham, a quien unos meses antes habían robado el terminal. El medio determinó que el contenido de la misma no era publicable y, por ello, se la entregó a Iglesias quien se quedó con la tarjeta, según su propia versión, para proteger a Bousselham de las informaciones que la relacionaban sentimentalmente con él de forma falsa. Una vez devolvió la SIM a su ayudante ésta ya no pudo acceder al uso de la misma ya que estaba dañada, según declaró la propia Dina ante el juez.

10. Número 10: aunque se abrió a raíz de unas declaraciones de Villarejo sobre una presunta revelación de secretos en la que habrían incurrido varios funcionarios públicos, la pieza tuvo un escaso recorrido y quedó archivada casi de forma inmediata.

11. Planeta: el presunto encargo del Grupo Planeta al comisario jubilado centró en las pesquisas del titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional que, el pasado mes de julio de 2021, rechazó imputar a la entidad editorial pero envió al banquillo al director de su Asesoría Jurídica y secretario del consejo de administración, Luis Elías Viñeta, así como al jefe de Seguridad, Antonio López López. En el fondo del asunto: la presunta contratación del policía, en 2014, para obtener datos de uno de los árbitros del litigio que la compañía mantuvo con el también empresario del sector de la comunicación y propietario de la emisora Kiss FM, Blas Herrero.

12. Investigación Agencia Tributaria: que versa sobre los presuntos delitos fiscales que Villarejo habría cometido durante la explotación profesional de su entramado de empresas.

13. Número 13: es una de las más desconocidas pero sobre ella ha trascendido que la investigación pivota entre tres matrículas de vehículo, un hombre, dos mujeres y la empresa Endopack, con sede en Barcelona y dedicada al transporte de mercancías. En el material analizado de Villarejo sobre el contenido de esta pieza hay vinculaciones con una operación denominada Ambar.

14. Mutua Madrileña: se indaga el supuesto encargo cursado por la aseguradora al excomisario para la elaboración de un informe de solvencia patrimonial sobre un expresidente de la compañía.

15. Grupo San José: esta pieza ya archivada por el juez Manuel García-Castellón buceó en las presuntas actividades ilegales de investigación que Villarejo realizó, al margen de su condición de policía, utilizando medios policiales para recabar información sobre el presidente del Grupo La Voz, Santiago Rey Fernández, tras las diferentes publicaciones que éste llevó a su cabecera periodística sobre el empresario y su grupo de empresas.

16. Iberdrola: en septiembre de 2021, la Abogacía del Estado se retiraba como acusación de esta pieza donde se investigan los presuntos contratos que, desde 2004, Iberdrola suscribió con la empresa de Villarejo -Grupo Cenyt- para superar las dificultades de la eléctrica en la construcción y arranque de una central de ciclo combinado en Cádiz. Desde Antonio Asenjo, exdirector de Seguridad de la compañía, hasta su propio presidente, Ignacio Sánchez Galán, han sido imputados por este caso.

17. Proyecto Brod: se centró en la persecución de la que habrían sido objeto los empresarios Javier e Ignacio Pérez Dolset por parte de Villarejo. La Sala Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez García-Castelón que tomase declaración como investigado por este asunto a Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y Atresmedia, para aclarar si había encargado al excomisario que espiase a los hermanos propietarios de la mayoría del capital del grupo Lanetro ZED.

18. Moncola.com: sobre la presunta extorsión del periódico digital que se habría producido tras publicar numerosas transcripciones de los audios de Villarejo.

19. Sobre el millonario blanqueo de capitales de distintos ciudadanos guineanos.

20. Repsol y Caixabank: en septiembre de 2021, el instructor de la causa Villarejo decretó el archivo de las investigaciones sobre Repsol (incluyendo a su exdirector general, Luis Suárez de Lezo) y CaixaBank (y los directivos Joaquín Uris, Juan de Amunátegui y Antonio Masanell) por la contratación del excomisario. También limitó la hipotética responsabilidad penal, en los hechos vinculados a los contactos mantenidos entra ambas compañías y el principal acusado de la trama, a los antiguos responsables de Seguridad de las mercantiles.

