La ministra de Transportes acusa al CGPJ de extralimitarse en su informe sobre la Ley de Vivienda

El Gobierno hará caso omiso al informe del CGPJ sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda y aprobará el martes en Consejo de Ministros el texto definitivo, ya como proyecto de ley. Para después enviarlo al Congreso y que empiece su tramitación parlamentaria.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo ha confirmado en una entrevista en el Canal 24 Horas, en la que ha acusado al órgano de gobierno de los jueces de extralimitarse en sus funciones.

Sánchez ha señalado que el informe del CGPJ «debería ceñirse a tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil» relativos a los procedimientos de desahucio que se ven afectados en esta ley pactada entre el PSOE y Unidas Podemos. Y que, sin embargo, sus vocales han ido más lejos.

«En ese sentido no hay consideraciones que afecten a la validez de esos artículos, y en cuanto al resto de consideraciones las respetamos. Pero, por otra parte, defendemos la solvencia técnica y jurídica de esta ley, y sobre todo que no invade las competencias autonómicas», ha insistido.

«Desde el Gobierno seguimos defendiendo que el anteproyecto respeta la Constitución y no supone vulneración de las competencias de las comunidades», ha reiterado, no sin antes recordar que se trata de un informe «preceptivo pero no vinculante».

El informe, apoyado por 15 de los 21 vocales, apunta la falta de concreción en algunos conceptos como «vivienda digna» o «infravivienda». Además de incurrir en una «expropiación» de las competencias de vivienda que descansan en las Comunidades autónomas lo que, a juicio de los miembros del Consejo, podría generar importantes diferencias territoriales.

En el Gobierno hay un hondo malestar con el CGPJ, y no solo en Unidas Podemos, sino también en el PSOE. El trámite ya empezó torcido. En el Ministerio de Transportes aseguran que pidieron el informe al órgano de gobiernos de los jueces el 1 de diciembre de 2021 por el procedimiento de urgencia, así que en 15 días debería haber estado. Pero desde el CGPJ les comunicaron que probablemente se iba a demorar por la carga de trabajo.

El departamento que dirige Raquel Sánchez no ha podido esquivar al Poder Judicial, pero sí al Consejo de Estado. Consultó con servicios jurídicos si era obligado pedir un dictamen al máximo órgano consultivo del Estado y, como no lo era, se lo han ahorrado.

«El Estado tiene competencias a la hora de garantizar el acceso a la vivienda. Tenemos la responsabilidad de evitar la especulación. Pediría que las comunidades se sumen a esta norma, que va a dar una respuesta a una emergencia», ha concluido la ministra. Porque, al fin y al cabo, la declaración de zona tensionada -en la que las autoridades podrán limitar el precio de los alquileres- tendrá que venir de las administraciones territoriales.