El careo judicial de los peritos confirma que Plus Ultra no tenía derecho al rescate

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra ha asistido este martes al careo entre el perito al que encargó el informe independiente y los expertos contratados por la aerolínea, para aclarar las diferencias entre las conclusiones que ambos presentaron al procedimiento. En discusión el presunto desfase de 6,3 millones de euros en las cuentas de la compañía, una inexactitud en la que se habría incurrido para justificar la solvencia que abrió la puerta al rescate.

Las auditoras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantienen que no hicieron una auditoría como tal -sino una «due diligence» dando por válidos los informes del auditor de parte- mientras que el equipo de peritos judiciales, del despacho Martín Molina Abogados y Economistas, también en base a esos mismos informes, han concluido que la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, estaba a 31 diciembre de 2019 en causa de disolución, al margen de la parálisis económica del COVID.

Esto es, la empresa «estaría excluida de los requisitos de acceso a la ayuda de Fasee» por la que percibió la astronómica cantidad, ya que uno de los requisitos establecidos por la SEPI para ser beneficiario de la inyección monetaria era que el resultado del balance, a 31 de diciembre de 2019, no fuese negativo. Así lo habría confirmado esta misma mañana el perito judicial ante la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, según han apuntado a El Debate fuentes próximas a la causa que se sigue para esclarecer los puntos oscuros de la decisión adoptada, primero, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, más tarde, por el Consejo de Ministros.

La magistrada Esperanza Collazos fijó la fecha, el pasado mes de noviembre, cuando la Abogacía del Estado pidió el sobreseimiento y archivo de la investigación «al no constar indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo». Una posición en la que coincidió, también, la Fiscalía pero de la que se desmarcó la juez Collazos quien consideró necesario, no sólo no archivar la causa, sino enfrentar en un careo la opinión técnica de los distintos especialistas para aclarar las discrepancias, tal y como pidieron las acusaciones personadas en el procedimiento.

La Abogacía insistía en que la «discrepancia técnica expuesta en el informe de los peritos judiciales» no resultaba suficiente para apreciar, «ni siquiera indiciariamente», ningún exceso por parte de la SEPI para conceder la ayuda y que «se cumplían todos los requisitos de elegibilidad» que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas. Sin embargo, en un documento de cerca de 500 páginas, los peritos independientes explicaron que existían «dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía» a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, «sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública» a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Abogacía impugnó la práctica de la pericial al considerar que «carecía de motivación alguna y no era ni necesaria ni útil» y que, a su juicio, «obedecía a una finalidad prospectiva al no obrar indicio delictivo alguno». Y acusó a los peritos judiciales de «extralimitarse». La juez no se ha plegado a las exigencias de los letrados del Estado y ha querido conocer, de primera mano, los términos en los que chocaban todos los informes emitidos sobre la situación real de Plus Ultra. De lo ocurrido hoy en sede judicial depende el futuro de una compañía para la que el futuro se plantea cada vez más complicado.