21. Fondos reservados: recoge, entre otras aristas, los presuntos pagos de Villarejo a confidentes, con fondos reservados, para obtener información, y en los que han sido determinantes los audios entre éste y su homólogo Enrique García Castaño, encontrados en las diferentes carpetas incautadas en el domicilio del excomisario.

22. El contenido de un ordenador portátil HP, sin conexión a internet, encontrado en una Comisaría General de Información de la Policía Nacional sirvió a los investigadores para identificar las presuntas búsquedas ilegales de información que habrían servido para nutrir las operaciones encubiertas del comisario Villarejo. En el marco de esta pieza, el también policía Constancio Riaño declaró que un antiguo agente colaborador de Villarejo, Antonio Bonilla, le pedía que usara su acceso a bases de datos oficiales (DNI, teléfonos, matrículas, Hacienda, Seguridad Social,...) para darles información sobre particulares y empresas.

23. Proyecto Saving: se centra en las relaciones de Villarejo con Persán, un conocido fabricante de detergentes, que encargó al comisario investigar, durante meses, al presidente ejecutivo de Ahorro Corporación, Antonio Fernández López. El proveedor de jabones de Mercadona, contrató al policía para rastrear las propiedades, las sociedades, el círculo familiar y hasta los permisos de caza del máximo directivo del antiguo bróker de las cajas de ahorros, Fernández López, para determinar si éste había estafado a los máximos accionistas de Persán, la familia Moya-Yoldi.

24. Versa sobre la agresión sufrida por la doctora madrileña Elisa Pinto. Un suceso que se ha planteado como presunto encargo de Villarejo, supuestamente orquestado por el conocido empresario Javier López Madrid.

25. Segur Ibérica: relacionada con un presunto espionaje a la extinta empresa por la que, además del propio Villarejo, fue investigado su socio en Cenyt, Rafael Redondo. En el registro practicado en 2017, en el madrileño domicilio del excomisario, en Boadilla del Monte, se encontraron varios folios bajo el titulo «Campaña de descrédito contra Segur Ibérica», la firma que presidió el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta que, en 2011, se incorporó al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

26. La Camarga: es la pieza que vincula al excomisario con la trama de los Pujol. En ella García-Castellón reabrió, en septiembre de 2017 las averiguaciones sobre los vínculos entre Villarejo y Método 3. El instructor trata de esclarecer si el policía jubilado construyó pruebas para desencadenar el registro policial sobre la empresa de detectives que había grabado la conversación mantenida entre la líder del Partido Popular Alicia Sánchez Camacho y la expareja de Jordi Pujol Jr., Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga, de Barcelona, donde Álvarez apuntó datos clave sobre los negocios ilegales del clan catalán.

La directora de la ofician de Barcelona, Elisenda Villena, los ex detectives Álex Borreguero y Julián Peribáñez, y el propietario de la agencia, Francisco Marco, fueron detenidos en las entradas y registros de las sedes de Método 3, en febrero de 2013.

27. En octubre de 2020, Agentes de la Unidad de Asuntos Internos detenían a la mujer de Villarejo, la periodista Gemma Alcalá, y a otras cuatro personas más, en el seno de esta pieza declarada secreta en la que la Fiscalía Anticorrupción apunta a las presuntas actividades de compraventa de información sensible.

28. Los denominados proyectos Grass y Hacha del excomisario llevaron al instructor de la macrocausa, el juez Manuel García-Castellón, a instar esta pieza que rastrea los supuestos encargos que se le hicieron a Villarejo para que espiase al empresario Joaquín Molpeceres, en el marco de un concurso de acreedores.

29. Herencia: en 2014, la beneficiaria de una herencia de 23,9 millones de euros desató una pugna en el seno de una familia riojana. Previo procedimiento judicial, se anuló el testamento y, con él, sus derechos sobre la cuantiosa cifra económica. Por ello, la perjudicada contrató los servicios del despacho de abogados del comisario: se trataba de demostrar que un total de 18 testigos habían mentido en sus declaraciones para confirmar que su abuelo, causante de la herencia, no vivía en Navarra e invalidar sus últimas voluntades. Varios agentes de la Policía Nacional habrían ayudado a Villarejo a obtener datos confidenciales sobre todos ellos. El juez los acusó de revelación de secretos.