La calculadora de los partidos lleva a España a un carrusel de elecciones autonómicas

Con el inicio oficial de la campaña en Castilla y León en la medianoche del pasado jueves, el reloj electoral ha vuelto a ponerse en marcha en España. Aún no han acudido los castellanoleoneses a las urnas –lo harán el 13 de febrero– y ya se especula con otro adelanto de los comicios en Andalucía y, posiblemente, también en la Comunidad Valenciana.

El carrusel es imparable. Se suponía que 2021 iba a ser un año en blanco y finalmente hubo dos convocatorias electorales: en Cataluña en febrero y en la Comunidad de Madrid en mayo. Estas últimas, a decir de los populares, marcaron el inicio del «cambio de ciclo político».

De hecho, la dirección nacional del PP intentó convencer a Juan Manuel Moreno para que adelantara las elecciones andaluzas a finales de 2021, y así no dar tregua a Pedro Sánchez. Pero el presidente de la Junta de Andalucía prefirió esperar y finalmente la puerta que se le abrió a Casado fue la del castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

Desde 2010, los catalanes han sido convocados a las urnas autonómicas en cinco ocasiones (2010, 2012, 2015, 2017 y 2021). Los madrileños, por su parte deberán volver a votar sí o sí en mayo de 2023. Porque así lo estipulan su Ley Electoral y el Estatuto de Autonomía.

Los adelantos electorales en las comunidades han pasado de ser una excepción a parte de la nueva normalidad política. Se han convertido no solo en un botón rojo que pulsar ante situaciones de ingobernabilidad motivadas por la fragmentación del voto. Sino también en un cartucho más de todo el arsenal con el que cuentan los partidos para su estrategia nacional. Ahora el PSOE y Unidas Podemos reprochan a Pablo Casado que utilice Castilla y León. Si finalmente se consuma el adelanto en la Comunidad Valenciana, el PP le recriminará exactamente lo mismo a Pedro Sánchez.

De cuatro a todas

Cuando se alumbró el Estado de las Autonomías, solo Cataluña, Galicia, el País Vasco y Andalucía reconocieron en sus estatutos la potestad de sus presidentes de disolver sus respectivos parlamentos y adelantar las elecciones. Las demás comunidades, las llamadas de «vía lenta» (por la forma en que accedieron a la autonomía), quedaron sujetas a un mismo calendario. En todas ellas las elecciones autonómicas serían el cuarto domingo de mayo, cada cuatro años, y coincidiendo con las municipales.

El profesor de Derecho Constitucional César Aguado Renedo lo resumía así en su artículo Las reformas legislativas para adelantar las elecciones autonómicas: «La unificación temporal de, al menos, la mayoría de las elecciones autonómicas fue objeto de preocupación desde los primeros pasos de la andadura del Estado descentralizado dispuesto por nuestra Constitución. Fue en el punto 4. del apartado V del Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías, de fecha 19 de mayo de 1981, presidida por el Prof. García de Enterría, donde primero apareció la 'Fijación de fechas para la celebración de todas las elecciones de ámbito regional'. Por su parte, el apartado 4.1.1. de los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio del mismo año entre UCD y PSOE rezaba: 'Ha de estudiarse una solución constitucional que posibilite que las elecciones para las Asambleas de todas las CC. AA. se celebren el mismo día'. Incluso se propugnaba que en esa única fecha se celebrasen también las de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía».

Todos los presidentes autonómicos tienen ya la potestad de adelantar las elecciones

Sin embargo, a medida que las 13 comunidades restantes fueron reformando sus estatutos de autonomía a partir de mediados de los 90, todas ellas incorporaron la competencia para que sus presidentes regionales pudieran disolver anticipadamente. Aunque con dos modelos distintos.

En Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia aunque haya adelanto, después tiene que haber otras elecciones al término natural de la legislatura ordinaria, en este caso mayo de 2023. De ahí que Isabel Díaz Ayuso tenga que someterse al veredicto de las urnas el próximo año, aunque dada la amplia mayoría que obtuvo en 2021 probablemente para ella sería mejor no tener que convocar hasta 2025.

Hay un caso anterior: en 2012, Francisco Álvarez Cascos decidió disolver el Parlamento de Asturias solo diez meses después de las elecciones de 2011 porque no conseguía aprobar los Presupuestos. La legislatura quedó limitada a tres años porque en 2015 el Principado de Asturias tuvo que volver al redil electoral.

En cambio, en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Extremadura, Navarra y Canarias, si se produce adelanto el mandato salido de las urnas es para cuatro años, y no hasta que colisione con la legislatura ordinaria. «Si tenemos un resultado que nos permita gobernar en solitario, nuestra intención es que la legislatura dure cuatro años, claro, y no convocar también en 2023», señalan desde el equipo del presidente de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

En 2019, Ximo Puig también adelantó las elecciones en la Comunidad Valenciana para hacerlas coincidir con las generales del 28 de abril y aprovechar el factor Sánchez. Ahora que se barrunta nuevo adelanto en el levante, el Gobierno está evitando por todos los medios criticar la maniobra del PP en Castilla y León, no vaya a volver a los socialistas como un bumerán. «El Gobierno respeta la decisión de los gobiernos autonómicos en cuanto a la convocatoria de elecciones», según su portavoz, Isabel Rodríguez. Para el Ejecutivo, lo fundamental es la «estabilidad política y social en un momento de recuperación».

Desde el PP, su portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, defiende que cada comunidad pueda hacer de su capa un sayo electoral. «El Estado autonómico es una pieza esencial dentro de nuestro marco constitucional, y eso implica que las comunidades deban tener la autonomía y la soberanía para poder tomar la decisión acerca de la convocatoria de elecciones en un momento dado».

Como alcalde de Madrid, él sí se somete a unos comicios, los municipales, que son cada cuatro años para todos; sin posibilidad de que ningún regidor altere la fecha. «No puedo comparar con los ayuntamientos, aunque solo sea por una cuestión puramente organizativa: al final somos más de 8.000 ayuntamientos en España frente a 17 comunidades autónomas, no puede haber 8.000 procesos electorales distintos en cuanto a fechas», razona.