Sánchez traslada a Díaz y a Podemos la presión por evitar el fin del «bloque Frankenstein»

El tiempo se acaba. Queda una semana para que el real decreto ley de la reforma laboral tenga que ser convalidado por el Pleno del Congreso y el Gobierno sigue entre la espada de la patronal, que no acepta cambios sobre lo pactado en la mesa del diálogo social, y la pared de ERC, Bildu y el PNV, que solo aceptan cambios.

El Congreso retomó este martes su actividad con un pleno extraordinario para convalidar tres decretos ley que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre y para los que no tuvo problema en recabar apoyos parlamentarios (ayudas a La Palma y extensión de las rebajas fiscales de la electricidad y las mascarillas quirúrgicas). Pero en el ambiente flotaba la sensación de que la legislatura se encamina a un punto de inflexión el jueves 3 de febrero. O, al menos, de no retorno.

La reforma laboral herirá de gravedad al bloque Frankenstein o lo hará más fuerte. Tanto el Gobierno como sus socios lo saben. El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, lo resumió así este martes: «El bloque de investidura es como un jarrón chino: una vez se rompe tal vez se pueden reconstituir las piezas, pero las confianzas pueden quedar tocadas y podemos entrar en una zona peligrosa», advirtió.

En el socio minoritario del Ejecutivo han saltado todas las alarmas. Las negociaciones emprendidas por Yolanda Díaz y el resto de dirigentes morados con Gabriel Rufián y los demás socios del bloque Frankenstein no han surtido efecto.

Es más. En Unidas Podemos se malician que Esquerra está aprovechando la tesitura para desgastar a la vicepresidenta segunda. Ya le advirtió Rufián a la también ministra de Trabajo días atrás que ERC no negocia en base a «proyectos personales» como el de ella. Para colmo, Díaz ha estado siete días confinada con coronavirus, a medio gas. Hasta este martes no retomó su agenda pública.

ERC, la última esperanza

Los morados tiemblan ante la posibilidad de que Pedro Sánchez acabe sucumbiendo a Inés Arrimadas, que mantiene su oferta de votar a favor siempre y cuando no haya modificaciones. Su última esperanza es ERC, porque a Bildu lo dan por perdido: el partido de Arnaldo Otegi secundará el próximo domingo una manifestación de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB contra la reforma laboral de Yolanda Díaz, así que no hay mucho más que decir. Con Esquerra, por el contrario, no está todo perdido. O eso creen los morados.

¿Por qué estos últimos están tan nerviosos? Hasta ahora, y sobre todo cuando Pablo Iglesias estaba en el Ejecutivo, Unidas Podemos ha utilizado sus 35 escaños (34 ahora que el grupo no ha sustituido a Alberto Rodríguez), los 13 escaños de ERC y los cinco de Bildu casi como un todo. Ello le ha dado durante dos años una fuerza extra dentro de la coalición. Y mayor utilidad para Sánchez: por sí mismo Unidas Podemos suma 34 escaños a los 120 del PSOE; pero con los independentistas aporta 52.

El ala socialista del Gobierno actúa como que la presión no va con ellos y va solo con Unidas Podemos. Más si cabe en los últimos días, porque el PSOE sabe que cuenta con la red de Ciudadanos. 

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, fue meridianamente clara este martes: «El Gobierno defiende el apoyo al acuerdo en su integridad. Se trata de la convalidación de una norma que ya está vigente. La expectativa del Gobierno no es otra que contemplar un escenario de convalidación. Quién puede decir que no a garantizar la dignidad de los trabajadores», señaló.

También el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, insistió en que la reforma laboral «debe aprobarse como está». Con el paso de los días, los socialistas se han vuelto más inflexibles en vez de menos, hasta desesperar al presidente del PNV. Andoni Ortuzar pidió en Onda Cero al Gobierno que sea «un poco más empático» con sus socios de siempre. Y que le eche «imaginación, flexibilidad y pedagogía» para que la patronal admita algún cambio. 

La paradoja es que el PNV está deseando votar a favor del decreto ley, o al menos no oponerse, por las presiones que está recibiendo por parte de la patronal vasca, Confebask. Pero necesita un gesto de Sánchez, la famosa prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales.

A pesar del momento crítico, en el PP son escépticos respecto a que la votación del jueves 3 de febrero pueda suponer una especie de Big Bang en la legislatura que propicie, asimismo, un acercamiento entre Sánchez y el PP. «¿Punto de inflexión? Si no se está produciendo ni siquiera ante la crisis de Ucrania la mínima interlocución (de Sánchez con Casado)…. No creo que se vaya a producir ningún tipo de cambio por cómo se convalide ese real decreto ley», lamentó su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.