La arbitrariedad del reparto de los fondos europeos deriva en una batalla política

El reparto de los fondos europeos ha generado todo un terremoto político en unos cimientos ya de por sí inestables ante la situación que atraviesa el país. Las condiciones del reparto de los 19.000 millones de euros con los que España ya cuenta no convencen al Partido Popular, que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando un reparto «arbitrario» de las ayudas.

El presidente anunciaba en octubre de 2020 su Plan de Recuperación inspirado «en la agenda 2030». El camino a seguir era, según el Gobierno, la estrategia basada en la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

A pesar de la importancia con la que Sánchez vistió sus declaraciones, los fondos europeos aún no han tenido un gran impacto en el país. Fue la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la que criticó a comienzos de este 2022 que la ejecución de las ayudas se estaba demorando en demasía. Los empresarios comparaban la implantación de los fondos en España con la llevada a cabo en otros países como Francia, Italia o Portugal y nuestro país se encontraba muy por debajo.

Pero el retraso y el exceso de burocracia impuestos por el Gobierno central no han sido el único problema de los fondos. La oposición, liderada por el PP, ha puesto en marcha una campaña de denuncia del «reparto a dedo» que Sánchez ha llevado a cabo. El foco se ha centrado especialmente en 9 de esos millones. Esta cuantía ha ido dirigida de manera políticamente intencionada, según defienden los populares, a regar autonomías gobernadas por el PSOE: Extremadura, Valencia, País Vasco y Navarra. Es esta última la más beneficiada ya que el Gobierno de María Chivite contará con tres de esos nueve millones para «un proyecto de Emprendimiento y microempresas, incluido en el Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado 12 de enero que el Gobierno regional iba a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo con la intención de anular la partición planeada por Sánchez. Según el ejecutivo madrileño la «sorpresa llegó» con la asignación directa de estos nueve millones. El PP considera que esto supone una «falta de transparencia» y acusa al PSOE de querer sacar rédito político de las ayudas europeas.

Además, el partido ha exigido que el Gobierno aporte todos los detalles del reparto porque «lo que está pasando no es normal». El secretario general de la formación, Teodoro García Egea, ha propuesto que los fondos sean gestionados por una suerte de «agencia independiente» que evalúe los proyectos «solo mirando el contenido y no el remitente».

Por su parte, el PSOE ha acusado al PP de convertir el asunto en una «lucha partidista» torpedeando lo que consideran «una gran oportunidad para el país», según el propio Sánchez. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido a sus rivales que «piensen en el interés general» y abandonen sus intenciones de anular el reparto establecido.

Mientras, la Comisión Europea ha decidido ponerse de perfil ante las quejas del PP. Bruselas se lava las manos y asegura que son los estados perceptores los responsables «de distribuir los fondos de acuerdo a las reglas fijadas». Es este el único punto en el que el órgano europeo en palabras de su portavoz, Veerle Nuyts, ha advertido que «aunque los objetivos se hayan cumplido», la Comisión podría adoptar las medidas necesarias si considera que existen «graves irregularidades» que no son subsanadas.

A pesar de la falta del tirón de orejas de Bruselas al Gobierno de España, el PP ha emprendido una estrategia común en la que sus alcaldes y presidentes autonómicos han iniciado una ofensiva para que «de una vez por todas» en Europa sepan «que los fondos europeos se están repartiendo mirando el carnet del partido al que se está afiliado y no mirando las necesidades que un territorio tiene». Además, la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha exigido que los 22 ministros que conforman el Ejecutivo comparezcan en sede parlamentaria para explicar las razones que les han llevado a un reparto de estas características.

ERC libra su batalla

Pero el PP no ha sido el único partido que ha criticado el reparto de los fondos. Aunque la motivación es otra, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha mostrado su desacuerdo con el «centralismo» con el que se ha realizado la división.

Aunque lo ha criticado, Rufián ha preferido mantener un perfil bajo y, según sus declaraciones, ser «prudente».

El republicano ha confesado que se ha abierto un diálogo con el Gobierno y ha recalcado que esas administraciones son las que conocen de primera mano las necesidades de los territorios y ha mostrado su deseo de que las conversaciones con el Gobierno en esta materia den sus frutos y este asunto se pueda «solventar».

Las empresas, sin ayudas

Tal y como ha contado El Debate, la vorágine política en torno al reparto de los fondos europeos es solo un síntoma de un problema mayor. Y es que el demoledor informe de la CEOE apunta que las pymes españolas solo han recibido un 2 %.

Mientras el debate político se encuentra en pleno auge, el número de empresas que desaparecen continúa en aumento. El dato que el Gobierno no ha aireado –como sí ha hecho con la creación de empresas– revela en el primer semestre del pasado año se destruyeron casi 19.000 de ellas, un 37 % más que el mismo semestre del año anterior.

Por estos motivos, las empresas piden que se ejecute de manera más efectiva el presupuesto aportado por los fondos y que este se maneje, a su vez, con mayor transparencia.