El Supremo está listo para decidir sobre la legitimidad de los recursos contra los indultos del 'procés'

La Sala Tercera del Supremo avanza contra viento y marea en las causas con mayor trascendencia política. Pese a la importante merma de magistrados –por la parálisis del Gobierno a los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogado– y a que el último de los recursos presentados contra la decisión Ejecutiva de indultar a los líderes del procés, condenados por sedición y malversación, entró «sobre la campana», el pasado mes de septiembre, el Alto Tribunal ya «está en disposición» de pronunciarse sobre la legitimidad de Partido Popular y Ciudadanos en el recurso contra la medida de gracia de Pedro Sánchez que puso a los cabecillas del 1-O en libertad. Así lo han apuntado a El Debate fuentes próximas a la causa. 

La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, presidida por el magistrado Segundo Menéndez, resolverá en las próximas semanas las alegaciones de la Abogacía del Estado por falta de legitimidad de todos los recurrentes contra los indultos: el presentado por el Partido Popular, los diputados del PP, Ciudadanos como formación, varios diputados de Ciudadanos, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.

Para hacerlo, el Tribunal dispone de dos fórmulas diferentes: admitir o rechazar los argumentos de la Abogacía del Estado, antes de entrar en el fondo del asunto, y, con ello, zanjar el debate sobre esta cuestión, en el transcurso de las actuales deliberaciones; o bien, reservar el pronunciamiento sobre la legitimidad que los letrados públicos niegan a partidos políticos y asociaciones civiles al momento de dictar sentencia, como ya sucedió en el caso de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. 

Además, todavía «están por decidir» no sólo la legitimidad de los partidos políticos para recurrir la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los líderes del procés sino, también, sobre la posibilidad de acumular todos los casos en una sola sentencia o si, por el contrario, será necesario un pronunciamiento individualizado para cada uno de los políticos condenados.

Oposición unánime

La Sala Segunda del Supremo que juzgó la causa, se opuso por unanimidad a la concesión del indulto –total o parcial– a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación y desobediencia. No en vano, el Alto Tribunal consideró que no existían ni razones de Justicia ni de equidad o utilidad pública que justificasen la concesión del mismo. Es decir, la medida de gracia no era sostenible «cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos».

Los magistrados, con el juez Manuel Marchena al frente, criticaron en su informe la intención del Gobierno de corregir la sentencia dictada por ellos mismos, y revocar una pena que «sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición». Por todo ello, «la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados».

La Sala no se aferró «a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos. Pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores».